Denuncian que con Rocio Pérez en SEDEMA sigue la corrupción en los 249 centros de verificación y 69 verificentros

La ex diputada de Morena, María del Rocío Pérez Pérez ahora en SEDEMA, continúa administrando la corrupción heredada en el manejo de los centros de verificación

Xalapa, Ver.- Con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y María del Rocío Pérez Pérez como secretaria de SEDEMA, continúa la corrupción con que se operan todos los centros de verificación en el estado de Veracruz, denuncian usuarios quienes lamentan que pese a las constantes denuncias, el gobernador no haya realizado ningún cambio pues está visto que la «corrupción» es una tonada en su gobierno. 

La legislación vigente permite la coexistencia de centros de verificación y verificentros vehiculares, cuya diferencia fundamental es que los verificentros tienen la capacidad técnica para realizar los análisis de emisiones contaminantes que se emiten a la atmósfera.

En Veracruz, antes de la reforma de 2014, era legalmente permitido realizar la prueba de verificación estática, las “concesiones” se otorgaban sin que mediara ningún tipo de concurso o proceso legal y la pruebas se realizaban bajo sistemas nulos de control de calidad, en realidad se simulaba un proceso de verificación que tenía más fines recaudatorios que ambientales.

Actualmente el gobierno del Estado, violentando el marco normativo, continúa permitiendo que los Centros de Verificación realicen pruebas a gran parte del parque vehicular en el estado, con equipos totalmente obsoletos y sin un auténtico procedimiento de medición.

La contaminación atmosférica es un problema latente en todo el mundo, Veracruz por supuesto, no es la excepción, mucho más si tomamos en cuenta que en todo el estado existe un parque vehicular actualizado a 2018 y según datos del INEGI, a 2 millones 61 mil vehículos automotores, de los cuales 171 mil son motocicletas y por supuesto las áreas de mayor concentración son las zonas urbanas o conurbaciones de Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Poza Rica y Coatza-Mina.

El estado tiene tres estaciones de monitoreo ambiental ubicadas en Xalapa, Minatitlán y Poza Rica.

De estas, al menos dos: Xalapa y Poza Rica presentaron condiciones atmosféricas complicadas, con “mala” calidad del aire en mayo del año pasado; este año, la estación de Minatitlán en su último registro  en la página oficial de Sedema en agosto pasado, la calidad del aire registrada fue “regular”, medición que se dio en condiciones de restricciones vehiculares debido a la pandemia de Covid19 y de acuerdo al Índice Veracruzano de Calidad del Aire (IVECA).

De acuerdo a información publicada por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), en esta capital fueron al menos tres días consecutivos con una calidad del aire mala y muy mala, alcanzando concentraciones máximas de 165 puntos IVECA con relación a las partículas suspendidas (PM 2.5) y 34 puntos de ozono, mientras que en Poza Rica se reportó un nivel máximo de 110 puntos IVECA y 44 puntos de ozono.

A pesar de esos registros y de la medición reciente en Minatitlán no hay un protocolo en caso de contingencia ambiental.

A partir del año 2014, la verificación vehicular dinámica en Veracruz es “obligatoria”, sin embargo, cifras de verificentros estiman que cumplen con  este “requisito” sólo el 30 por ciento de los automóviles obligados a verificar, es decir, un millón 899 mil, pues las motocicletas no están en este rango.

El 18 de marzo pasado, a través de un boletín oficial,  las secretarías de Medio Ambiente (SEDEMA) y Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado y la Dirección de Transporte del Estado, “invitaron” a la ciudadanía a participar en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2020, “que tiene por objetivo sacar de circulación las unidades que emitan contaminantes y privilegiar un ambiente sano para los veracruzanos”, en los hechos esto no ocurre, a pesar de que la misma autoridad explica que “ este Programa atiende con permanencia la problemática del deterioro ambiental, en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 13 “Acción por el clima” y 15 “Vida de ecosistemas terrestres” de la Agenda 2030; promovidos por el Eje IV Bienestar Social del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2029-2024”, es decir, el actual gobierno de Cuitláhuac García está consciente de la problemática, sin que tome las medidas necesarias.

En la actualidad, en Veracruz,  existen 249 centros de verificación y 69 verificentros.

Los verificentros son instalaciones que están en condiciones técnicas de aplicar la prueba dinámica, obligatoria en la Ciudad de México desde hace casi treinta años, sin embargo, para el caso de las entidades federativas, esta obligatoriedad se decretó a través de la Norma Oficial Mexicana (NOM-047/SEMARNAT-2014) en el año 2014.

Aunado a lo anterior, a través de la norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, se modificaron los límites permisibles en la emisión de contaminantes, por lo que con estas reformas la federación y las autoridades ambientales determinaron que es obligación de todas las entidades federativas establecer un programa de verificación vehicular; la prueba obligatoria en toda la república es la prueba dinámica y que las pruebas y mediciones deben ser más estrictas (y con equipos modernos) para no permitir la circulación de vehículos que excedan de determinados límites y pongan en riesgo la salud de la población, es lo que dice la Norma.

A partir de 2014, con la reforma legal que hace obligatoria la prueba dinámica, los Centros de Verificación (mayoría en Veracruz) ya no cuentan ni con los elementos técnicos ni legales para realizar pruebas de verificación dinámica obligatoria en el Estado, sin embargo, a la fecha el Gobierno del Estado les ha permitido continuar con su operación y realizando pruebas que son totalmente obsoletas e ilegales y que contribuyen a la contaminación ambiental.

El servicio de verificación mantiene su tarifa de 365.20 pesos, sin cobro de recargo por ponerse al corriente.

La infracción por falta del holograma es de mil 267 pesos aproximadamente, misma que entra en los porcentajes de descuento por pronto pago.

Por todo esto, es necesario y urgente que el gobierno tome las medidas necesarias para impedir que los centros de verificación continúen siendo semilleros de corrupción y contaminación, ejecutando la legislación y obligando a la conversión y operación de verificentros, que además podrían armonizarse con la megalópolis, en un intento de homologar criterios que permitan la libre circulación de vehículos en el centro del país.

 

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