Todos se dicen puros, honestos e inocentes. Ante cualquier señalamiento, pronto salen a denunciar que son víctimas de persecuciones orquestadas desde el poder. Inaugurando con la asqueante muletilla boroliana de “rechazo categóricamente” –hoy actualizada como “rechazo calderónicamente” –, esos personajes van abonando nuevas frases al glosario de impunidad:

«No tengo nada que temer”, dijo el gobernador de Querétaro.

“Son mentira total”, manifestó el gobernador de Tamaulipas.

“Además de falsa, la información es absurda”, dijo el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

“Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país”, aseveró el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

“Son mentiras inventadas”, expresó Luís Videgaray, el ex secretario más poderoso de la administración de Enrique Peña Nieto.

Y así por el estilo.

Lo anterior, como reacción a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Emilio “N”, ERLA, o Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos durante el peñanietismo, hoy imputado con señalamientos penales muy serios, al grado que ha solicitado asumirse como testigo colaborador en la FGR. En su denuncia, ERLA cita a los arriba indicados, y a otros más, como parte de una maquinación de entrega y recepción de jugosos sobornos, en el contexto de la aprobación de iniciativas gubernamentales; principalmente, la reforma energética.

¡Cómo no van a negar esos individuos la perpetración de ilícitos! Creen seguir siendo los prohombres del régimen mafioso que por décadas reinó en México, cuando aun cometiendo los actos más deleznables, se paseaban por doquier con el certificado de respetabilidad que garantizaba su pertenencia al círculo de poder. Sorpresa, indignación e insulto son hoy sus respuestas; rayando en el extremo de alegar que los “males” que padecen son producto de venganzas políticas. Bajo ningún concepto están dispuestos a reconocer que fueron sus errores, sus comportamientos al margen de la legalidad (¡sus raterías, pues!) los que hoy les tienen sentados en el banquillo de los acusados. No son capaces de realizar un acto de contrición y comprender que tienen que pagar el daño causado al país.

Las cosas cambiaron con la asunción al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Su voluntad de combatir la corrupción y la impunidad se materializa en acciones de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Tales esfuerzos se acompañan del trabajo desarrollado por la FGR, entidad autónoma del Estado mexicano. En cada gestión, esas instancias hacen saber que van con todo en contra de los truhanes.

Al respecto, vale mencionar la reciente difusión de un video, realizado en 2015, donde aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dinero de David León ex director de protección civil y a la sazón consultor privado. Es imprescindible que ese asunto se aclare, y si se cometió una ilegalidad, se castigue. La UIF ha anunciado que iniciará las indagaciones necesarias. Buena decisión.

Una acción que configure delito debe sancionarse, independientemente de quién la realice. El jefe del Ejecutivo lo ha dicho de manera reiterada: “al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”. También ha mencionado que no será tapadera ni de amigos ni familiares. En la mañanera del viernes 21, el propio mandatario sugirió a su hermano y a David León presentarse ante la autoridad correspondiente y no ampararse. No conforme, al día siguiente insistió en que el asunto se investigue a fondo. Diferencia palpable respecto de las viejas prácticas.

Muchos ciudadanos desean ver a los malhechores responder por sus delitos. La pregunta es si ello será posible, pues los bandidos no están solos; tienen de su lado a políticos, gobernantes, funcionarios, jueces, organizaciones empresariales, medios y columnistas, entre otros, quienes mantienen la esperanza de retornar al régimen de privilegios y componendas que les benefició por décadas.

En su lucha por sacar al país del atolladero el presidente cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos, quienes desean superar, finalmente, la etapa oscura de delincuencia sin freno. En tal suerte, frente a las intentonas de los opositores de insinuar que “todos son (somos) iguales”, está en manos del pueblo el no equivocarse. Ya veremos si en los meses por venir, y durante el proceso electoral de 2021, la mayoría de ciudadanos manda a los corruptos al lugar que merecen.

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@RicSantes