Caso Lozoya: El teatro guiñol de la 4T

Las declaraciones rendidas por Emilio Lozoya y la denuncia de hechos en contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray, presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), exhiben el lado más sucio de la política mexicana.

Las prácticas perversas utilizadas durante el Gobierno de Peña Nieto son lo más alejado de la política en estricto sentido y exhiben el retroceso de ciertos hombres del poder, a grado tal, que parece que vivían en el Neolítico, cuando la sociedad comenzó a organizarse.

En aquel periodo prehistórico –etapa plagada de abusos donde se imponía la ley del más fuerte o del mejor preparado– se entendían los abusos porque no había marcos legales ni sistemas de organización social, todo estaba por construirse; lejos, muy lejos estaba la democracia, sistema que, a decir verdad, ni en Grecia se utilizó en todas las polis –su práctica fue parcial y no total– como sí ocurrió después de la Revolución Francesa.

Lo que exhibió Emilio Lozoya ante la FGR es una revelación que en realidad no debe escandalizar. No dice nada nuevo, ni un pedazo de verdad que no conozcamos respecto de cómo ha funcionado el sistema político mexicano, regido por el compadrazgo y la corrupción; una suerte de asalto en pandilla sexenal cobijado por el pacto de impunidad, una ley no escrita que rige el ejercicio de la política y del poder en México.

Resulta curioso adentrarse a los detalles desgranados por Lozoya, por ejemplo, cuando afirma que se utilizaron unos 100 millones de pesos para sobornar a legisladores –diputados y senadores– a fin de que, sin cortapisas, aprobaran la Reforma Energética, el marco regulatorio e instrumento para que el Gobierno encabezado por Peña Nieto entregara la riqueza energética, mediante contratos amañados, a los intereses de empresas privadas extranjeras.

La entrega de dichos fondos, según su dicho, fueron acordados por el entonces Presidente Peña Nieto, Luis Videgaray –y él mismo como titular de Petróleos Mexicanos (Pemex)– para acelerar la aprobación del paquete de reformas que el entonces mandatario festinó a boca llena como un gran paso a la modernización del país. Y felicitó a los legisladores por pensar en los intereses nacionales. El cinismo sin fronteras.

Cuando afirmo que, fuera de estos detalles, no hay nada nuevo en las declaraciones de Lozoya es porque a muy pocos sorprende que desde la Presidencia de la República se haya sobornado al Congreso –o a buena parte de los legisladores que conformaban la pasada Legislatura– porque ha sido una práctica recurrente en México.

A nivel estatal, por ejemplo, es posible que haya ocurrido lo mismo cuando los diputados locales ratificaron la Reforma Energética porque en cada entidad el Gobernador en turno designa al líder del Congreso y éste recibe órdenes del mandatario estatal. Si hay una oposición numerosa, recurren a la práctica de lubricar la tarea legislativa con dinero para que los diputados decidan con base en “los intereses nacionales”, nada más alejado de la política, distante el llamado “bien común” que consigna la ciencia política en su esencia y/o teoría teórica.

Otro ejemplo de esa práctica sucia es la polémica Ley Bonilla, anulada por la Suprema Corte, impulsada en Baja California por el entonces Gobernador Francisco Vega Lamadrid, según denuncias públicas, mediante sobornos millonarios para los diputados locales.

La historia que nos cuenta Emilio Lozoya, con independencia de algunas revelaciones, lo exhiben como un verdadero títere. Fue la marioneta, el cómplice de Enrique Peña Nieto para cometer los actos de corrupción que ahora denuncia –el caso Odebrecht y la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados– y, por si fuera poco, ahora se pone en manos de su nuevo titiritero– el Gobierno de la Cuarta Transformación– para denunciar actos de corrupción a cambio de salvar el pellejo y el de su familia cuando la FGR y él como testigo saben de antemano que los delitos de que acusa a Peña y a Videgaray ya están prescritos.

Esto no quiere decir que los delitos no se hayan cometido. ¡Claro que se cometieron! Pero de lo que se trata es de desenredar los detalles y tender una enorme cortina de humo que acompañará al Gobierno de López Obrador de aquí hasta el 2 de julio de 2021, cuando se celebren las elecciones intermedias.

Y es que un Gobierno que carece de resultados y navega entre las arenas movedizas de enormes crisis como la violencia del crimen organizado, el oscuro trance de la economía, la pobreza y la imparable mortandad causada por la COVID-19 –un verdadero cataclismo–, el Gobierno de López Obrador tiene que recurrir forzosamente a un teatro de marionetas como el que se ha montado con Lozoya.

Como show es bastante divertido, aunque muchos medios de comunicación creen a pie juntillas que esta investigación va en serio y hasta alucinan con ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Que no se nos olvide que la política es un teatro, un juego y en estricto sentido un arte que consiste en negociar. Hasta los próximos encarcelados ya están negociados de antemano. Y aquí vale la pena citar al dramaturgo irlandés, Oscar Wilde, quien en los tiempos aciagos que vivió cuando fue perseguido por su homosexualidad expresó: “Ni lo fortuito me sorprende”.

Peña Nieto no irá a la cárcel, pero seguramente alguien que formó parte de su equipo podría pisarla. Sin embargo, esto no sería nada fortuito sino producto de una negociación incluso con el futuro encarcelado. En política como en el crimen organizado, todo es posible.

Basta recordar una historia que le pone sentido a esta reflexión: Cuando Miguel de la Madrid fue ungido candidato a la Presidencia de la República, a principios de 1982, se reunió con Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, entonces poderoso líder del sindicato petrolero.

Hábil en el arte de la marrullería, “La Quina” siempre ablandó a los candidatos presidenciales –desde Luis Echeverría hasta José López Portillo– con el cuento de que ya estaba cansado y pensaba dejar el poder. Todos, sin excepción, le dijeron: “No, Joaquín, espérate un poco más”. Y él, obediente, respondía: “Lo que usted mande, señor Presidente.

Tocó el turno a Miguel de la Madrid. Hernández Galicia lo invitó a Ciudad Madero, Tamaulipas, su feudo. En una caminata, “La Quina” –quien no quería dejar el sindicato– soltó el ardid: “Señor Presidente, quiero comentarle en confianza que ya he pensado en retirarme, ya estoy muy cansado y creo que es tiempo de dejar el gremio”.

De la Madrid guardó silencio. “La Quina” retomó el tema con la voz tan suave como un minué. El abanderado del PRI siguió sumido en el mutismo. De inmediato por la mente del líder petrolero desfilaron muy negros presagios. Corrió a comentarle a Salvador Barragán Camacho, su hombre de confianza, lo sucedido y rápido urdieron otro plan. La construcción imaginativa de que venía lo peor los enloqueció.

Sabían que la llamada Renovación Moral era el arma fuerte de Miguel de la Madrid –al final de ese sexenio la renovación moral resultó una gran farsa, un teatro– y que era posible que empezara por el sindicato petrolero. Barragán Camacho mandó llamar con urgencia al tesorero del sindicato, Héctor García Hernández, “El Trampas”, uno de los hombres más corruptos de la historia de ese gremio, quien por cierto falleció el pasado 27 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz.

Le dijo: Tú serás ejemplo de la renovación moral de nuestro sindicato, nos vamos a adelantar. Y le contó: Te vamos a ofrecer en holocausto para aparentar la renovación moral en nuestro gremio. Y enseguida le detalló el plan: Te destituimos, te acusamos ante las autoridades, huyes, le echamos tierra al asunto y en dos años vuelves.

Y “El Trampas” aceptó.

Era una regla de oro en el sistema priista y en el actual no parece haber cambios. Este Gobierno es una continuidad maquillada del pasado. López Obrador es un hombre del sistema: el sistema lo hizo, le permitió crecer y llegar al poder. Él conoce esta regla de oro. Seguramente habrá presos por la corrupción orquestada durante el Gobierno de Peña Nieto, por citar sólo al penúltimo Presidente, pero si eso ocurre ya es un tema acordado. Por eso Peña Nieto ordenó a los gobernadores no meter las manos en el proceso electoral del 2018 y, así, le abrió el camino a López Obrador. ¿Esto quiere decir que Peña Nieto resultó un demócrata? ¿O Hubo pacto?

La Cuarta Transformación necesita vida y el show es vida, de otro modo sería muy aburrido sólo escuchar las mañaneras con el mismo sonsonete. Tienen que variar ese bajo obstinato y el caso Lozoya les permite variar la tonada.