Por Inocencio Yáñez Vicencio
En 1910, los campesinos que habían sido despojados de sus tierras por las compañías deslindadoras, hacendados y caciques, los peones sometidos a las tiendas de raya, los obreros privados de sus derechos para organizarse y con jornadas de trabajo extenuantes y salarios de hambre; las clases medias del campo y la ciudad, deciden levantarse en armas para luchar contra la dictadura porfirista, que era sostenida por la burguesía, los capitales extranjeros y la Iglesia Católica, que apuntalaba el régimen semifeudal, no solo dándole su bendición sino también inculcándole resignación a los desposeídos, tratándolos de convencer que así como las diferencias naturales son un designio de Dios, también las diferencias sociales son voluntad divina.
La victoria militar de las masas explotadas sobre el ejército del gobierno de los hacendados, latifundistas, capitalistas nacionales y extranjeros y sus mandarines con y sin sotana, había que traducirlo en una Constitución nueva, en un nuevo Estado, que sustituyera al Estado fisiocrático de dejar hacer, dejar pasar, que en realidad, bajo la máscara de la neutralidad esconde un intervencionismo a favor de la clase patronal y sus intelectuales orgánicos, por un Estado social, comprometido con los trabajadores y las clases medias, comenzando por instituir como pertenencia original de la nación a la tierra, que a principios del siglo XX, era el más importante medio de producción, establecer la ilegalidad del latifundismo, la abolición de los monopolios privados, fijando la limitación de ocho horas como máxima la jornada laboral, la restitución y el reparto agrario, la educación gratuita, laica, democrática, científica y obligatoria... por lo que ese movimiento fue y es considerado la primera revolución social del siglo XX, dado que las medidas de Bismark en 1871, tuvieron como propósito desactivar a la clase trabajadora, la Revolución Leninista es, hasta octubre de 1917 y la Revolución de Wimar, de finales de 1918 y comienzos de 1919, son muy posteriores al 5 de febrero de 1917, en que los revolucionarios mexicanos plasman jurídicamente su programa social.
La propuesta de John Maynard Keynes, como corredor de bolsa que había sido, no busca reorientar socialmente el capital con sus políticas de pleno empleo sino de abatir las crisis de sobreproducción del capitalismo, transformando la demanda real en demanda efectiva y de esa manera regando dinero puedan sacarse las mercancías de los almacenes, es decir, es solo un mecanismo para salvar al capitalismo y no para tan siquiera quitarle lo filoso; razón por la cual debe tomarse como punto de arranque de los Estados que resultan de los pactos entre la clase trabajadora y la clase capitalista, el estudio que Wiston Churchil le encargó en noviembre de 1940 a William Beveridge, liberal progresista, de donde deriva el informe Beveridge, publicado en 1942, que recomienda que el Estado debería preocuparse por el bienestar. El New Deal (Nuevo Trato) de los años treinta de los Estados Unidos fue tan tenue que poco impactó externamente.
Como puede verse el Estado surgido de la Revolución Mexicana es un Estado social, que Salvador Carmona Amorós, explicaba en el libro El nacionalismo Revolucionario, libro que fue proscrito y boletinado como demoniaco por las cúpulas patronales y que tal vez por eso se pirateo el rotulo Carlos Salinas, para tergiversarlo.
El Estado Social fundado constitucionalmente en 1917, era de una naturaleza diferente a los Estados de bienestar creados a partir del informe Beveridge. Mientras el primero pone como motor del desarrollo al Estado, el segundo tiene como eje al mercado. México y las repúblicas populares presentaban una alternativa al capitalismo y al socialismo. Querían que la electricidad, el petróleo, la minería, los ferrocarriles, las vías de comunicación, la industria telefónica, la banca, la tierra, la salud, la educación, la cultura, la recreación, más que obedecer a la ganancia para quedarse con el excedente de lo que producían los trabajadores, que no se les remunera y legitimar esta extracción, sirvan y se planifiquen para resolver las necesidades reales de la población y desarrollar sus facultades físicas y mentales, alejadas de supersticiones, prejuicios y patrañas, con libertades y políticas, civiles, económicas y culturales.
La respuesta no se hizo esperar. También al terminar la Segunda Guerra Mundial, los barones del dinero patrocinan a sus gurús para tratar de revivir las teorías económicas neoclásicas de los siglos XVIII y XIX.
La estrategia de los apologistas del llamado libre mercado comenzó por redoblar la campaña de desprestigio contra los derechos sociales y la intervención del Estado en la Economía, hegemonizando su ideología neoliberal que señala a la intervención estatal como deficiente, expropiadora, destructora de las libertades y corrupta.
Con Reagan y Thatcher, se promueve dentro y fuera de sus países el desmantelamiento del Estado social, en todas sus variantes. La reestructuración de la deuda externa del sector público, los avales para nuevos créditos, las inversiones se condicionaron a políticas de desregulación y a la privatización de sus activos, rompiendo los pactos entre capital y trabajo, lanzando a la fuerza laboral a un total estado de indefensión, con tercerías y autopensiones.
La restauración del Estado Social, los que creemos en él, no la vemos en ninguna medida anunciada por AMLO, el primero de diciembre del 2018 y ni en las acciones posteriores, que nos muestre que vamos hacia esa meta, por el contrario, no está en puerta una renegociación de la deuda, que nos permita crecer y poder pagarla, porque ya es impagable; no sabemos de que este en gestación una justa reforma hacendaria, no hay un proyecto para distribuir la riqueza no solo el presupuesto, no conocemos de tan siquiera de una intención seria para recuperar la fuerza económica del Estado, que mucho minaron las privatizaciones y las que yo siempre llamé malditas reformas de Peña Nieto, que siguen intactas, salvo la educativa, que pareciera mas para complacer a la mafia de Elba Esther y a la CNTE, los precios y salarios continúan bajo el control del libre mercado; bueno al Banco de México, no se le toca ni con el pétalo de una rosa, no vemos que se haga nada por echar abajo la reforma del 2007 del ISSSTE.
Lo que se otorgue debe ser en reconocimiento a los derechos de la ciudadanía, no dádivas. No queremos un estado de caridad. Basta de tratarnos como mendigos. Buscamos leyes que le restituyan al trabajador la parte que legalmente le roban. Si no produjera el trabajador más del salario que recibe, nadie contrataría su mano de obra. La esclavitud apareció cuando el esclavo produjo más de lo que consumía. Esas son las relaciones que un Estado Social debe suprimir.
De seguir este juego de etiquetar no pasará AMLO de provocar desilusión y un retraso en la lucha del pueblo mexicano por liberarse de la explotación, alimentado hasta ahora de dádivas clientelistas, que se aplaudirán mientras haya fondos y se crea en esta retorica anestesiadora.
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