Trata de un proceso para conseguir la paz, pero no con imposiciones, sino convenciendo, buscando el consenso”, afirmó. El objetivo es “que se acabe con la violencia que desgraciadamente predomina en el país”.

La consulta ciudadana sobre la ley de amnistía –propuesta que marcó toda la campaña electoral y que, según el equipo de López Obrador, fue totalmente tergiversada por sus contrincantes–, comenzará de manera inmediata y tendrá una primera fase de “foros de escucha” con víctimas de desapariciones, homicidios, secuestros, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la libertad de expresión o contra los niños o los migrantes, entre otros delitos.

Además, se habilitará una plataforma digital, habrá encuentros con los expertos y altas personalidades –entre las que se incluirán el papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres– y luego habrá brigadas “calle por calle y casa por casa”, explicó Ortiz, para poder llegar a sectores de la población con quienes no tendrían otra forma de comunicarse.

Entre el decálogo de iniciativas de seguridad que complementarán la ley, Durazo adelantó la capacitación gradual de policías para que en cuanto estén listos, puedan ir relevando a las fuerzas armadas y que éstas vayan progresivamente saliendo de las calles y regresando a sus cuarteles, o una mayor supervisión de la armas y el efectivo que llegan desde Estados Unidos. En este sentido, dijo que las revisiones no sólo se harán de sur a norte –la dirección que lleva la droga–, sino de norte a sur –la ruta del armamento y el dinero– y que se utilizará la tecnología más avanzada para vigilar la corrupción en aduanas y aeropuertos.

El objetivo es “combatir al narcotráfico como un ente económico”, que es lo que le da capacidad para operar y corromper.

La lucha contra la corrupción, epicentro de la campaña de López Obrador, será un elemento básico, según Durazo, para romper el círculo vicioso que hace que México tenga un 99 por ciento de impunidad.

“No hay crimen organizado que no avance de la mano de la protección policial pero, al mismo tiempo, no hay protección policial al crimen organizado o desorganizado que no avance de la mano de un alto político o un alto funcionario público”, indicó. “Eso se va a acabar”.

El mismo viernes, el movimiento denominado “Fiscalía que sirva” y que agrupa a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y académicos, emitió un comunicado en el que pide al Senado saliente que no nombre un fiscal general sin contar antes con una fiscalía independiente, porque un fiscal “designado de manera exprés no puede operar dentro de una Procuraduría General de la República en ruinas y plagada de vicios”. Estos colectivos abogan por que ese proceso lo lideren los legisladores elegidos el pasado domingo. Por Redacción / Sin Embargo. Propiedad de Sinembargo publicada con autorización.