Ciudad de México. (SinEmbargo).- La defensa de Emilio Lozoya Austin, encabezada por el abogado Baltasar Garzón, buscaría descarrilar un posible juicio en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la filtración de datos a medios de comunicación, dijeron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y litigantes a La Jornada.
El reporte firmado por Gustavo Castillo y Roberto Garduña afirma que la defensa busca evitar que Lozoya Austin pise la cárcel y encontrarle “una salida digna” y viciar el proceso en su contra, con el fin de evitar que pise la cárcel.
Los funcionario y litigantes consultados por el diario de circulación nacional señalaron que la filtración de información a medios buscaría imposibilitar al Ministerio Público de usar esa información para integrar nuevas carpetas de investigación, y en su lugar tener que buscar otros medios para sustentar sus acusaciones,
Ayer, el periódico Reforma detalló que Lozoya Austin, por órdenes de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, habría entregado hasta 52 millones de pesos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para la aprobación de la Reforma Energética.
Al respecto, La Jornada señaló que la estrategia de la defensa estaría operada por Garzón en España, y por Javier Coello Trejo en México, pese a que este último renunció públicamente a defender al extitular de Pemex.
Otro aspecto que llamó la atención de litigantes, señaló el diario, fue el traslado de Lozoya Austin a un hospital del sur de la Ciudad de México y no ante un Juez.
El hecho, puntualizaron, genera dudas sobre el estado procesal de Lozoya Austin.
A la fecha, el exfuncionario continúa hospitalizado por supuestos problemas de anemia y en el esófago.
SALEN NOMBRES
El día de ayer, Emilio Lozoya Austin declaró ante autoridades federales que dio 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), para que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político Pacto por México.
De acuerdo con información de Abel Barajas y Claudia Guerrero para el diario Reforma, fue el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.
De acuerdo con otras filtraciones, muchos de los panistas sobornados eran cercados a Felipe Calderón Hinojosa. El expresidente tuvo un fuerte control de Acción Nacional hasta que dejó el mandato, de tan manera que logró colocar familiares y amigos en listas plurinominales en la renovación de los cuerpos legislativos. Pero los sobornos habrían sido en horizontal y sin distingos. Anaya, quien no era cercano a Calderón, se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de 2013 a marzo de 2014, lapso en el que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Energética. En mayo de 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN.
Dicho dinero fue entregado en agosto de 2014 a una persona cuya identidad aún no ha sido revelada, reportó Reforma. No obstante, Lozoya mencionó que mantuvo comunicación con dicha persona a través de dos números telefónicos, para acordar el pago.
Entre el 11 diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya envió más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN. Entre los nombres de los señalados destacan los exsenadores Ernesto Javier Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas. También fueron mencionados los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente.
Otros de los destinatarios nombrados por Lozoya fueron Jorge Luis Lavalle Maury, expresidente de la Comisión de Administración del Senado, y Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la misma, quien además estuvo implicado en la recepción del dinero, subrayó Reforma.
ARRIBO A MÉXICO
La madrugada del 17 de julio, Lozoya Austin llegó a la Ciudad de México para enfrentar a la justicia. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es el personaje clave para desatar una posible red de corrupción en el sexenio peñista y su testimonio y un “arsenal de evidencia”, como se ha dicho, podría implicar a políticos, exfuncionarios y hasta empresarios en su más alto nivel.
Lozoya Austin arribó a la capital del país, luego de un vuelo de 15 horas desde Madrid, España, donde estuvo preso en la cárcel de Navalcarnero. El martes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que había enviado un avión de las autoridades mexicanas por el exdirector de Pemex, luego de que la Audiencia Nacional de España aprobara la extradición de Lozoya, una petición que hizo el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La FGR expuso en un comunicado oficial que antes del arribo de Lozoya al país se informó a jueces de control la hora aproximada de su llegada, y lo primero fue aplicarle protocolos de derechos humanos como parte de sus prerrogativas, además de que fue revisado por un médico de la propia Fiscalía para acreditar su integridad física.
Posteriormente, fue trasladado a un hospital tras presentar un cuadro de anemia.
Un perito de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una revisión física y médica a Lozoya a su llegada a México y encontró que tenía anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, “así como una debilidad general en toda su salud”, por lo que fue trasladado a un nosocomio para su atención.
La dependencia informó que la familia del exfuncionario extraditado desde España pidió que un médico particular también le hiciera una revisión y éste encontró los mismos síntomas, por ello el Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un centro hospitalario, donde permaneció en calidad de detenido bajo vigilancia policiaca.
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