Demanda diputada Ivonne Trujillo a Fiscalía General y a CEDH, investigar a fondo y sancionar asesinato de anciano y su nieta en Atzalan a manos de policias de SSP

Madre y hermanos de María Magdalena Hernández Cardeña, de solo 11 años masacrada por policias de SSP que le dieron el tiro de gracias y robaron el dinero del Programa Sembrando Vida

Nicolás Cruz Hernández/ Xalapa, Ver.- jueves 16 Enero 2020.- La legisladora del partido Movimiento Ciudadano – PRD, Ivonne Trujillo Ortiz, presentó en tribuna del congreso local un anteproyecto de punto de acuerdo para el exhortar a titulares de la Fiscalía General y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informar al Congreso sobre las investigaciones realizadas por el presunto operativo de SSP fallido en Atzalan donde murieron un adulto mayor y su nieta de 11 años.

En el presunto operativo SSP anunció a través de comunicado, que habían detenido a peligrosos delincuentes y se omitió la muerte de dos civiles, un anciano y su nieta, situación que se reveló en exclusiva a través del portal informativo www.plumaslibres.com,mx y de donde otros medios nacionales tomaron la información.

A María Magdalena de 11 años, los policias le dieron el tiro de gracia en según relató su familia en el sepelio

A la iniciativa se sumaron diputados de todos los grupos legislativos que demandan a la Fiscalía General del Estado, investigar a fondo la denuncia de la familia afectada que dijo que además del asesinato del señor Berlarmino Cardeña y su nieta María Magdalena de 11 años, a los que ejecutaron argumentando que en su casa, se ocultaron delincuentes, los policias robaron los recursos que el señor recién había recibido del Programa Sembrando Vida, programa de donde era el coordinador.

Trujillo Ortiz solicitó que se dé a conocer si los elementos optaron por aplicar el tiro de gracia a la menor con el fin de eliminar cualquier testigo de un posible operativo fallido y si abatieron a Berllarmino Cardeña por ingresar ilegalmente a su humilde vivienda, esto con el argumento de buscar detener a delincuentes.

“Apostar a que una estrategia basada en el enfrentamiento directo entre el Ejército o policías en contra de los criminales o incluso que simplemente con intentar mejorar estructuras policiales se resolverán estos conflictos sociales e institucionales, es un error”.

“Los enfrentamientos directos entre grupos del crimen organizado y fuerzas armadas han dejado como efecto colateral la muerte de cientos de personas que tuvieron la mala fortuna de encontrarse cercanos al sitio en donde se dio esta violencia”, planteó en tribuna.

La legisladora de Movimiento Ciudadano – PRD, consideró que no se debe de aceptar la idea del “daño colateral” por un bien mayor, pues se trata de una política de seguridad fallida basada en un operativo que ahora llevó a un enfrentamiento en el que 2 civiles perdieron la vida.

“El pretexto de que estas acciones forman parte del programa Unidos para la Construcción de la Paz; cuando en la madrugada irrumpieron con lujo de violencia en una pequeña localidad del municipio de Atzalan y entraron por la fuerza a diferentes viviendas sin importarles lo consignado en el artículo 19 de la Constitución General de la República, que señala que nadie puede ser molestado en su domicilio sin un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Añadió que el hecho de irrumpir en una vivienda y existir la presunción de haber matado a Berllarmino Cardeña porque se opuso a que entraran en su casa, así como la presunción de haber matado a María Magdalena, quien al parecer presenta el tiro de gracia por haber sido testigo de cómo mataban a su abuelo, debe ser esclarecido.

“Y si eso no fuera poco, las pocas ganancias que obtenían de la tiendita de la esposa de don Berllarmino Cardeña fueron robadas por elementos de las fuerzas armadas y de Seguridad Pública que entraron a su hogar, según el testimonio de Genoveva Hernández, esposa del finado”, planteó. La legisladora. Recordó que las fuerzas armadas y los elementos de seguridad deben de proceder según los protocolos de actuación y en este asunto, parece evidente que no se respetaron, hechos que convierten a Veracruz en uno de los más letales en contra de los menores de edad.

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