Por Luis Pazos/
Uno de los principales compromisos durante la campaña del ahora presidente López Obrador, que le dio el grueso de los votos, fue la promesa de terminar con la corrupción. Millones de mexicanos, hartos del saqueo por gobernadores y altos funcionarios priistas durante el sexenio de Peña Nieto, vieron en el candidato de Morena una esperanza para reducir ese mal, que genera más pobreza y desalienta la actividad económica.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, realizada cada dos años por el Inegi, las víctimas de la corrupción en trámites por cada 100,000 habitantes, aumentaron 7.5% del 2017 al 2019. Los recursos gastados para lograr permisos, documentos, reapertura de negocios y solucionar un problema administrativo con los gobiernos de los tres niveles, se incrementaron en 64%.
Las asignaciones directas de adquisiciones, fuente de corrupción, aumentaron con el actual gobierno. No hay una mayor transparencia en las compras del gobierno federal.
Si algún medio de comunicación, periodista u organismo privado, denuncia un acto de presunta corrupción de un alto funcionario o dependencia federal, hay silencio o la respuesta del presidente o miembros de su gabinete, generalmente es que se trata de un complot de sus enemigos “neoliberales” y “conservadores” y no se inicia ninguna investigación formal.
El combate a la corrupción solo sirvió como un eslogan de campaña para ganar votos. No hay a la fecha más transparencia, menos reglamentación, ni un combate de hecho a la corrupción.
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