Ciudad de México- Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la incorporación de los bienes producto de la corrupción, en el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio, al reformar el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución, en la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.
La acción de extinción de dominio se ejercerá por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisprudencial sobre los derechos reales o bienes patrimoniales de una persona que se hayan obtenido en actos de corrupción, según el dictamen aprobado por el pleno del Senado.
Tal acción también se aplicará a los bienes que no puedan acreditarse y estén relacionados con investigaciones por hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, entre otros.
Según la reforma constitucional, la ley secundaria establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Ramírez Aguilar, aseguró que los cambios incorporados ayudarán a la recuperación de los activos derivados de las actividades ilícitas y de la corrupción de funcionarios públicos.
“La extinción de dominio permitirá al Estado mexicano recuperar bienes producto de la corrupción. Los corruptos no podrán sustraerse de la acción penal y los bienes derivados de este ilícito, el gobierno podrá recuperarlos para devolverlos a las arcas públicas”, argumentó Ramírez Aguilar.
Con esta ley, el próximo gobierno de Cuitláhuac Jiménez podrá continuar decomisando las propiedades que Javier Duarte adquirió con recursos públicos e incluso quitarle al gobernador Yunes ya su fiscal Jorge Winckler todos los bienes de los que se hicieron dueños a través del «vómito negro» pues ambos funcionarios se adjudicaron de manera ilegal bienes de ex duartistas que los entregaron a cambio de que no fueran sujetos a proceso penal.
A su paso por la administración pública en los gobiernos federales Miguel Ángel Yunes enfrentó acusaciones del saqueo al ISSSTE y su extraña y repentina riqueza a su paso por la subsecretaria de seguridad pública del gobierno de Vicente Fox en donde casualmente su secretario de Educación Enrique Pérez era el director de Readaptación Social y durante su gestión el Joaquín Guzmán Loera alias el «Chapo» logró «escapar» por primera vez de una cárcel de máxima seguridad.
A su paso por la administración pública Miguel Ángel Yunes es dueño de una mansión en el Conchal con valor superior a los 60 millones de pesos, una mansión en el Club de Golf en el municipio de Boca del Río con valor superior a 90 millones de pesos ( que no la tiene ni Obama), diría el Peje. Un departamento en Nueva York con valor superior a 2.5 millones de dólares, unos 50 millones de pesos mexicanos. un departamento en Miami Beach con valor aproximado a 2 millones de dólares con valor aproximado a 43 millones de pesos. Y varios otros de los que no se saben pues los adquirió en estos dos años en donde se incluyen lanchas y yates que le quitó a Javier Duarte de Ochoa.
También posee cuentas en otros países para evadir impuestos. Si las próximas autoridades estatales y federales quieren aplicarle esta nueva Ley también a Miguel Ángel Yunes podrían hacerlo ya que todos sus sueldos como funcionario público no le habrían alcanzado ni en 100 años para comprar todas las millonarias propiedades que posee en México, Estados Unidos y Europa.
Yunes te va entrar la de Za guiño escupe lo que robaste estos años hijo de puta hocicon, mitómano, poco hombre hijo de 7 vas y chingas a tu madre rata está.