Al final de su gestión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido avasallado por la censura, aplicada por un poder más monstruoso que el suyo, el de los medios privados de comunicación. Hace semanas, fueron las televisoras; recientemente, las plataformas digitales Facebook, Twitter y YouTube. Tácitamente, las corporaciones se impusieron al mandatario del país más poderoso del planeta, conculcando su derecho a expresarse.

Si tan reprobable acción fue exitosa en la otrora tierra de las libertades, no sería extraño que los dueños de los corporativos apunten sus flamígeros dedos a otras latitudes. De hecho ya hubo un ensayo de Facebook: en la antesala de las elecciones presidenciales en Uganda, bloqueó a usuarios que juzgó como proclives al gobierno. Por supuesto que el presidente ugandés respondió cerrando las redes sociales. Al margen de la probidad gubernamental o la certidumbre de los procesos electorales de aquél país, la pregunta que surge es con qué derecho y calidad moral la empresa propiedad de Mark Zuckerberg pretende incidir en las elecciones de un Estado soberano.

Este año asistiremos a las elecciones más voluminosas y extendidas de que se tenga memoria en México. Por tanto, de cara a los golpes a la libertad de expresión, habrá que estar alertas. Porque la amenaza no sólo proviene del exterior. Ya sabemos que el órgano autónomo (¡ajá!) Instituto Nacional Electoral (INE) busca cercar las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Soslayando preceptos jurídicos que amparan la emisión de ideas y opiniones, tanto del primer mandatario como de cualquier mexicano (Artículos 1o., 6o. y 7o. de la Carta Magna), el titular de ese organismo, Lorenzo Córdova Vianello, abraza el Apartado C, 2o. párrafo, del Artículo 41 constitucional, el cual indica que, durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, “deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”.

Da la casualidad, sin embargo, que “las mañaneras” no son sinónimo de propaganda. Al contrario, son ejercicios de rendición de cuentas y acceso a la información inéditos par la vida pública nacional, donde el Ejecutivo se somete al escrutinio público con increíble puntualidad y transparencia. ¿Conoce usted a un jefe de Estado que todos los días informe sobre su trabajo como hace Andrés Manuel López Obrador?

No es ocioso reflexionar en los años que nos quedamos con las ganas de saber en qué gastaban nuestros dineros los gobiernos en turno; acerca de cuántos recursos dilapidaron los impresentables Fox, Calderón y Peña (sólo por mencionar a los más recientes) en viajes, parrandas y demás desvaríos en vez de destinarlos al beneficio de todos. Pues bien, de esos detallitos apenas nos vamos enterando gracias a “las mañaneras”.

Dado que el INE se resiste a diferenciar la actividad sustancial de los diálogos presidenciales de la propaganda, lo remitimos a la Real Academia Española, que ofrece acepciones del término como «Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores», o «Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc.» Es patente que lo que menos se pretende con las conferencias es conseguir adeptos o propagar doctrinas; sobre todo, en un foro plagado de comunicadores que en su mayoría representan medios que añoran el “maiceo” y por consecuencia se muestran incómodos frente al jefe de la Nación.

Cabe agregar, no obstante, que estudiosos del tema coinciden en concebir propaganda como el intento de modelar las percepciones, conducir las cogniciones y regir el comportamiento para lograr respuestas que satisfagan el deseo del que comunica. En tal caso, si el propósito del comunicador (es decir, del presidente) es acabar con corrupción, inseguridad, desigualdad, atrasos y carencias, y si en la búsqueda del bien mayor pretendiese modificar actitudes individuales y colectivas a través de sus alocuciones, no hay duda que la mayoría de mexicanos estaría de su lado. Es claro que tenemos derecho a saber, y que por primera vez el Ejecutivo (el federal al menos) está comprometido a rendir cuentas. Entonces, ¿cuál es el problema; por qué un órgano “autónomo” quiere coartar esa libertad?

Se comenta, Lorenzo Córdova negocia con directivos de Twitter, Facebook y YouTube, para que intervengan en el proceso electoral mexicano acallando a López Obrador, como hicieron con Donald Trump. Por ello, es imprescindible que la ciudadanía se pronuncie. La censura desde el gobierno es inadmisible; menos, que ocurra intromisión de instancias privadas; y mucho menos, que ésta se dé con la complacencia del órgano que supuestamente es garante de la democracia.