CDMX.- El ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar Spinoso Carrera, tendrá que pagar la multa por 27 millones de pesos, que le impuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que lo encontró responsable de diversas irregularidades cometidas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, según resolvió la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El ex diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar Spinoso Carrera, operó los 38.5 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) identificó como posible lavado de dinero desde la Secretaría de Educación del estado del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, preso por corrupción.
Spinoso Carrera fue encontrado responsable de autorizar el pago de salarios a personal supuestamente comisionado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con fondos de un programa federal que en realidad nunca se llevó a cabo.
El proyecto de resolución, presentado por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, señala que el sancionado no pudo probar que estos recursos hayan sido utilizados legitimante: “Se arriba a la conclusión que todos sus argumentos son infundados, que no logra desvirtuar la presunción de legalidad de la actuación de la Auditoria Superior de la Federación y se propone confirmar la validez de la resolución controvertida consistente en la determinación de responsabilidad resarcitoria de manera directa en cantidad de 27 millones de pesos a cargo del señor Edgar Spinoso Carrera”.
Edgar Spinoso Carrera fue el oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz hasta el año 2014 y se encargaba de la administración del presupuesto de la dependencia. En ese puesto avaló los contratos concedidos por la dependencia -unos 325 millones de pesos- a empresas fantasma que fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Procuraduría General de la República (PGR) buscará el próximo sábado demostrar la conexión que existe entre Duarte de Ochoa con su socio y operador financiero Moisés Mansur Cysneiros y la empresa Consorcio Brades.
En la audiencia de control del lunes 17, los fiscales de la PGR sólo pudieron acreditar la relación de al menos 38.5 millones de pesos, que Duarte habría utilizado mediante sus prestanombres.
Para acreditar esa cifra, la PGR considera que el 23 de diciembre del año 2012, Duarte de Ochoa como titular del gobierno del estado de Veracruz, tuvo conocimiento de una operación realizada a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
El Oficial Mayor de la SEV, Spinoso Carrera, autorizó la transferencia financiera aquel domingo 23 de diciembre desde las cuentas de esa dependencia, según consta en documentos internos.
En ella, la empresa Solaria Technologies Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable recibió en su cuenta de Banco Multiva 132180000039623262 una transferencia de 38.5 millones de pesos, desde la cuenta 014840655042417786 de Banco Santander. La cuenta aparece a nombre de GVER Secretaría de Educación de Veracruz.
Solaria Technologies a su vez, transfirió 6 millones 55 mil 257 pesos a Sakmet Inmobiliaria y después 3 millones 984 mil 606 pesos a Bepha Inmobiliaria.
Ambas compañías el 20 de enero de 2016, enviaron 4 y 15 millones de pesos a Consorcio Brades S.A de C.V. misma firma que entre sus accionistas tenía Nadia Isabel Arzate Peralta, quien trabajaba como secretaría de Moisés Mansur, verdadero dueño de dicha firma.
Nadia Isabel Arzate Peralta, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), muestra que entre los ejercicios fiscales 2011 y 2013 presentó retenciones realizadas a terceros, por haber cobrado 507 mil 804 pesos en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz
De esta forma, una empleada de Moisés Mansur, quien era en las actas constitutivas accionista de una de sus empresas, ocupó una plaza en la estructura de la Sefiplan veracruzana y cobró un sueldo durante dos años en la administración de Javier Duarte de Ochoa
La UIF de la SHCP establece que luego de ver cómo desde el gobierno del Estado de Veracruz se hicieron movimientos a decenas de empresas consideradas fantasma por el SAT y en especial muchas operaciones con Consorcio Brades, es factible que Duarte y Mansur realizaran operaciones ilícitas.(FUENTE: Aristegui)
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