Orizaba, Ver.- Si los Diputados Locales, no toman cartas en el asunto sobre el futuro de la Ley de Pensiones del Estado, se buscará el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalaron Integrantes de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados.
En rueda de prensa, en voz del presidente de esta agrupación, Jesús Arenzano Mendoza, lamentaron que los congresistas desconozcan que existe la Ley de Pensiones y que fue aprobada por la pasada Legislatura.
«Tuvieron meses para conocer lo que se aprobó durante dos años, y si querían ser diputados tenían que conocer sobre los temas que impacta a los gobernados y más aún con este tema que estuvo en medios muchos tiempo«.
Por ello dijo que se reunirá el Frente Estatal en Defensa del IPE para analizar que caminos legales se pueden seguir.
“Por primera vez todo los diputados de la pasada legislatura hicieron suya esa reforma, por lo que la Ley 287 fue aprobada por unanimidad, pero esa ley la vetó Miguel Ángel Yunes Linares, la cual ahora está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso porque no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, está en la congeladora mientras que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) mantiene finanzas críticas ante un adeudo estimado de 14 mil millones de pesos”.
Reiteró la molestia de los pensionados ante el desconocimiento y falta de interés de los actuales diputados en el tema, “y no sabemos si el actual gobernador sostiene las observaciones ¿o no? Mínimo que si entro a hacer una actividad que más bien nunca la he hecho, cuando menos me informo de qué se trata y qué tengo que hacer, lo primero que tiene que conocer es ¿cuál es el proceso legislativo?, cómo se elaboran las reformas y cuando menos enterarse de los pendientes y que se ha venido aprobando”.
En otro tema, señaló que las finanzas del IPE están sujetas con alfileres ante el saqueo del que fue objeto desde la administración de Miguel Alemán Velasco y las dos últimas conformadas por priistas.
“Se mantienen los adeudos pendientes por los entes gubernamentales como el Poder Judicial, los ayuntamientos, el Gobierno, organismos descentralizados y desconcertados e incluso tecnológicos estatales; en 2017, la deuda oscilaba en los 14 mil millones de pesos; se estarán ejerciendo unos 3 mil 129 millones de pesos, cuando el último presupuesto en la administración de Javier Duarte de Ochoa fue de 750 millones de pesos en el 2016 y en comparación al 2017, serían unos mil millones de pesos más”.
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