Xalapa, Ver.- El auditor general del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez confirmó que se tienen programadas las revisiones y auditoria al proceso de licitación, que entregó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Edel Álvarez Peña a Desarrolladora CJI, SAPI S.A de C.V propiedad de los empresarios Francisco y Javier Ruíz Anitúa quienes obtuvieron en tráfico de influencias, la construcción de las ciudades judiciales con las que Álvarez endeudó por más de 40 años al TSJ.
La familia Ruiz Anitúa, recibió por asignación directa 12 contratos de obra por parte del Poder Judicial de Veracruz, para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz, por un monto de $849 millones de pesos.
A la fecha el Órgano de Fiscalización tiene reportada la conclusión de tan sólo 3, de las 12 ciudades judiciales que fueron concesionadas a la desarrolladora de la familia Ruíz que se creó en el mes de mayo del año 2018 a escasos días de que Miguel Yunes Linares finalizara su gestión.
«En el caso de las ciudades judiciales, nosotros ya iniciamos con el proceso de planeación, tenemos datos y documentación que nos dio el Tribunal de Justicia. Estamos trabajando en él y va a ser una auditoria de legalidad y una auditoría técnica-financiera de una muestra representativa”, explicó.
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Fiscalización del Estado, las Cuentas Públicas del año anterior, serán presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día 30 de abril.
La auditoría comprende la evaluación de los principales procesos del Ente Fiscalizable para obtener una visión completa de su gestión y puede ser específica en cuanto a la fiscalización de una política, programa, actividad institucional, régimen, concepto de gasto o sistema, cuya ejecución o aplicación es concurrente con el Ente Fiscalizable.
La auditoría de legalidad, es aquella que tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad.
Cabe recordar que a los hermanos Ruiz Anitúa(Francisco José y Javier Antonio), los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona a empresas fantasma que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borges y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.
En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales en Veracruz, a cargo de Edel Álvarez Peña y por instrucciones directas de Miguel Ángel Yunes Linares a quienes se les ha relacionado de manera directa con los Ruiz considerados mecenas y socios del ex gobernador.
Comentarios