Por Rodrigo Chillitupa/ Desde la Tierra de los Incas
En enero de 1972, G. Gordon Liddy, asesor de Finanzas para el Comité para la Reelección del presidente (CRP) y su ayudante de John Ehrlichman, presentaron un plan de inteligencia de campaña al jefe interino de CRP, Jeb Magruder, el procurador general John N. Mitchell, y el asesor presidencial John Dean, para realizar una serie de actividades ilegales contra el Partido Demócrata.
En concreto, buscaron allanar la sede del Comité Nacional Demócrata en el Complejo Watergate en Washington. Allí iban a fotografiar los documentos de campaña e instalar dispositivos de escucha a los teléfonos para saber los movimientos de los rivales del entonces presidente republicano Richard Nixon. Lo hicieron perfectamente en una primera ocasión, pero en la segunda acabó mal: cinco ladrones fueron capturados por el FBI.
Entre estas personas estaba James W. McCord Jr., quien era el coordinador de seguridad del Comité para la Reelección del presidente Nixon. Él sería el nexo que permitiría después descubrir que otros altos funcionarios estaban involucrados en el escándalo que terminaría con la renuncia de Nixon, quien estuvo a un paso de ser destituido por el Senado al tratar de encubrir su responsabilidad política.
Ahora bien, hice un breve resumen sobre este hecho que desnudó la carencia moral de un político como Nixon tras lo revelado en los últimos días en Perú, Argentina, Chile y Ecuador. En esos países, estalló un escándalo que —si hacemos comparaciones— tiene mucho del caso Watergate, pero con una salvedad: se da en plena pandemia de la Covid-19. Por eso se lleva el rotulo de ser el Vacunagate.
La semana pasada, escribí que el expresidente Martín Vizcarra se vacunó en secreto con la dosis de la empresa china Sinopharm. Pues bien, resulta que él era la punta del iceberg: se descubrió que más funcionarios que lo acompañaron en Palacio de Gobierno también lo hicieron. El lunes en la noche, el presidente Francisco Sagasti reveló que 487 funcionarios —no solo de la gestión de Vizcarra, sino de la suya también— se inmunizaron.
En la lista infame estaba, nada más y nada menos, la propia ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien, como lo mencione hace siete días, renunció ante el aparente asedio del Congreso por el caso Vizcarra, pero —en realidad— fue por el escándalo que recaería en ella. Mazzetti se vacunó dos veces, a pesar de que dijo que sería la última en inocularse con la dosis de Sinopharm.
«No me podía dar el lujo de enfermarme«, dijo otra ministra involucrada como Elizabeth Astete, quien era la responsable de la Cancillería peruana, cuando también apareció su nombre en la lista de funcionarios vacunados. Lo que vino después es que médicos, empresarios, un dueño de un chifa y un cura accedieron a las dosis en secreto. Es decir, hubo un desbande de las vacunas cuando miles de médicos y personas luchan contra la Covid-19 tanto dentro como fuera de los hospitales. Y en las peores condiciones.
Pero este escándalo traspasó las fronteras. En Argentina se ha destapado que el exministro de Salud, Ginés González García, montó un vacunatorio exclusivo donde al menos 3000 dosis de Sputnik V fueron reservadas a distintas figuras políticas e incluso su sobrino. En este caso, la declaración del periodista Horacio Verbitsky, quien recibió la vacuna, desmontó este esquema secreto que pareciera que el presidente Alberto Fernández no sabía nada.
En Chile ocurrió algo parecido: 37.306 personas recibieron la vacuna contra el coronavirus antes que otros grupos definidos por el Gobierno de Sebastián Piñera como prioritarios en el proceso, entre ellos, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Esto golpea los esfuerzos que hace el país sureño que, siguiendo los datos de Our World In Data, es el líder en la región y quinto en el mundo en cuanto el proceso de inmunización a su población: 2,7 millones de chilenos se vacunaron.
En Ecuador, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, es investigado por la fiscalía porque decidió vacunar primero a sus familiares —residentes en un exclusivo centro privado para personas mayores en Quito— con las dosis de Pfizer/BioNTech, en vez del personal de primera línea de atención médica, adultos mayores de centros geriátricos y sus cuidadores.
El filósofo Thomas Hobbes tuvo mucha razón cuando dijo que el ser humano es naturalmente egoísta, que solo busca su propio beneficio, y que, si no fuera por la cesión de libertad que concede al Estado, sería su vida una continua lucha, un campo de batalla por la búsqueda del reconocimiento de los otros y de querer lo que otros tienen.
A lo largo de 2020, seguimos de cerca los avances de las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas para que, una vez alguna esté lista y aprobada por los organismos reguladores como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), se pueda distribuir de manera prioritaria a los médicos, quienes han luchado contra un virus que aún deja muertos día a día en los hospitales del mundo.
Sin embargo, ocurren estos hechos que demuestran la falta de empatía y la carencia de moral y ética de funcionarios que aprovechan sus cargos para tener un beneficio —vale decir asegurar sus vidas— a costa de la desgracia ajena.
Si a inicios de esta pandemia, personajes políticos seguidos a nivel global —como el expresidente estadounidense Donald Trump y su homólogo brasileño Jair Bolsonaro— minimizaban el impacto el virus y después terminaron enfermándose, lo reportado ahora en América Latina representa que el ser humano aún está lejos de tener ese don de solidaridad en momentos tan complejos como el que se vive por la Covid-19.
@RodrigoCT_94
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