«No hay cacería de brujas contra ex funcionarios yunistas»: subsecretario de gobierno de Veracruz

El Subsecretario de Gobierno de Veracruz, Carlos Alberto Juárez niega que haya venganza en contra de yunistas

Nicolás Cruz Hernández/ Xalapa, Ver.- 14 octubre 2019.-Para el Subsecretario de Gobierno de Veracruz, Carlos Alberto Juárez, las órdenes de aprehensión giradas contra cuatro ex funcionarios de la pasada administración de Miguel Ángel Yunes Linares, es un tema de justicia que nada tiene que ver con venganza contra los funcionarios de la pasada administración.

En entrevista en el marco del primer foro «El papel de la religión en el contexto de la violencia en Veracruz», reiteró que es por justicia que nada tiene que ver con venganza contra ex funcionarios de la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares

«Como lo dijo el gobernador, nosotros estamos en la postura de seguir en el trabajo de la administración y parte de eso implica ver todo lo pasado porque adquirimos una responsabilidad como funcionarios y todo va a seguir su cauce legal».

Las órdenes de aprehensión contra estos cuatro ex funcionarios, fueron liberadas el pasado viernes 11 de octubre, por los delitos de corrupción y el abuso de autoridad, De acuerdo con el proceso penal 318/2019., contra Clementina Guerrero García, actual Tesorera del Ayuntamiento de Xalapa, quien fue responsable de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del subsecretario de finanzas, Bernardo Segura Molina; detenido y vinculado a un año de prisión preventiva, el ex tesorero de la Secretaría de Finanzas, Adrián Viccon Bastó y Luis Francisco Virues Hernández, ex sub director de operación financiera.,  los tres  últimos permanecen prófugos.

En su defensa Miguel Ángel Yunes Linares, calificó en un comunicado el viernes próximo pasado como «una atrocidad» las órdenes de aprehensión contra cuatro de sus ex trabajadores, los cuales, dijo, «colaboraron en mi gobierno y lo hicieron con honestidad y eficiencia».

Recordó que previamente la Contraloría General del Estado les había impuesto una sanción económica de más de 750 millones de pesos. «No los acusan de apoderarse de recursos públicos, de robar al erario, ni de beneficiarse de manera alguna con su cargo. Que quede claro, no hay desviación de recursos en favor de ellos, ni de nadie», afirmó.

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