Edel Alvarez endeudó al poder Judicial por 849 millones de pesos para beneficiar a los amigos y promotores de Yunes, la família Ruíz Anitúa.

- en Foro libre
Francisco Tirador/ Mira crítica
La familia Ruiz Anitúa, principal promotora y financiadora de la campaña electoral de Miguel Ángel Yunes Linares en el año 2016, recibió por parte de Edel Álvárez Peña presidente del Tribunal Superior de Justicia (Compadre de Yunes Linares), 12 contratos de obra para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz por $849 millones de pesos.
En 2018 los los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales del Poder Judicial en Veracruz, a cargo de Edel Álvarez Peña.
El entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue el factor común entre los empresarios y el titular del Poder Judicial. La unión Yunes Linares-Ruiz Anitúa es añeja, estos apoyaron las constantes aspiraciones del panista para llegar a la Gubernatura. Primero en 2010 y posteriormente en 2016.
Ya durante el bienio y siendo Gobernador Yunes Linares, este amplió las concesiones y contrató servicios de sus empresas con el Estado, entre ellas “Aerotaxis Tucán SA. de C.V. ”, que forma parte del Consorcio Intra, otra Sociedad de los Ruiz.
Su alianza con Edel Álvarez Peña (Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz) también es vieja, data de la época en la que Yunes Linares militaba en el PRI. Siendo incluso compadres.
Irregularidades en la asignación de contratos para las Ciudades Judiciales.
La concesión de las construcciones para las ciudades judiciales es irregular y podría alcanzar al propio, Edel Álvarez, Ya que licitó la construcción de 20 inmuebles, cuando el Congreso local solo autorizó la edificación (a través de una Asociación Público Privada APP), para 17 distritos judiciales.
A la fecha, según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial; sin embargo, su acta constitutiva como sociedad mercantil, proyectaba la cimentación de solo cinco.
Los contratos, la autorización y el número de obras asignadas no coincide en número, en cambio todo fue aprobado para la sociedad de los Ruiz Anitúa y entregado en un plazo de apenas 33 días.
Datos del Registro Público de Comercio establecen que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV., se formalizó el 22 de mayo del año 2018 ante el Notario Público, Rafael de la Huerta Manjarrez.
La sociedad mercantil se integra por las empresas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.
El fallo de las licitaciones públicas nacionales de las ciudades judiciales, con número: P/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, se dio a conocer el 14 de mayo del 2018, ocho días antes de que las empresas registraron la sociedad mercantil.
La constitución del nuevo consorcio quedó registrada con el número 2018001132590018, ahí establece que la APP obtendría el contrato marco que comprende la celebración de cinco contratos individuales de Asociación Público-Privada para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de igual número de centros de impartición de justicia del Poder Judicial.
El documento consultado detalla que Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón García, Secretario; Alfonso Díaz de Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.
Poder Judicial contrajo deuda por 849 millones de pesos para beneficiar a los Ruíz Anitúa.
En el año 2018 el Poder Judicial del Estado de Veracruz, se sumó a la lista de poderes del Estado que contrajeron deuda pública por un monto de $849 millones 182 mil pesos. Comprometiendo ingresos federales del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz por 30 años,  -hasta el año 2046- para pagar la construcción de las llamadas ciudades judiciales.
El 27 de diciembre del 2017, con la mayoría panista de la 64 Legislatura de Veracruz aprobó por instrucciones de Yunes Linares el Dictamen que autorizaba al Poder Judicial a convocar y contratar, a través de una Asociación Público Privada (APP) la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 ciudades judiciales.
La infraestructura se programó para las ciudades de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.
En poco más de un mes les asignaron por dedazo los contratos millonarios.
La información del Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirma la aprobación de 12 contratos con la Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV.
Durante los meses de noviembre y diciembre del 2018, en poco más de 30 días, se estipularon las condiciones de contratación del consorcio de los Ruíz Anitúa, que recibió pagos que van desde los $50 millones, hasta los $155 millones de pesos.
El plazo pactado de la APP es de 300 meses, la fecha de vencimiento de los contratos son los años 2043 y 2046; en más de dos décadas se tendrá que pagar por la construcción de dichas ciudades judiciales.
Panama Papers, escándalo internacional.
Las ligas de los empresarios veracruzanos han sido motivo de polémica en medios nacionales. En el 2017, durante el escándalo que englobó a empresarios, jefes de estado, políticos y artistas de 76 países, se mencionó que el Consorcio Intra, utilizó el despacho panameño Mossack Fonseca para armar estructuras offshore en paraísos fiscales; por lo que la familia Ruiz se vinculó al Panama Papers.
Las acusaciones de corrupción alcanzaron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuando se relacionó a su gobierno con los Ruiz, que además de ser proveedores de su administración por el Consorcio Intra, le rentaron una aeronave de la empresa “Aerotaxis Tucán SA. de C.V.”, para su transporte oficial.
El servicio que le brindaron fue a crédito, Yunes Linares pagó meses después la factura, documento que se hizo público en diversos medios locales. El entonces gobernador se negó a abonar a la polémica y evadió responder las acusaciones, fiel a su costumbre.
Asimismo, la empresa Intra bienestar S.A. de C.V., también del Consorcio Intra, se encontraba en la lista oficial de proveedores del gobierno estatal, y compitió por licitaciones para ofrecer servicios púbicos al Estado.
Los vinculan a empresas fantasmas.
En febrero del 2017, el empresario quintanarroense, Carlos Mimenza, denunció al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por la creación de empresas fantasmas operadas bajo el mismo esquema de corrupción que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Borges desvío recursos federales a través de obras inexistentes o para la contratación de servicios que no se acreditaron; las empresas que se crearon para ese fin son: Construcciones y Desarrollos Padrín, Grupo Desarrollador Rumega, Comercializadora Edme y Playa Rent del Caribe.
El empresario vinculó a los Ruiz con la empresa Grupo Desarrollador Rumega. Los veracruzanos recibieron contratos por 80 millones de pesos, sin licitar, a pesar de que tenían solo tres empleados registrados, y que la dirección legal de su firma era una casa abandonada en Chetumal.
Los Ruiz Anitúa y los grandes negocios con la familia Yunes Márquez.
A los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona con empresas fantasmas que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borge y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.
Los jóvenes Anitúa también mantienen una buena relación con el panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien a solo siete meses de asumir la administración pública decidió beneficiar a la familia al ampliar la concesión de la caseta de Peaje de Cardel-Veracruz por tres décadas.
Yunes Linares utilizó su mayoría en la 64 legislatura para ampliar por 30 años más la autorización a la empresa Concesiones y Promociones Malibrán, SA de CV, para operar el Libramiento de Plan del Río.
La empresa ya contaba con una concesión por tres décadas que vence en el año 2033, por lo que a partir de esa fecha contará con otros 30 años para cobrar el uso de la vía; su plazo vence en el 2063.
A cambio el Estado recibió mil millones de pesos que se entregaron en el presupuesto del año 2018, como contraprestación por ampliar el periodo de la concesión; y jamás se hizo público el beneficio económico de la empresa que debe operar la caseta de peaje, y dar mantenimiento a la red carretera. Todo se aprobó en julio del 2017.
Por su parte su hijo, el entonces alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez entregó el servicio de gestión integral de agua del municipio por un periodo de 30 años a «Compañía de Agua de Boca», consorcio que se creó con capital de la empresa española Acciona Agua (69%), Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V -de la familia Ruiz- (29%), y el ayuntamiento local (2%).
En diciembre de ese mismo año, se anunció que el grupo español Acciona logró el contrato del servicio de gestión integral de agua del municipio de Boca del Río. Cobraran por brindar el servicio por 30 años, a cambio están obligados a invertir 940 millones de dólares, cosa que hasta el momento no realizan pues el ayuntamiento no presiona nada.

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