CDMX.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espiru le ha solicitado separarse del cargo, aunque no quiso hablar de los motivos reales, ha trascendido que se va molesto por la decisión de AMLO de quitarle a SCT el control y administración de los puertos y la marina mercante y entregarlos a las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, que desde siempre, se habían responsabilizado de la seguridad en los mismos.
Durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el mandatario habló sobre la posible renuncia del secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jimenez Espriu y dijo » “estamos platicando” y el próximo jueves se puede tener una definición.
“Quedamos de reunirnos el jueves…estamos platicando y en unos días vamos a decidir. Vamos a esperar, estamos platicando. Vamos a platicar con todo lo que tiene que ver con la secretaría, es una gente de bien al que respeto mucho y estamos conversando, lo hicimos ayer y quedamos de reunirnos el jueves y en poco tiempo se sabrá”.
Cabe recordar que la SCT administra los puertos de México a través de la Coordinación General de Puertos y Marina. Es de reconocerse que existe en esta área una corrupción brutal manejada desde hace mas de 50 años por una mafia identificada con el PRI que se reparte de manera constante el control de los puertos y las aduanas del país, por donde entra de todo, mas a raíz de que se entregó el manejo de las terminales especializadas a empresas privadas constituidas por capitales americanos, chinos y de otros países.
Algunos creyeron que AMLO solo entregaba la seguridad de los puertos a las fuerzas militares, sin embargo, la renuncia de Javier Jiménez Espiru deja claro que también está cediendo el control de la administración de los puertos a la SEDENA y SEMAR, lo que significará una limpia profunda en el manejo de los puertos y afectación para las empresas concesionarias que usan las terminales especializadas para meter lo que quieran apoyados por la corrupción de funcionarios del sistema aduanero y portuario del país.
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