Rodrigo Chillitupa/ Desde la Tierra de los Incas
El último lunes se oficializó al tercer ministro del Interior en menos de un mes en Perú. El abogado José Elice reemplazó al general retirado Cluber Aliaga, quien había renunciado al cargo por estar en desacuerdo en un tema que ha originado toda la inestabilidad y el malestar en el sector: la reforma policial.
El 24 de noviembre pasado, el presidente Francisco Sagasti anunció en un mensaje a la Nación que pasaba al retiro a 18 generales de la Policía tras la brutal represión en las manifestaciones ciudadanas por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y que terminó con la muerte de dos jóvenes universitarios: Inti Sotelo y Bryan Pintado.
La decisión ha sido rechazada por un grupo de exministros del Interior, excomandantes generales de la Policía, el defensor del Pueblo, exjefes del Ejercito y la Marina de Guerra. Todos señalan que es «inconstitucional» lo que ha hecho el régimen de Sagasti.
Sin embargo, de la lista de 18 generales de la Policía peruana, siete son investigados por corrupción debido a malos manejos durante la pandemia de la Covid-19. De hecho, el Ministerio Público publicó un informe en junio pasado de que la institución policial estaba involucrada en 23 indagaciones. Eso se ha evidenció, en su momento, en los programas periodísticos de los domingos cuando se mostró el tráfico indiscriminado de gel antimaterial, mascarillas y alcohol para los oficiales y suboficiales que patrullaban por las calles de Lima y provincias de Perú.
Resulta claro que no se puede caer en la generalización. Los actos de corrupción, como ocurren en toda entidad estatal, lo cometen siempre algunos malos elementos individuales que, ciertamente, arrastran a otros funcionarios que trabajan con honradez. Pero, en el caso de la Policía peruana, se urge hace mucho tiempo una reforma integral para que la ciudadanía recupere el respeto y la confianza en ella.
Esto conlleva a que haya algunas propuestas: los policías deben recibir capacitaciones para entablar servicios comunitarios con la población, más especializaciones en tecnologías de la información y comunicaciones en las comisarías y las unidades especiales, se refuerce una comisión revisora especial del reglamento disciplinario de la Policía ante actos de corrupción que atenten contra la moral de la institución y, finalmente, no sean objeto de utilización política por parte del poder de turno.
Pero todo ello, cabe mencionar, debe partir de una selección adecuada en los procesos de ingreso a las escuelas de oficiales, donde, por cierto, tiene que mejorarse la infraestructura de dichas instituciones.
Hasta el momento, voceros de la Policía peruana han mencionado que sigue en investigación lo ocurrido con las muertes de Inti y Bryan. Ya se cumplirá un mes y, si bien se destituyó a los altos mandos policiales antes descrito, aún resulta una incógnita alarmante tener al responsable de ambos asesinatos.
Una comisión ad hoc de las Naciones Unidas (ONU), que vino a investigar lo sucedido en Perú, señaló, en una visita hace dos semanas, que hallaron cinco patrones de violación de los derechos humanos en la actuación de la policía, desde el uso indebido de armas menos letales, el uso de los policías de civil para infiltrarse en las marchas y hacer detenciones, la obstaculización del trabajo de defensores de derechos humanos, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento y agresión contra periodistas.
Con lo ocurrido en noviembre, debe ser el punto de inicio para que la policía recupere ese espacio que, sin duda, contribuye a garantizar el orden público y la lucha contra la delincuencia. Ojalá que, en el Ministerio del Interior, que desde el 2016 ha tenido diez titulares, comprendan el gran desafío que tienen por delante en los próximos meses y estén con la predisposición a una reorganización integral del sector.
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