Por: Samuel de Jesús Barajas Zayas
El pasado jueves 1 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió la constitucionalidad de la consulta que se encuentra dirigida al enjuiciamiento de expresidentes mexicanos sentando un precedente sobre la participación de la población en las obligaciones inherentes del Estado.
La participación ciudadana como derecho se encuentra consagrada en el artículo 35 constitucional el cual establece las reglas a seguir para materializar dicha garantía. En ese mismo apartado se encuentran los límites y los alcances que la consulta ciudadana puede tener frente al Estado. Sin embargo, el más alto tribunal del país sumó una nueva interpretación que recae en la cuestión ética ya que los ministros han dejado al arbitrio de los ciudadanos uno de los fines más importantes del Estado que implica proteger a la población por medio de la justicia y de las normas para que los más fuertes no abusen de los más débiles.
Con ello, el valor de las instituciones que fueron creadas para solucionar problemas específicos de la vida cotidiana del país puede demeritarse, además de dar paso a un enfrentamiento constante entre diversos sectores de la población. Al existir un camino subjetivo frente a hechos objetivos donde respuestas como “si o no” ó “a favor o en contra” implican que el Estado accione o sea omiso para cumplir con sus obligaciones, la misión del Estado-nación pierde su sentido y a perder su sentido este ya no tiene fin para su existencia, lo que dejaría a la población en un arbitrio insostenible en donde los sujetos dominantes o las mayorías serían los únicos beneficiados.
Los valores que una sociedad consagra y que entienden como verdad para la paz y el bienestar de su comunidad se plasman a través del concepto de justicia en las constituciones de los países. Así sucede en México en donde los principios, reglas y normas para vivir en orden fueron descritos por el congreso constituyente desde 1916.
Interpretar lo que se pretende hacer como democracia o justicia es sumar a la consolidación de una “oclocracia” donde todos pueden opinar y convencer (aún siendo ignorantes de lo injusto que puede ser) sobre la dirección del Estado. Con la decisión de la corte es posible vislumbrar que, si el día de mañana se quiere decidir sobre quitar impuestos, regalar bonos o construir barreras entre ciudades, podamos elegir y hacerlo vinculante porque “el pueblo pone y el pueblo dispone”.
En la técnica jurídica la ponderación enseña que los derechos no son absolutos y que cuando existe una colisión o choque de derechos entre sujetos se tiene que optar por el que asista a la razón y de más beneficios al gobernado, pero midiendo su alcance para no afectar el interés social y el orden público.
Si el Estado es indiferente frente a hechos que observa o conoce y que como consecuencia le perjudican, la solución a ese problema no se encuentra en las consultas sino en cambiar a los sujetos que se encargan de hacer cumplir la misión del Estado. Trasladar el poder de decisión de quienes realmente lo tienen por mandato constitucional no va a garantizar la efectividad de las instituciones.
La democracia y el buen ejercicio de la administración pública no funciona por medio de consultas, funciona por medio de la efectividad de las instituciones, organismos y dependencias de gobierno. La democracia amplia la base para la paz en la comunidad especialmente en niveles con amplio contacto con la ciudadanía. Los sistemas democráticos robustamente fortalecidos sirven para difundir valores humanos como la tolerancia, inclusión social o la responsabilidad de las autoridades, pero solo por medio de la vía institucional, mismas que son las reglas del juego para una sociedad y que se entienden también como limitaciones del hombre para la interacción humana.
Decidir sobre si el Estado debe ejercitar o no acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas no lleva a ningún lado, claudica a favor de la polarización, subjetiviza el actuar “objetivo” de la autoridad, deforma al valor de la justicia y suma al desorden social.
Nuestro país necesita de democracia y justicia efectiva atendiendo al respeto de los valores, la cohesión social, el deber ser de nuestro sistema legal, la objetividad y sobre todo la verdad de los hechos.
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