Hasta hace poco más de dos años diversos políticos y comentaristas de izquierda criticaban con dureza la forma en que administraciones anteriores a la actual combatían el narcotráfico y la epidemia de influenza denominada AH1-N1.
También señalaban el bajo crecimiento económico del país que promediaba apenas un 2% anual y declaraban que las fuerzas armadas deberían regresar a sus cuarteles.
Criticaban igualmente la violencia en que se encontraba el país, así como el enorme poder que tenía el presidente y la contratación de obras públicas bajo sospecha de irregularidades en los concursos, lo que apuntaba a posibles casos de corrupción.
El sistema de salud también era objeto de dura crítica. Decían que el llamado Seguro Popular, no era ni seguro, ni popular.
En base a como estaban las cosas y deseando un cambio para mejorar, más de 30 millones de mexicanos votaron por quien anunciaba transformar al país y generar un crecimiento económico del 4% en el primer año, con más empleos, mejor seguridad y a mediano plazo un sistema de salud similar al de Suecia. También por quien prometía combatir a fondo la corrupción.
Pero oh sorpresa!. La nueva administración revivió políticas estatistas que en el pasado no funcionaron. Dividió y enfrentó a los distintos sectores que conforman la sociedad. Eliminó el Seguro Popular y lo sustituyó por un Instituto de Salud para el Bienestar, cuyas reglas de operación son confusas y carece de un presupuesto adecuado. Reforzó el papel que jugaban en la economía los ineficientes monopolios estatales que controlan los combustibles y la electricidad, a pesar de que se han convertido en un pozo sin fondo.
Desconoció contratos y acuerdos firmados por el Gobierno Mexicano en administraciones anteriores y canceló obras públicas y privadas cuyo avance era importante, bajo el argumento de que eran producto de la corrupción. Curiosamente no denunció ni detuvo a nadie y a las constructoras que participaban en el aeropuerto de Texcoco les otorgó nuevos contratos para otros proyectos.
Al mismo tiempo destinó recursos cuantiosos a obras públicas que no fueron resultado de estudios de viabilidad y rentabilidad, sino más bien de promesas de campaña basadas en ocurrencias.
Con estas decisiones la inversión cayó. El empleo también. La violencia se disparó. La escasez de medicamentos y equipo de protección para el personal de salud en los hospitales públicos se hizo notoria. El crecimiento económico se derrumbó al 0.1% antes de la epidemia y ahora se pronostica que decrecerá y quedará en el mejor de los casos en el -10%.
El poder del presidente aumentó. Controla actualmente en mayor o menor grado a los otros dos poderes. Los militares no regresaron a sus cuarteles. En esta administración la mayoría de los contratos se otorgan mediante adjudicación directa. Si con las licitaciones públicas había sospechas de arreglos por abajo del agua; con las compras y contratación de obras sin licitación, la posibilidad de prácticas irregulares aumentan.
El mal manejo de la epidemia hace que el número de fallecimientos sea de centenares de personas al día, lo cual hubiera generado con justa razón airados reclamos y protestas en administraciones anteriores.
Actualmente no hay tales reclamos porque por un lado el pueblo bueno y sabio duerme. También porque resulta que los “protestantes” de antes son ahora gobierno y ni modo de que protesten contra ellos mismos.
La solución está en el 2021, donde puedan restablecerse los equilibrios para que el gobierno funcione mejor, con más transparencia y mayor eficiencia. Seguir como vamos ahora, sin frenos ni contrapesos, resulta peligroso para el país.
¿No les parece a Ustedes?
Muchas gracias y buen inicio de semana
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