VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).- El gobierno morenista de Tabasco, a través de su mayoría en el Congreso del Estado, endurece penas carcelarias para quienes cometan delitos contra la libertad de tránsito, calificada por el PRI como “Ley Antimarchas”.
El viernes, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, con mayoría de votos de Morena, aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar hasta 13 años las penas carcelarias contra quienes cometan delitos contra la libertad de tránsito, así como de oposición a que se ejecute trabajos y obras públicas e interrumpir o dificultar el servicio público de comunicación.
La iniciativa la envió el gobernador Adán Augusto López Hernández y el dictamen aprobado será bajado al pleno el próximo lunes 29, donde Morena tiene amplia mayoría.
La diputada morenista, Julia del Carmen Pardo, presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, justificó que se trata de “meter orden” porque diversos sindicatos pelean contratos y cierran accesos a sitios donde se realizarán obras, principalmente relacionadas con la industria petrolera.
Y es que ante el nuevo “boom” petrolero, se han reactivado las protestas y bloqueos de campesinos a instalaciones de Pemex por supuestos daños ambientales, así como de líderes sindicales que exigen empleos para sus agremiados.
Ante ello, el jueves 25, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se reunió en la 30 Zona Militar de Villahermosa con el general Pedro Escalera Cobián y representantes de la V Zona Naval, de la Guardia Nacional y del gobierno del estado para analizar estrategias y apoyos para mantener libres los accesos a instalaciones petroleras.
El encuentro fue privado, pero trascendió que el director de Pemex expuso su preocupación por los bloqueos que, dijo, impactan de manera negativa en las metas de producción establecidas por el gobierno federal.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció redoblar su apoyo pero, aclaró, sin provocar confrontaciones sociales en las zonas conflictivas, mediante métodos disuasivos para desactivar los bloqueos a pozos e instalaciones petroleras.
El diputado local priista, Gerald Washington, exigió que Pemex cumpla y pague las afectaciones causadas por derrames de hidrocarburos.
Informó que en Huimanguillo- su municipio natal- existen 20 bloqueos porque la empresa SENEGAS, que trabaja para Pemex, no quiere pagar afectaciones y los campesinos inconformes no son atendidos por Pemex ni por la Secretaría de Energía (Sener).
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