Veracruz entre las peores evaluadas en la protección de DH y justicia civil de acuerdo a World Justice Project

Ciudad de México. (Animal Político). En el último año, la seguridad se ha visto afectada en 19 estados: la tasa de homicidios ha aumentado, prevaleció la incidencia delictiva y se deterioró la percepción de los ciudadanos en la materia.

El fortalecimiento del Estado de Derecho continúa siendo un tema pendiente en el país, donde las situaciones de violencia, corrupción e impunidad afectan a millones de mexicanos.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2019-2020, elaborado por la organización World Justice Project (WJP), las entidades más afectadas en materia de seguridad fueron Morelos, Baja California, Estado de México, Guanajuato y la Ciudad de México.

A pesar de que en 19 estados aumentó la inseguridad, WJP destacó que la tasa de homicidios disminuyó en 14 estados, la prevalencia e incidencia delictiva bajó en 13 y la percepción de seguridad aumentó en 18.

El índice midió la situación de los 32 estados del país en Estado de Derecho: si hubo límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, y fue realizado a partir de la opinión de más de 25 mil ciudadanos y 2 mil 600 especialistas, a quienes se les realizaron encuestas.

Los resultados muestran retos persistentes en todo el país en materia de corrupción y justicia, principalmente en Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Morelos, la Ciudad de México y el Estado de México.

Derechos humanos

En cuanto a la percepción de la protección efectiva de derechos humanos, el índice arrojó que las entidades peor evaluadas fueron Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Yucatán, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes y Querétaro tuvieron los puntajes más altos, en ellos la ciudadanía percibió mayor ausencia de discriminación, que se garantiza el debido proceso legal de personas acusadas de delitos y que se respetan los derechos a la vida, a la seguridad y a la libertad de expresión.

Corrupción

El índice señala que la ciudadanía percibió la existencia de sobornos, influencias indebidas en el gobierno y el desvío de recursos públicos en mayor medida en la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Jalisco.

Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Colima fueron los mejor calificados en ausencia de corrupción.

Pesos y contrapesos

Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Guerrero y Chiapas fueron las entidades donde los pesos y contrapesos que limitan las acciones de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y otras autoridades de los estados, resultaron peor evaluados.

Nuevo León, Baja California, Colima, Yucatán, Zacatecas y Aguascalientes fueron las entidades con mayor puntaje en la medición de la independencia de los poderes, de la participación de la sociedad civil y la prensa como contrapesos, así como la sanción a funcionarios que abusan de sus funciones o no atienden la normatividad.

Transparencia

Los estados en los que el gobierno rinde cuentas y comparte información con mayor opacidad fueron Querétaro, Tlaxcala, Nayarit y Tamaulipas.

En la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Zacatecas, los ciudadanos señalaron que pueden conocer el accionar del gobierno a través del acceso a información pública, lo que favoreció la incidencia en sus decisiones.

Aplicación de la ley

En cuanto a la aplicación efectiva de la ley en temas como salud pública, seguridad en el lugar del trabajo, protección del medio ambiente y actividades comerciales, los peor evaluados fueron Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Sonora y Morelos.

Ciudadanos y especialistas calificaron a Querétaro, Guanajuato, Baja California, Campeche y Aguascalientes como los estados donde se cumple de manera más efectiva la normatividad, con menos corrupción en la aplicación de regulaciones y el gobierno estatal no expropia propiedades ilegalmente.

Justicia civil

Este indicador midió si las personas accedieron a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver controversias a través del sistema de justicia civil.

De acuerdo con World Justice Project, para que se garantice el acceso a la justicia civil es necesario que las personas conozcan y confíen en los mecanismos formales para resolver sus problemas legales.

Guerrero, Chiapas, Jalisco, Veracruz y Tlaxcala fueron las entidades que recibieron menor puntuación en materia de justicia civil.

Los mejor evaluados fueron Guanajuato, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y Campeche, en ellos, se consideró que las personas pueden resolver sus problemas legales más fácilmente y sin altos costos ni procesos burocráticos.

Justicia penal

La calidad del sistema de justicia penal fue otro de los aspectos evaluados. Los estados mejor calificados en el respeto a los derechos de víctimas y de personas acusadas fueron Guerrero, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y el Estado de México.

Querétaro, Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato y Aguascalientes tuvieron mayor puntaje en cuanto a a percepción sobre el actuar efectivo de policías y ministerios públicos, así como de los sistemas de procuración y de impartición de justicia.

La investigación de WJP reveló que el Estado de Derecho avanzó en el último año en 15 estados, descendió en 11 y permaneció sin cambios en seis.

México enfrenta grandes desafíos en materia institucional, por ello, considera necesario avanzar en alianzas y políticas públicas que fortalezcan las instituciones públicas y garanticen el cumplimiento de la ley, concluyó.

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