Por Gloria Leticia Díaz/
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina regional de Amnistía Internacional hizo “un enérgico llamado al Senado, a rechazar el proyecto de Seguridad Interior que fue aprobado en la Cámara de Diputados y a comprometerse con la protección de los derechos humanos”.
En una carta abierta, la directora de AI para las Américas, Ericka Guevara Rosas, desarrolla cinco puntos “de gran alarma y preocupación” que deberían tomarse en cuenta para no aprobar la Ley de Seguridad Interior, que fue admitida para su discusión este martes en comisiones, y de esta manera se suma a otras organizaciones nacionales e internacionales que han rechazado el proyecto.
La misiva está dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, con copias para los otros ocho integrantes de ese órgano legislativo, así como para los presidentes de las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Seguridad Pública, Defensa, Marina y Estudios Legislativos segunda.
La representante en el continente de la organización que cuenta con 7 millones de afiliados en el mundo, consideró que “la aprobación del proyecto de ley sería un grave retroceso en materia de derechos humanos en el país”.
Al señalar que Amnistía ha documentado durante la última década “el aumento de graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de las Fuerzas Armadas”,
Guevara Rosas resaltó que la legislación “prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares, tareas para las cuales no están capacitado ni por las cuales rindan cuentas”, y que la mayor parte de los abusos registrados “permanecen en la impunidad”.
Alertaron sobre el poder discrecional del presidente para expedir una “declaración de protección de seguridad interna”, aunque la iniciativa también permite la activación si surge “en línea con la Agenda Nacional de Riesgos, un documento secreto del que no se conoce los criterios, y que no está sujeto a controles o verificaciones”.
Del análisis de la propuesta enviada por la Cámara de Diputados al Senado, la organización observa que “no establece ningún sistema efectivo de rendición de cuentas”, y peor aún, indica que “cualquier acción que se lleve a cabo bajo su mandato se guiará por un principio de confidencialidad y que toda la información se clasificará como secreta (información reservada)”.
En materia de derechos humanos, la propuesta hace algunas referencias, “pero limita este aspecto a los protocolos que emitirán las propias autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas”.
Amnistía considera preocupante que “las disposiciones aprobadas obligarán a todas las demás autoridades, incluidas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, a entregar toda la información solicitada por las Fuerzas Armadas”.
La organización internacional reiteró su exigencia a las autoridades mexicanas para que “pongan fin al papel de las Fuerzas Armadas en la realización de funciones policiales regulares, como detenciones, investigaciones e interrogatorios”.
Al señalar que los efectivos castrenses “poseen una capacitación que fomenta el uso excesivo de la fuerza y no rinden cuentas por sus actos”, la organización puntualizó en que “se debe garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a derechos humanos sea investigada de manera expedita, imparcial y efectiva”.
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