Seguridad Pública contrata a desertores de las fuerzas armadas
Marco Antonio Aguirre Rodríguez/ Místicos y Terrenales
La Secretaría de Salud de Veracruz le entregó el contrato para los servicios de hemodiálisis a la empresa Gifyt, señalada de incumplimiento de contrato, tráfico de influencias y malas prácticas empresariales, entre otros.
En la dependencia, la versión que están dejando correr es que el contrato se le entregó por recomendación de Ivonne Cisneros Luján, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
El 15 de julio de 2019 los representantes del sistema de salud de Veracruz, cuyo titular es Roberto Ramos Alor, le dieron el contrato para la prestación del servicio de hemodiálisis a la empresa Gifyt, sobre la cual –de entrada- recae la sospecha de que presentó documentos falsos, como una carta respaldo del fabricante o proveedor de los equipos e insumos.
Pero además, para que no quede duda de la conexión entre Gifyt y quienes participaron en su designación para darle el contrato (incluyendo a Ramos Alor y a Jorge Sisniega, el director Administrativo de la Secretaría de Salud), permitieron que en este concurso también participase la empresa Esterinova, evidentemente ligada a Gifyt, al ser ambas empresas propiedad de Jaime Cervantes, quien para mantener su emporio usa varios membretes y prestanombres.
Jaime Cervantes ha estado ligado a Miguel Ángel Yunes desde que éste era director del ISSSTE. Durante el bienio de Yunes Linares el entonces secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, le quitó el servicio de hemodiálisis a la empresa que lo proporcionaba y se lo dio en adjudicación directa a Clínica GIFYT.
De hecho desde entonces se especulaba que tanto Yunes Linares como Irán Suárez Villa tenían intereses directos en dicha empresa.
Ahora, en los servicios de Salud de Veracruz les dan el contrato, seguramente atendiendo las mismas prácticas que la empresa ha tenido antes.
Jaime Cervantes es dueño de Medicus, empresa que tuvo un fuerte escándalo en el 2008 por incumplimiento de contrato, ante lo cual crearon Finamed que es a la que asignaron finalmente, el 29 de enero de 2009, un contrato por seis mil 382 millones de pesos para proveer de equipo y tecnología a once hospitales de los Servicios de Salud de Veracruz durante once años, lo cual incumplió y el procedimiento sigue en litigio.
Jaime Cervantes también dueño de Vitalmex empresa que también tuvo contratos con Yunes Linares y su filial Plarre.
El 15 de julio de 2015 alcalorpolitico.com publicó que Gifyt estaba abriendo una clínica, apoyados por el entonces subsecretario de Salud, Arturo Navarrete Escobar, con el nombre «Clínica de Excelencia en Hemodiálisis Xalapa”. Su implicación fue tanta que incluso se especuló que era el propietario de la franquicia.
La instalación se hizo –supuestamente- para atender un contrato con el IMSS, en el cual la empresa fue descalificada junto con Grupo ICTZE S.A. de C.V., por malas prácticas empresariales; «se descubrió que representaban un mismo interés” al presentar documentos similares y compartir información “deduciéndose que con ello pudieron fijar, reducir, concertar o manipular el precio del servicio licitado al que es ofrecido”.
Esto no lo tomaron en cuenta en la evaluación hecha en la Secretaría de Salud.
A Gifyt la maneja directamente Marco Reyes González, yerno de Jaime Cervantes, padre de Marco Antonio Reyes Cervantes, nieto de Jaime Cervantes, y quien funge como director de Operaciones de Gifyt..
La sospecha de que ahora Gifyt incluyó documentación no verídica, se refuerza con los antecedentes que tiene esa empresa: El oficio no. 31 8001 150100/DPA/0291, de la Delegación Norte del IMSS, del 25 de enero del 2016, le notifica a la “Clínica de Excelencia en Hemodiálisis” de GIFYT estar en proceso de rescisión de contrato anual, por haber mentido en una certificación y fechas de apertura, por lo que se abrió una carpeta de investigación en la Función Pública desde 2015, por falsedad de información y fraude….
Sus malas prácticas también incluyen el pagar manifestaciones en contra de quienes se oponen a sus intereses.
El 19 de noviembre de 2015 el delegado del IMSS en Tlaxcala, Ariel Leyva Almeida, evidenció con testimonios de pacientes con enfermedad renal que la empresa que prestó servicio de diálisis y hemodiálisis Gifyt manipuló a los pacientes para protestar en su contra.
El funcionario lamentó que la empresa que mantuvo contratos millonarios por 6 años utilizara a los pacientes para que acusaran mala calidad con la nueva empresa, y mencionó que Gifyt ya tenía varias irregularidades en la prestación del servicio y además tenía costos muy altos, 20 por ciento más del precio normal por cada sesión por paciente.
Esa no fue la única rescisión que tuvieron ese año: el 21 de junio de 2015 la Secretaría de Salud de Veracruz rescindió el contrato a Gifyt, para hemodiálisis a más de 40 pacientes del sur de Veracruz, que anteriormente lo recibían en el hospital regional Valentín Gómez Farías por medio de la empresa Finamed.
Esa no fue tampoco la única manifestación que han promovido. El 28 de junio de éste año un grupo de personas protestó porque le dieron el contrato de hemodiálisis del IMSS de la ciudad de Veracruz, al hospital Covadonga; después se comprobó que muchos de los manifestantes ni siquiera eran beneficiarios del IMSS.
En el 2017 Irán Suárez, cuando les entregó el servicio de forma directa, no tomó en cuenta que al 22 de septiembre de 2015, Gifyt tenía suspendido su proceso de certificación por parte del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica.
Esto se difundió porque la Secretaría de Certificación de Salubridad General atendió una petición del director de Prestaciones Médicas del IMSS, Javier Dávila Torres, sobre esta empresa y cuatro prestadoras de servicios más.
El oficio CSG/DGAA/3283/2015 remitido por el secretario del Consejo de Salubridad General y presidente de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica, Leobardo C. Ruiz Pérez, comunicaba la suspensión del proceso de certificación para Gifyt.
El documento decía: “… el Consejo de Salubridad General realizó una revisión in situ a diversas unidades de hemodiálisis (…) Resultado de esas revisiones, se encontraron diversas irregularidades e incumplimientos en las siguientes unidades: GYFT S.A. de C.V Unidad de Hemodiálisis de Poza Rica y la ciudad de Xalapa (…) Dichos establecimientos ya se les ha suspendido su Proceso de Certificación retirándoseles del Sistema Nacional de Certificación”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (el Gran Místico de la4T) ha mencionado en múltiples ocasiones que los antecedentes de corrupción e ineficacia deben ser tomados en cuenta.
En este caso, no ocurrió así.
SEGURIDAD PÚBLICA CONTRATA A DESERTORES DE LAS FUERZAS ARMADAS. El 20 de julio por la noche tres hombres asesinaron a uno más frente a las instalaciones de Tránsito del estado; los homicidas eran parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSPVer).
Pero más allá de eso, dos de ellos eran desertores del Ejército y de la Fuerza Aérea.
Aún así, habían sido contratados por la dependencia.
¿Cuántos desertores más (de las fuerzas armadas o de otros grupos de seguridad) habrá en Seguridad Pública de Veracruz?.
Incluso ¿cuántos infiltrados de grupos delincuenciales pueden estar?.
El que hayan contratado (y que se evidencie) a dos desertores, es una prueba fehaciente de que no hay el mínimo cuidado en las altas que hacen en Seguridad Pública, a pesar de lo delicado de las funciones que les tocan cumplir.
Que los asesinos eran parte de SSPVer queda evidente cuando esa dependencia “reprueba la participación de servidores que, escudándose en la insignia de Seguridad Pública, empañan el prestigio de la institución y de quienes la integran”.
Y enfatizan en su boletín: “No se consentirá que ningún elemento ponga en entredicho la honorabilidad de la corporación”.
La SSPVer le hizo un reconocimiento a los policías que participaron en la detención de los presuntos asesinos, lo cual está muy bien, porque hicieron un muy buen cumplimiento de su deber.
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