Exigen que los 11 ministros de la SCJN y no solo 5 de la primera sala, resuelvan controversia sobre estancias infantiles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Litigantes en contra de la cancelación del Programa de Estancias Infantiles exigieron que los 11 ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no la Primera Sala, con sólo cinco miembros, resuelvan la controversia constitucional relacionada con ese tema, a fin de transparentar la discusión.

Ayer miércoles, integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) –que promovieron amparos contra la decisión del gobierno federal–, así como el alcalde de Hidalgo del Parral, Chihuahua, Alfredo Lozoya, quien presentó una controversia constitucional, se presentaron en la SCJN y presentaron un amicus curiae para respaldar su exigencia de que “proteja el interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4º constitucional, por encima de cualquier otro interés político y económico”.

Ante la inminente resolución de la controversia constitucional 72/2019, los defensores y el alcalde llamaron al máximo tribunal del país a “cumplir con su rol de contrapeso al Estado de Derecho y que garantice que niñas, niños y adolescentes tengan quien los defienda”.

Para los litigantes, el llamado a que sean los 11 ministros de la SCJN quienes resuelvan el asunto es de suma relevancia, porque “así se sientan las bases de una jurisprudencia vinculante”, además de que permitiría “conocer los argumentos y postura de cada uno públicamente”.

En rueda de prensa, Juan Martín Pérez García, de Redim; Alex Alí Méndez, del GIRE, así como Lozoya, señalaron que hasta ahora se han interpuesto más de mil amparos por parte de personas afectadas.

Consideraron importante que para analizar el tema la SCJN atienda “la experiencia y la opinión de especialistas y organizaciones sociales”, tomando en cuenta que la determinación de los ministros “afectará el proyecto de vida de miles de niñas y niños pequeños, quienes ahora son los más afectados con la decisión equivocada de reducir presupuesto público al programa de apoyo a mujeres trabajadoras”.

Pérez García explicó que 300 mil niñas y niños de entre cero y cuatro años, de los sectores más pobres del país, son los más vulnerados por el cierre de las estancias y el recorte de 2 mil millones de pesos, de los 4 mil millones con que contaba el programa.

Además, se afectó a más de 9 mil estancias infantiles que “ofrecen servicios de desarrollo infantil temprano, sin que el Estado ofrezca hasta la fecha una alternativa de servicios supervisados para niñas y niños pequeños”.

Méndez agregó que con la eliminación de las estancias se “fomentan los estereotipos de género, ya que la responsabilidad de los hijos e hijas recae principalmente en las mujeres: las abuelas, las tías, las hermanas”.

Mantener ese estereotipo de mujer cuidadora “incide en la autonomía que tienen las mujeres para desarrollar su propio proyecto de vida, recalcaron.

Como el único alcalde que ha presentado una controversia constitucional, Alfredo Lozoya puntualizó que el argumento que expuso fue que el cierre del programa es, en los hechos, una “violación a los derechos humanos de niñas, niños y sus madres trabajadoras”.

Y pidió que se respete el acuerdo que en julio pasado emitió la SCJN para que sea el pleno el que resuelva el asunto y no la Primera Sala. “porque limita la discusión pública sobre un tema que afecta a la niñez”.

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