Esta reforma fue sometida al Congreso después del golpe que la DEA asestó al Ejército Mexicano con la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El militar fue investigado por la DEA, a la par que indagó al cártel H-2, y descubrió que el general –llamado por los narcotraficantes “El Padrino”– estaba ligado a ese grupo criminal, al tráfico de drogas, a la protección del narcotráfico y al lavado de dinero.
Al militar –quien es visto dentro de la milicia como un hombre impoluto– le intervinieron sus comunicaciones y los agentes antinarcóticos detectaron que tenía comunicación con el jefe del cártel H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido en el mundo del hampa como “El H-2” o “El Chico”.
Originario de Mazatlán, Sinaloa, Patrón Sánchez emergió al mundo del narcotráfico en el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, se hizo jefe de la plaza de Nayarit y en 2015 murió en medio de un enfrentamiento con elementos de la Marina.
Pero ahí quedaron los registros de llamadas y mensajes que, de acuerdo con el expediente de la DEA, intercambió Cienfuegos Zepeda con el capo. Patrón Sánchez.
La DEA llevó a cabo esta investigación sin compartir información con las autoridades mexicanas. Tampoco pidieron apoyo para ahondar en la indagación. Todo fue en secreto. Cuando el expediente quedó integrado con todas las pruebas y evidencias, solicitaron la orden de captura y esperaron varios meses para ejecutarla. Ni para cumplir este objetivo pidieron el apoyo del Gobierno de México, signo de la enorme desconfianza que los norteamericanos tienen sobre sus contrapartes en México.
Cuando el militar viajó a Los Ángeles, California, fue capturado en el aeropuerto, pocos minutos después de bajar del avión. El golpe fue brutal. Su detención puso en evidencia desde qué niveles del poder político y militar se maneja el narcotráfico y quienes son los verdaderos capos de la droga. La captura de Cienfuegos abrió una rendija y se vio que el tráfico de drogas es operado por el Gobierno, con lo que se puede inferir que los capos que se disputan territorios son meros distractores de la opinión pública. El narco es el Estado mexicano. Punto.
Un mes después, Cienfuegos Zepeda fue liberado y devuelto a México. En un acto sin precedentes, el Departamento de Justicia le retiró los cargos y lo liberó. Esto demostró el enorme poder del Ejército y también que los militares que forman parte de una élite, como Salvador Cienfuegos, son verdaderamente intocables. Así se protegen los criminales del poder. Aquí es evidente que priva un enorme pacto de impunidad.
La liberación de Cienfuegos se hizo con el compromiso de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al militar y lo lleve a juicio. Pero las señales al respecto brillan por su ausencia: El Fiscal Alejandro Gertz Manero ni siquiera ha dado la cara para informar sobre el avance de este caso.
Los abogados del militar han dicho que ven poco probable que el expediente pueda consignarse ante un juzgado federal debido a que las evidencias que contiene –llamadas telefónicas, mensajes, entre otras– fueron obtenidas por la DEA de forma ilegal, ya que no existe una orden judicial que haya autorizado la intervención de las comunicaciones del general.
Estamos ante un caso de interpretación, es decir, se cuestiona la forma como se obtuvieron las pruebas y no el fondo: si hay o no delitos en este caso. Todo indica que lo que no se puede negar es que, más allá de las formas, el militar sí incurrió en los delitos por los que la DEA lo acusó.
Después de este golpe espectacular el Gobierno decidió acotar la actuación de la DEA en México a pesar de que la medida puede crear un verdadero cortocircuito en la relación bilateral con Estados Unidos, donde ya cuestionan las reformas a la Ley de Seguridad y la ausencia de una política antidrogas por parte del Gobierno de López Obrador.
La falta de una estrategia antidrogas por parte del Gobierno de México, como acusa la DEA, es un punto muy sensible que tocará el Gobierno del Presidente Joe Biden cuando asuma el poder.
Y es que el Gobierno de México no ha perseguido ni detenido a ningún criminal de peso, salvo a Nazario Mazari, “El Carrete”, jefe del cártel de “Los Rojos”, capturado por accidente en Guerrero, y José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del cártel Santa Rosa de Lima y principal generador de la violencia en la región de El Bajío.
A pesar de que en México existe una militarización histórica, no vista ni durante el sexenio de Felipe Calderón –el artífice de la guerra contra el narcotráfico– el crimen organizado está totalmente suelto, tanto, que han surgido versiones de una posible complicidad del Gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa. También llama la atención que en los dos primeros años del actual Gobierno el cártel de Jalisco se haya posicionado en todo el territorio nacional y domine, por ejemplo, plazas como la Ciudad de México, en otro tiempo blindadas.
¿Cuál es el sentido de acotar la participación de la DEA en México? En realidad no se necesitan los agentes norteamericanos a pesar de que el Gobierno no cuenta con una política antidrogas integral? ¿Temen que la DEA aseste otro golpe a la estructura de poder político y militar? ¿A qué le teme el Presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Se trata de consolidar el llamado Narco-Estado sin la presencia de agentes norteamericanos? ¿Lo permitirá el nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden?
Para los agentes de la DEA, el de México es un verdadero Narco-Estado. Es más claro en la actualidad, aunque esta figura existe desde hace muchos años. El actual Gobierno sirve a los intereses del crimen. Hay acercamientos con los capos de la droga supuestamente para pacificar el país. Pero en el fondo se trata de una negociación: Te dejo trabajar impunemente, pero no me generes violencia. Hasta ahora no hay resultados. Cunde más la sospecha de la protección oficial que los resultados en materia de pacificación territorial. El Gobierno ha cumplido con ellos. El narco aún no, pues la violencia criminal campea por doquier.
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