Ciudad de México. (proceso.com.mx).- Abogados de la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa denunciaron que, a una semana de cumplirse el primer aniversario del multihomicidio, ésta fue víctima de amenazas y hostigamiento que calificaron como “preocupantes e inaceptables”.
En un comunicado, detallaron que en la última semana varios integrantes de la familia del fotógrafo recibieron “llamadas constantes de números privados en las que no obtienen respuesta al contestar, una agresión física, personas que acechan y seguimientos de automóviles sospechosos”.
Informaron que a raíz de esas amenazas informaron al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al cual se encuentran integradas las hermanas de Rubén desde el año pasado.
Los abogados enfatizaron que “es responsabilidad de las autoridades federales y capitalinas prevenir y evitar cualquier agresión en contra de las víctimas”.
La organización Artículo 19, la Clínica de Interés Público y Trata de Personas del ITAM y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social informaron que a un año del homicidio y feminicidios de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virgina, Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz, “la investigación de los hechos permanece estancada”.
Agregaron que desde hace 10 meses, cuando fueron consignadas tres personas por parte de la Procuraduría General de Justicia capitalina, “los avances han sido prácticamente nulos”.
Incluso, dijeron que sólo por la activación de recursos legales hechos por la coadyuvancia se mantiene abierta la averiguación previa, pues “es clara la falta de voluntad de la institución ministerial por agotar líneas de investigación y ampliar el espectro de probables responsables en el crimen que conmocionó a México y el mundo”.
Los coadyuvantes recordaron que en mayo pasado se reunieron con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien “se comprometió a realizar un plan de investigación, esclarecer el móvil y a integrar a la investigación a especialistas de la PGJCDMX en materias de libertad de expresión, violencia contra las mujeres y personas defensoras de derechos humanos”.
Dijo que se acordó que el amparo otorgado se cumpliría “de manera exhaustiva, sin formalismos ni tecnicismos”. Sin embargo, “hasta el momento no se han satisfecho los puntos convenidos”.
Luego de describir las irregularidades en las que ha incurrido la PGJ y las diligencias faltantes, así como las respuestas negativas a las peticiones de los coadyuvantes, los abogados concluyeron que “los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral que le asisten constitucional y legalmente a las víctimas no han sido garantizados”.
Además, dijeron que “la incertidumbre que impera sobre múltiples elementos de la investigación, acompañada de la reticencia sistemática a nuestras peticiones, es un factor más de victimización; y la Ciudad de México no volverá a ser el refugio para periodistas y defensores perseguidos en otros estados hasta el esclarecimiento total de lo ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte”.
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