«Queremos actas certificadas por cabildos, no creemos en las presentadas por Gómez Cazarín»: líderes del PAN; PRD y PRI,

Los líderes del PAN y PRD y PRI no creen en la legalidad de las actas presentadas por Gómez Cazarín, impugnarán reforma

Xalapa, Ver., 12 de junio de 2020.* Exigimos transparencia en el proceso y que se confirme la autenticidad y legalidad de las actas de Cabildo de los ayuntamientos para aprobar la Reforma Electoral en Veracruz, manifestó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín.

Este viernes, acompañado de los dirigentes del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, y del diputado local, Omar Miranda Romero, acudió a las instalaciones del Congreso Local para entregar un documento en el que requieren copias certificadas de la documentación recibida del 12 de mayo al 12 de junio.

“Se ha solicitado al Congreso Local, que se entreguen las actas certificadas de los cabildos, con el fin de que se acredite que todo el proceso se ha realizado respetando la ley”, explicó el dirigente estatal priista.

Destacó que el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presentó un informe cuyo origen y autenticidad se desconoce, pues no fue circulado a los diputados de oposición integrantes de la Junta de Coordinación Política que él preside, y tal pareciera que “MORENA tiene prisa por quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también a él lo engañen”.

Cabe recordar que luego de la aprobación de la Reforma Electoral en el Congreso Local el pasado 12 de mayo, se requieren 108 actas de cabildo de ayuntamientos a favor de su aprobación, y fue precisamente el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, quien dio a conocer que ya se cuenta con 110 actas.

Sin embargo, queda en duda que estas cumplan con la ley, ya que el proceso ha sido irregular, no se cumplió con la notificación a alcaldes en tiempo y forma, hay actas de Cabildo incompletas, sin las firmas de todos los integrantes y la posibilidad de que se haya aplicado “su propio criterio” con la “justificación” de falta de respuesta de algún ayuntamiento.

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