Jorge A. González// Reportaje Especial / El Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) estaría sujeto a sanciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, al ignorar los plazos para cargar y actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia como entidad pública de gobierno.
Según el Acuerdo ODGISE-30/05/05I2020, el Instituto Veracruzano de Acceso a Ia Información y Protección de Datos Personales (lVAI), en sesión del día 5 de mayo del presente año, determinó en el acuerdo número uno de la orden del día, una prórroga limitada para hacer pública la información de los servidores públicos de las instituciones de gobierno:
“Se aprueba la ampliación del plazo para Ia carga y actualización de la información de las obligaciones de transparencia del primer trimestre del ejercicio dos mil veinte que realizan los sujetos obligados que integran el padrón del Instituto, para efectuarse del uno de mayo al treinta de junio de dos mil veinte”, suscribe el documento.
Hasta el momento la institución que dirige Silvia Alejandre Prado, con 300 trabajadores en nómina y un presupuesto de egresos de más de 104 millones de pesos; sólo ha cargado a su Plataforma de Transparencia los dos primeros trimestres: enero, febrero y marzo; así como abril, mayo y junio.
En revisión detallada del Portal de la Unidad de Transparencia del IVEC, a cargo de Aurea Flores Pérez, a una semana de que concluya el primer mes del último trimestre del año, la unidad incumplió al no concentrar, cargar y actualizar información pública de los meses de julio, agosto y septiembre.
Se encontró que de las 39 Obligaciones Generales, 38 no están actualizadas en su tercer trimestre al corte al 23 de octubre, el resto se refiere a los Dictámenes Financieros que son anuales, no obstante, aunque no concluye el año 2020, el dictamen del periodo 2018-2019 no está registrado.
El Comité de Transparencia sólo ha sesionado en el primer trimestre del año, mientras que omite asentarlo en la actualización de cada trimestre, al no haber acuerdos o acciones respecto a las actividades propia del instituto; mientras que en el apartado de Auditorías, no se encontró la información sobre la claridad en el manejo de los recursos públicos referente al tercer trimestre.
En el caso de las Obligaciones Estatales, de las nueve señaladas, es inexistente la información de seis obligaciones para el tercer trimestre, la Cuenta Pública que es anual está exenta al no terminar el año, y lo único que está a tiempo es la categoría de Índices de Expedientes Reservados que se reportan de manera semestral.
Como parte de las Obligaciones Específicas, divididas en cuatro categorías, el apartado de Condonaciones no está en tiempo del tercer trimestre, sin celdas e hipervínculos que contengan información. El apartado de Expropiaciones, aunque no se haya generado ninguna en el tercer trimestre, debe quedar asentado; respecto de Corredores y Notarios Públicos, así como Concesiones y Transporte Público son cargadas y actualizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
El plazo concluyó el pasado 30 de junio, y “no existe prórroga que se refiere al tercer semestre: julio, agosto y septiembre, el cual debería estar arriba en este mes de octubre”, afirmó tajante Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI, al ser cuestionada sobre el desempeño de las unidades de transparencia de las instituciones públicas del gobierno del estado de Veracruz.
Obligaciones y sanciones
Al ser sujetos obligados Alejandre Prado, directora del IVEC; Aurea Flores Pérez, titular de la Unidades de Transparencia; y Gisela Julieta Pérez Trujillo, Subdirectora de Administración, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz es clara en su Artículo 15.
“Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública de conformidad con los lineamientos que para el caso expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones”, precisa.
La misma ley prevé en su apartado referente a la Verificación de las Obligaciones de Transparencia, en su artículo 29, que el IVAI está facultado para que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados, cumplan con lo dispuesto en el articulado y demás disposiciones aplicables de la normativa.
Para los encargados de las unidades de transparencia y los sujetos obligados, el artículo 257 fracción II, es puntual para quienes son motivo de sanción: Actuar con negligencia, y no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley.
Al IVAI le corresponde determinar y ejecutar las sanciones de conformidad con lo señalado en la ley, específicamente en el artículo 258, que exhorta al “apercibimiento, multa administrativa, multa adicional por cada día que persista el incumplimiento; no obstante, las sanciones de carácter económicas no podrán ser sufragadas con recursos públicos”.
Las reglas administrativas a que se refiere el artículo 259, se impondrán “a partir de la gravedad de la responsabilidad, las circunstancias sociales y culturales del servidor público, el nivel jerárquico y antecedentes del infractor, la antigüedad en el servicio y la reincidencia”.
Transparencia y ética
La irresponsabilidad de Alejandre Prado recae de manera contundente en su persona, principalmente en su compromiso con la ciudadanía al adquirir una responsabilidad como servidora pública, y al formar parte de una administración estatal que tiene como bandera política la transparencia, honradez y austeridad.
Dos conceptos como la transparencia y la ética son ajenos a la práctica de Alejandre Prado al frente del IVEC. Su conducta ventajosa y abuso de sus facultades como directora, lograron colocar a Flores Pérez en el cargo como Titular de la Unidad de Transparencia de la misma dependencia, con quien mucho antes sostenía un vínculo de amistad.
Aurea llegó al instituto en el año 2012 como personal de confianza, fue hasta el 2013 cuando logra -en poco tiempo- una plaza eventual (No. 155139) de categoría subdirector tipo A, con un sueldo de 7 mil 524 con 23 centavos mensuales sin tener el perfil y ni la antigüedad adecuada; su arribo al instituto en su momento y para quien le permitió llegar a tal estatus laboral, transgredió el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Lo más grave es que al conocer las irregularidades laborales para llegar a su actual puesto como responsable de la Unidad de Transparencia del instituto, ambas funcionarias pisotearon el propio Código de Ética del IVEC, que cita en su capítulo II, fracción I: “La legalidad” de conducirse en su encargo, mientras que la fracción II se refiere a “La Honradez”, que exige “integridad, probidad y veracidad”, así como “diligencia, honor, justicia y transparencia”.
Los principios y valores de instituto de cultura que alguna vez enarboló con orgullo su fundadora Ida Rodríguez Prampolini (1987), son arrinconados hoy más que en otras gestiones por la de Alejandre Prado, al poner en un cargo de gran responsabilidad, a una figura que sólo tiene el mérito de ser amistad, consciente de que la titular de la Unidad de Transparencia se asume como licenciada en derecho cuando es pasante, y por consecuencia no posee cédula profesional, según el Registro Nacional de Profesionistas.
Y aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la información para el Estado de Veracruz no considera titulación para los encargados de las Unidades de Transparencia, sí deja claro en su artículo 123 las características que deben cubrir cuando les confieren dicha responsabilidad:
“Los sujetos obligados deberán profesionalizar a sus titulares de las Unidades de Transparencia, mediante la capacitación continua y el pago de emolumentos acordes a su responsabilidad, así como dotar de una infraestructura adecuada y suficiente a dichas Unidades, para proporcionar una atención digna a las personas que requieran información o la protección de sus datos personales. El Instituto vigilará el cumplimiento de esta disposición”.
Sin experiencia en la administración pública y sin tener perfil hacen un desorden esas son las consecuencias del amiguismo y compadrazgo que recae en el ejecutivo estatal no impone orden