Si bien hasta la fecha no ha sido explicado cómo el adeudo de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua —conflicto solucionado tras la intervención política de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Alfonso Navarrete no sólo destrabó, sino recuperó capacidad de operación en favor del pacto federal— aumentó de 700 a 900 millones de pesos, la maniobra política sobre la cual se montó el gobernador Javier Corral no ha sido desactivada del todo.
Firmó un convenio con tinta, azul, pero sus futuras intenciones subyacen con tinta invisible.
La caravana, cuyo regreso se dio por haber llegado a su destino y no tanto, por la suspensión de tan pedestre protesta, era la parte más visible de la operación electoral encubierta.
Lo más potente y perdurable, era y sigue siendo, la controversia constitucional sobre la forma de operar los recursos y ministraciones financieras a los gobiernos estatales, los cuales son “discrecionales”, es decir, carecen de una reglamentación precisa, lo cual se ha convertido en una siempre disponible bandera de lucha, especialmente para los opositores, por más y que las cuentas de Hacienda prueben una munificencia notable en todos los casos de las administraciones “de oposición”.
Si Javier Corral pactó no presentar la controversia, lo hizo en estas circunstancias, pero ni él ni ningún otro gobernador está exento de plantear esa singular pendencia judicial en cualquier otro momento.
La presión de Corral fue aplazada, nunca suspendida ni cancelada en definitiva.
La “Operación Caravana”, como parte consecuente de la campaña de Ricardo Anaya, tiene el mismo ADN del secuestro de la mesa directiva de hace unos meses, cuando el precandidato frentista pretextó la inminencia de un “fiscal carnal”, para defenderse de acusaciones de corrupción. Hoy los medios (y no precisamente los afines al gobierno, pues de eso no se puede acusar a Proceso), nos dan cuenta de cómo urdía sus negocios el “joven maravilla”. Bueno para la política, mejor para los billetes.
Pronto reaccionará con ira.
Pero como los hechos políticos se encadenan y relacionan, ahora llama la atención cómo en su desbocada carrera hacia la notoriedad, Javier Corral se ha confrontado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la cual acusó de actuar por instrucciones (o al menos en colaboración) de la Procuraduría General de la República.
Como sabemos parte del convenio fue el traslado de Alejandro Gutiérrez a una prisión federal, pues en su sitio original de detención había sido sujeto de tratos degradantes y quizá hasta actos de tortura, cuya precisión y exactitud deberán ser determinados —de acuerdo con el convenio firmado entre el Gobierno de Chihuahua y la Secretaría Gobernación—, por una agencia u organización extranjera de derechos humanos (para estimular la confianza y objetividad, dicen) de la cual dependerá la aplicación del Protocolo de Estambul, lo cual será materia para untarle al queso. Pero en fin, eso pactaron, en lugar de darle su sitio oficial y su rango constitucional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual está supuestamente para eso y algunas cosas más.
—¿Qué es el protocolo de Estambul, si ya hablamos de eso?
—Pues se le llama así a un método para detectar los tratos crueles, degradantes o francamente lesivos, dolorosos, físicamente invasivos como los golpes, los azotes, las extracciones dentales, los choques eléctricos y todo aquello posible en el catálogo de la sevicia abusiva, como en otro tiempo fue poner los pies de Cuauhtémoc en un brasero.
Dice el documento presentado desde 1999 a las Naciones Unidas y mundialmente reconocido y admitido por los estados firmantes de las convenciones de Derechos Humanos, las cuales son tantas y tan diversas:
“…A los efectos del presente Manual se define la tortura con las mismas palabras empleadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984:
“Se entiende por el término “tortura” todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
“No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
Como se advierte a primera vista (sin ser demasiado listo), a pesar de su maravillosa intención, el Protocolo de Estambul no es una ciencia exacta. Pero es lo único disponible en el mundo políticamente correcto.
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Rafael Cardona
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