El inconstitucional “mando único”

A lo largo de este sexenio que termina, el intento por dar vida al “mando único” policial fue una de las consignas del gobierno de Peña Nieto. En muchos estados, bajo presión, esta conspicua figura se materializó en la práctica. Ya he dedicado algunas entregas a este tema; vale la pena seguir, empero, abordando las aristas del citado “mando “único”.

Hoy, las palabras sobre el tema del próximo secretario de seguridad pública federal, Alfonso Durazo, caen como una bocanada de aire puro al pronunciarse en contra de esta “institución”. En entrevista con El Heraldo de México, Alfonso sostuvo que: “antes que pensar en mando único con iniciativas de esa naturaleza, tenemos que dar prioridad a la capacitación y a la profesionalización, al combate de la corrupción y al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad, con esos cuatro puntos podremos mejorar su eficacia, sin modificar las características del mando” (https://heraldodemexico.com.mx/pais/frenan-mando-unico/). Y vaya que tiene razón Durazo, por las razones siguientes:

Primero. El “mando único”, de entrada, es contrario al pacto federal y hace nugatorio el artículo 115, fracción III inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece al municipio como el primer organismo autónomo constitucional y le otorga atribuciones expresas para prestar el servicio de seguridad pública.

Segundo. El “mando único” es la mejor “institución” para el crimen organizado, toda vez que es más fácil negociar con el secretario o comisionado de seguridad pública estatal que, a vías de ejemplo, con los 38 secretarios o directores municipales de Morelos. De igual forma, con el “mando único” el gobierno estatal administra a su libre albedrío los amplísimos recursos federales que cada año reciben los municipios en materia de seguridad pública.

Tercero.  Nadie en su sano juicio puede asegurar racionalmente que los agentes de la policía estatal y federal son genéticamente superiores a los policías municipales y tienen como rasgo distintivo su impermeabilidad a la corrupción. ¿Alguien recuerda como escapó Joaquín Guzmán Loera de un supuesto penal de máxima seguridad custodiado por agentes de la Federación?

Cuarto. Es verdad que hay asimetrías entre los estados y muchos municipios, pero también lo es que los recursos federales administrados hasta ahora por la Comisión Nacional de Seguridad Pública van dirigidos precisamente a reducir las diferencias entre los ayuntamientos y los estados en materia presupuestal etiquetada para fortalecer las fuerzas del orden municipales.

Por las razones anteriores creo que:

a) Debe generarse una adecuada coordinación entre federación, estados y municipios para que en el ámbito de sus competencias puedan realizar sus labores de prevención y de garantía razonable de seguridad pública;

b) Las excepciones geográficas o por densidad poblacional de los municipios deben tratarse como tales. Es un atentado a la lógica adoptar medidas generales partiendo de excepciones;

c) En modo alguno puede darse por buena la superioridad moral de los federales sobre los estatales y de éstos y aquéllos sobre los municipales. Ello sería, de entrada, una violación al principio del derecho humano a la igualdad y no hay evidencia empírica suficiente que pudiera sostener semejante tesis;

d) El “Mando Único” debe replantearse para que no se articule sobre la base de criterios “estímulo-respuesta” y menos en la concentración del poder en una sola persona por más buena y talentosa que pueda ser precisamente porque el acuerdo de los grupos criminales es más fácil hacerlo con uno que con muchos generando un efecto paradójico en el objetivo que dice tener;

e) Los exámenes de control de confianza deben diseñarse y aplicarse por organismos autónomos de las dependencias o entidades a las que pertenezca la policía sea federal, estatal o municipal;

f) El uso de recursos públicos en seguridad pública no es por sí mismo materia de opacidad de ninguna manera, salvo excepciones atendibles. Debe haber una clara rendición de cuentas y transparencia de su manejo para evitar esos “puntos ciegos” donde una gran cantidad de dinero de la sociedad se va a destinos inciertos.

Sumario.

1.- José Mario de la Garza Marroquín, presidente del Colegio Barra Mexica de Abogados, es un hombre que desde hace mucho tiempo es un aliado importante de la transparencia y del combate a la corrupción. En semanas pasadas por la vía judicial logró que un juzgador federal obligara a legislar una iniciativa ciudadana presentada por el propio José Mario en el Congreso de San Luis Potosí, de donde es originario. Esta singular iniciativa jurídica de José Mario es un producto innovador que debe replicarse en los demás estados del país para empoderar al ciudadano.

2.- Si el nombramiento del coordinador o coordinadora del grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados fuera por méritos, sin duda, la diputada electa Dolores Padierna debería ocupar ese cargo. Dolores tiene no sólo una amplia experiencia legislativa, sino que es conocida por propios y extraños como una mujer con una amplia y rigurosa producción de trabajo legislativo, incluyendo iniciativas de ley de largo aliento, además del hecho fortuito de que es mujer en cuyo carácter es recipiendaria de la equidad de género.

@evillanuevamx