Xalapa, Ver.- Un juez federal declaró inconstitucional el decreto por el cual los empresarios estaban obligados a validar la deuda que reclaman con el Gobierno del estado y que fue impuesto por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
El abogado de la firma Aguirre & Montoya Abogados, Argel Humberto Aguirre García, indicó que el juez otorgó el amparo a varios empresarios que se quejaron por el proceso de validación ante la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Es un precedente que nos servirá ahorita y en el futuro para que los veracruzanos no tengamos que estar pelando contra la arbitrariedad del Gobernador en turno”.
Explicó que el decreto impone en los empresarios veracruzanos obligaciones adicionales a las que originalmente se habían pactado en sus contratos, ya que el gobernador actuaba como juez y parte.
“Si bien es cierto que es facultad constitucional del Gobernador del Estado velar por el uso correcto de los recursos públicos, esa facultad no puede estar por encima de las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso de los gobernados”.
El abogado agregó que el proceso aun no acaba porque es probable que el Gobierno del estado combata este amparo, aunque dijo que es poco posible que lo consiga.
“El Gobierno del estado podría pelearlo pero en caso de que lo haga tiene muy pocas probabilidades de éxito”.
Y agregó que en caso de que el Gobierno del Estado tenga elementos de prueba suficiente para acreditar que existen adeudos irregulares o fuera de derecho, el tema debe ser atendido por instancias jurisdiccionales.
Por ello, el abogado aseguró que no corresponde al Estado determinar si los adeudos son o no sustentados.
“Él no tiene la facultad de inventarse ese proceso de revisión (…) el problema es que el Gobierno del estado no quiso revisar a cada empresario y quiso ahorrarse ese proceso para hacerlo de manera general”:
Aguirre García insistió en que la instancia encargada de dirimir estas controversias debe ser el poder Judicial, a través del Tribunal de Justicia Administrativa.
“En un estado de Derecho no puede ser que quien decida si te va a pagar o no sea la misma persona que firmó el contrato”.
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