La experiencia electoral del año pasado, cuando elegimos autoridades y representantes, entre los que destacó la presidencia de la República, y donde resultó triunfador el hoy 1er. mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, fue muestra inequívoca que la democracia en México inauguraba con un actor fundamental convencido, decidido y fortalecido: el ciudadano. Convencido de la urgencia de un cambio; decidido a ser parte activa del mismo; y fortalecido de saber que la ola había crecido al grado que el anquilosado régimen no sería capaz de segarla como en ocasiones anteriores. Demostró también que, a fuerza de votos, los partidos añejos cedían su lugar al joven Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se alzó como gran triunfador del proceso.

El tiempo (no hay mejor juez) revela que a la ola del cambio se subió una cantidad aún no determinada de “surfistas” oportunistas quienes, aprovechando el llamado del entonces candidato López Obrador para conseguir mayoría en el Congreso de la Unión, se declararon sinceros practicantes de los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que defiende la Cuarta Transformación de la Vida Pública, o 4T. No obstante, en apenas siete meses, algunos de esos trepadores no tuvieron tiempo para exhibir su incapacidad e ineficacia en el servicio público, tanto como sí lo tuvieron para revelar su falsedad y ambición. Varios ya abandonaron el barco… quedan más.

El caso Baja California es una perla. Se recordará que el domingo 2 de junio vivió elecciones para renovar la gubernatura, 25 diputaciones, y cinco alcaldías. Era sabido que el nuevo gobernador ostentaría el cargo por dos años solamente, debido a una reforma a la constitución estatal efectuada por la XXI Legislatura en 2014, con el argumento de empatar las elecciones locales con las federales de 2021.

Las encuestas favorecían al candidato de Morena para la gubernatura, Jaime Bonilla Valdez; aunque era patente que si el resultado le beneficiaba no sería por su arrastre entre el electorado, sino por el cobijo brindado tanto por el partido ganador de la elección federal de 2018 como por el presidente López Obrador.

Bonilla Valdez resultó triunfador y hoy es gobernador electo por dos años. Bueno… no; resulta que por CINCO. Y es que el congreso estatal (la XXII Legislatura, con mayoría panista pero también integrada por priístas, petistas, morenistas y de otros partidos), resolvió el ocho de julio en sesión extraordinaria y nocturna, con 21 votos “secretos” a favor, realizar reforma constitucional para que el encargo mutara a cinco años. Entre otras justificaciones, se adujo que resultaba costosísimo volver a elegir gobernador en 2021, y que los perjudicados serían los ciudadanos de Baja California. ¡Ajá!

Lo que no se dijo es que con su acción, los legisladores no sólo trastocaron el orden constitucional sino el progreso democrático del estado y el país al echar al basurero el principio de certeza jurídica implícito en la lógica de autenticidad, algo que, como se arguye entre los conocedores, es más que “la voluntad de los votantes” reflejada “de manera cierta y positiva en el resultado de los comicios”. Quiérase reconocer o no, en junio los ciudadanos se presentaron a las urnas a emitir su voto bajo una pauta (una certeza jurídica), que en julio fue modificada.

La resolución pasó a los municipios, tres de los cuales dieron su aprobación; número suficiente para que el trámite esté ahora en manos del ejecutivo. El caso es que el revuelo nacional de manifiesto rechazo a lo que ya se denomina Ley Bonilla, llevó a que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitiera punto de acuerdo conminando a los diputados bajacalifornianos a reconsiderar su fallo, y al mandatario Francisco Kiko Vega a no publicarlo. Este último, por cierto, dijo que no lo hará.

El señor Bonilla Valdez, conocido mejor como empresario de las comunicaciones que como político, ha asegurado que la reforma “interpreta el sentir de los electores”. Traigo a colación que, en la elección de 2018, llegó fácilmente al Senado; que tres meses después pidió licencia para desempeñarse como “superdelegado” estatal; y que en marzo renunció para convertirse en candidato a la gubernatura… ¡Cuánto sacrificio por los bajacalifornianos! Un personaje que, pretendiendo emular al presidente, promete atacar la corrupción; pero al que los hechos no parecen apoyar los dichos; y es que diversos actores demandan investigar a los diputados que votaron por ampliar el período y favorecer al ungido pues, alegan, se vendieron. Si así fue, ¿quién los compro?

En Baja California, parece que los buenos propósitos de la 4T entran en colisión con los intereses verdaderos de políticos de cuarta, hoy conversos al morenismo, quienes dan rienda suelta a sus deseos personales sin importarles que con ello trastocan el Estado de derecho, minan nuestra endeble democracia, y dan golpes bajos a quien les ha otorgado su confianza. El gobernador electo ha advertido que “El peor enemigo del PAN está en el PAN, el peor enemigo del PRI está en el PRI”. Pues bien, cabe preguntar dónde está el peor enemigo de Morena.