Por Ixtlixóchitl López/
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de las víctimas del caso Narvarte y sus abogados dieron un voto de confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y la procuradora Ernestina Godoy para retomar la investigación y solucionar el caso, pero advirtieron que éste “tiene fecha de caducidad”.
Durante la presentación de la Plataforma de Memoria del “Caso Narvarte” –como se conoce al feminicidio de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo de Colombia Mile Virginia Martín, y la defensora de derechos humanos Nadia Vera; así como el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa–, alertaron que ya pasaron ocho meses del cambio de gobierno y el crimen aún está impune.
En Casa Lamm, Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la organización Artículo 19, afirmó que desde el 31 de julio de 2015, cuando ocurrió el crimen y comenzaron las investigaciones, las familias de las víctimas han tenido que enfrentarse a la “lógica política” que, mediante la estigmatización, trata de justificar la impunidad y el crimen.
El abogado enfatizó que si el actual gobierno de la Ciudad de México quiere hacer una diferencia con sus antecesores debe empezar por esclarecer la violencia ejercida en hechos concretos, en este caso, el móvil y todos los participantes en el multihomicidio.
“Las familias perdieron a sus familiares y parte de su corazón en ese departamento. Las transiciones políticas, las campañas, los cambios de color en los partidos y en las personas son insignificantes a lado de ese dolor y de esa exigencia de justicia”, manifestó.
Maldonado remarcó la necesidad de fincar responsabilidades administrativas y penales a los exfuncionarios de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), pues además de que no dieron resultados, se dedicaron a filtrar y manipular información para obstaculizar el acceso a la verdad y a la justicia.
“Partimos de la desconfianza. La destruyeron sus antecesores. Y ese es un gran reto para este nuevo gobierno. Hay una asignatura pendiente y ese es el abatimiento de impunidad en delitos de violaciones graves a derechos humanos”, agregó.
El litigante retomó el reportaje publicado en la edición 2230 de la revista Proceso -en circulación esta semana- en el cual el fiscal Central de Investigación para la Atención del delito de Homicidios, José Luis Quiroz Hernández, informó que la Procuraduría retomará la ruta planteada por los familiares de las víctimas y su defensa para agotar las líneas de investigación, principalmente las relacionadas con el trabajo periodístico de Rubén Espinosa –colaborador de Proceso–, el activismo de Nadia; así como la presunta trata de personas.
Leopoldo Maldonado aseguró que hay una condición política “inigualable”, pues tanto el gobierno federal como los de Veracruz y la Ciudad de México pertenecen al mismo partido político (Morena), que “si no se aprovecha es porque no hay voluntad de avanzar”.
David Peña, coordinador jurídico de la organización Acción por los Derechos Humanos, recordó cuando el exfiscal de Homicidios, Marco Reyes, dijo a los abogados y a los familiares de las víctimas que intentar conocer el móvil del crimen era una “exquisitez” y reprochó que, en vez de investigar los hechos, las autoridades apostaron por la construcción de una “verdad paralela”.
El reto de la nueva administración, añadió, será conciliar la verdad jurídica, pues las declaraciones de los tres imputados –Cesar Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco Martínez y Abraham Torres Tranquilino, el único sentenciado– se contraponen entre sí.
“Si cruzas y contrapones las verdades de cada uno, llegas al mismo punto donde no hay verdad”, subrayó.
Familia de víctimas exige justicia
Entre lágrimas, Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, agradeció que su hija haya sido asesinada junto al fotoperiodista Rubén Espinosa, pues consideró que, de no haber sido así, el caso se habría sumado a los miles que ocurren en el país y no se investigan.
“A pesar de mi dolor, a la vez le doy gracias a la vida que mi hija haya muerto ahí, estando Rubén, porque si Rubén no hubiera estado ahí, hubiera sido una más y no se hubiera investigado”, reflexionó.
Sin embargo, aclaró que esta visibilidad no se ha reflejado en avances en la investigación, ni siquiera en el cumplimiento de la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Detalló que entre las recomendaciones está la realización de una disculpa pública, la cual dijo, continúan exigiendo para limpiar la memoria de sus hijos o hermanos.
Por ello, Indira Alfaro afirmó que seguirá levantando la voz por su hija de la mano de los otros familiares, pues sólo “la verdad y la justicia podrían aminorar un poco el dolor que sentimos”.
Angie Martín, hermana de Mile Virginia, lamentó el daño psicológico que la PGJDF ocasionó a sus sobrinos y hermanos con la filtración de las fotografías que mostraban el cuerpo sin vida de la joven y que llegaron hasta los medios de comunicación en Colombia, donde ambas nacieron.
Explicó que esta situación se agravó porque no pudieron ver a Mile por última vez para despedirse, pues las condiciones en que estaba el cadáver al ser repatriado a Colombia, debido al trato incorrecto que le dieron las autoridades, no lo permitía.
“Lo único que yo le pido a Dios y a la vida es que podamos hacer justicia y saber por qué les hicieron lo que les hicieron a todos”, dijo.
Patricia Espinosa, hermana de Rubén, mostró su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades del Poder Judicial capitalino dejen en libertad a Daniel Pacheco y César Omar Martínez por falta de pruebas, ya que no han sido condenados.
Afirmó que, si bien la labor periodística de Rubén fue un tema que llamó la atención del caso, ésta no ha sido abordada por las autoridades como tampoco la condición de vulnerabilidad de las cuatro mujeres víctimas.
La hermana del fotoperiodista destacó que “las autoridades tienen una oportunidad para garantizarnos a todas las familias la no repetición, justicia y esclarecimiento del caso. Ojalá aprovechen esta oportunidad para limpiar su nombre”.
La verdad como “exquisitez”
La Plataforma para la Memoria del Caso Narvarte -que se puede consultar en la página casonarvarte.articulo19.org–, incluye dos informes especiales sobre el caso.
Uno de ellos es el “Análisis de Discurso de la Cobertura Mediática del Caso Narvarte”, de Lucía Melgar y Emanuela Borzacchiello. Durante la presentación esta última destacó la ausencia de perspectiva de género en dichas publicaciones y el hecho de que dejaron al margen el asesinato de tres de las víctimas mujeres para construir una narrativa de los hechos.
La académica feminista de la Universidad Complutense de Madrid agregó que estas omisiones favorecieron la estigmatización de las víctimas y la creación de estereotipos y buscaron minimizar o desechar hipótesis. Incluso, comentó que ese tratamiento también provocó la estigmatización de los imputados con prejuicios clasistas e ignorando su presunción de inocencia.
El otro informe se titula “La verdad como exquisitez”, elaborado por la periodista de Proceso, Sara Pantoja, quien expuso las principales omisiones e irregularidades cometidas por la PGJ durante la investigación y violatorias de los derechos humanos, en particular, el derecho a la verdad y la justicia.
Destacó la asesoría de Michael Reed, periodista colombiano y profesor de la Universidad de Georgetown, para enfocar el tema en demostrar que lo que menos intentó la Procuraduría fue encontrar a los autores intelectuales, el móvil del crimen y, con ello, permitir la reparación del daño a los familiares de las víctimas.
Dicho informe incluye breves historias de vida de Alejandra, Yesenia, Mile, Nadia y Rubén, como una especie de homenaje a quienes no merecían morir y “menos, de esa manera”.
El contenido de la investigación realizada por la reportera de esta casa editorial, basada en la cobertura periodística que ha hecho del caso desde el inicio, sirvió para elaborar también una novela gráfica y 4 podcasts que se difundieron en otros medios de comunicación.
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