Los casos del General Cienfuegos y García Luna son una papa demasiado caliente. El expediente del militar, integrado por la DEA, está siendo revisado por la Fiscalía General de la República. Nada se sabe al respecto. Lo que han dicho los abogados del exsecretario de la Defensa Nacional es que no procederían los delitos porque las intervenciones telefónicas de la DEA fueron ilegales. Con esto quieren decir que no compartieron la indagación con el Gobierno de México para que, en este caso, se solicitara la autorización de un Juez para intervenir el teléfono del militar.Bajo este argumento, los defensores de Cienfuegos deslizan la posibilidad bastante probable de que su cliente pueda ser liberado. Sin embargo, esto no quiere decir que los delitos no se hayan cometido porque, ilegales o no, las probanzas obran en el expediente citado. Lo raro es que se discuta la forma –la manera en que la DEA obtuvo las pruebas– y no los delitos. Todo parece indicar que el General Cienfuegos podría ser absuelto.

El caso García Luna es más que espinoso para la Cuarta Transformación. Ahora la FGR solicita su extradición porque le acreditaron que invirtió 27 millones de pesos en propiedades que, por mucho, rebasan el salario que devengó como funcionario público. No hay ninguna investigación por la protección al cártel de Sinaloa, tampoco por conspirar para el tráfico de drogas y mucho menos por lavado de dinero, delitos que la DEA y el Departamento de Justicia acreditaron.

¿Por qué la FGR no abre carpetas sobre los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa? ¿Por qué no investiga sobre sus nexos con Arturo Beltrán Leyva, Ismael “El Mayo” Zambada y otros capos, donde era conocido como “El licenciado”? ¿Por qué?

Es claro que el delito porque el que se le persigue en México ocho años después de que lo cometió –se le acusa de enriquecimiento ilícito– es menor comparándolo con los que carga en Estados Unidos. En los últimos 20 años nadie ha sido sentenciado por enriquecimiento ilícito en México. El último caso emblemático fue el de Raúl Salinas de Gortari y fue absuelto y casi le piden perdón .

El delito de enriquecimiento ilícito, así como el de lavado de dinero, tienen la particularidad de que el Ministerio Público o Fiscalía no prueba nada. En estos casos se revierte la carga de la prueba: es el acusado el que debe probar el origen legal de su fortuna. Y tratándose de México, donde la justicia se compra y se vende, pocos pueden pensar que García Luna sería extraditado a México para liberarlo. En lo público, Gertz Manero no aparece, pero está muy presente en las gestiones legales en favor de sus presuntos cómplices.

Tijuana: El pernicioso Bonilla

En el Gobierno que encabeza Jaime Bonilla ocurren cosas sorprendentes propias de un personaje con evidente desconocimiento político. Él mismo carece del mínimo sentido humano y social, según lo demuestra este caso con la avidez que lo caracteriza, controla el Congreso y comete errores garrafales.

Lo injusto es que el rechazo del Congreso fue absoluto –el Congreso es controlado por Bonilla–: Los legisladores estatales se negaron de manera rotunda a brindarles las mejores condiciones laborales que los bomberos del estado de Baja California requieren.

Los diputados que votaron en contra, en su mayoría, son del partido Morena, cuyos integrantes de manera perversa influyen en los municipios para desalentar estas iniciativas que tienen por objeto el beneficio del cuerpo de bomberos del estado. Aquí, sin duda, hay conflicto y le puede costar caro a Bonilla, quien por cierto tiene los días contados como Gobernador. Y qué bueno que ya pronto se va

El asunto salió a relucir justamente cuando en la comparecencia del Alcalde de Tijuana –Arturo González Cruz– los legisladores de Baja California, obedientes ante el Gobernador Bonilla, rechazaron la iniciativa de la legisladora del PT, Claudia Agatón. En ese escenario arremetieron contra la propuesta de la Ley de Ingresos y Egresos para el 2021 del Ayuntamiento de Tijuana, que preside González Cruz, con quien el Gobernador Jaime Bonilla no tiene buenas relaciones, asegurando que la corporación no se verá favorecida con el paquete fiscal, dejándolos a la deriva.

En la comparecencia del pasado martes 8 de diciembre, Efrén Moreno, Miriam Cano, Gerardo López y Juan Manuel Molina, todos ellos integrantes de la Comisión de Hacienda de la XXlll Legislatura de Baja California, sostuvieron que la ley presentada por el Alcalde de Tijuana, no contempla beneficios para los bomberos, policías o recursos para la salud.

Sin embargo, el Alcalde de Tijuana –Arturo González Cruz– ha dicho que la ciudad de Tijuana es el único municipio del estado de Baja California que durante la administración que él preside incrementó el sueldo de los bomberos y policías , así como la proyección para el 2021 de mejorar las condiciones laborales del Honorable Cuerpo de Bomberos de Tijuana.

Cuando se les necesita, siempre están. Pero Jaime Bonilla parece que está alejado de la realidad. Pobre político

Todo esto forma parte de la grilla barata de Bonilla para frenar a Arturo González para ser candidato de Morena al Gobierno de Baja California.

Pero en medio de los berrinches de Bonilla, las encuestas le favorecen a Gonzáles Cruz.