Xalapa, Ver. El 13 de Junio del año 2019, Cuitláhuac García Jiménez y Eric Cisneros acudieron a un evento en el que Edel Álvarez Peña ex presidente del organismo anunció que se continuaría con este proyecto de construir 26 ciudades judiciales pese a que ya había serías denuncias de corrupción porque algunos no se construyeron, otras se levantan con materiales de pésima calidad y otras mas, se están realizando rápido en terrenos que no son siquiera propiedad del Poder Judicial.
Las ciudades Judiciales de Veracruz costarán inicialmente 13 millones de pesos cada una, de acuerdo a los contratos pactados.
El poder Judicial del Estado contrató incluso un préstamo superior a mil 155 millones con el propósito de concluir este proyecto, sin embargo, de 13 millones elevaron 4 veces el precio de cada ciudad Judicial dividiendo los 1,155,870,669.00 entre las 26 ciudades; da como resultado que cada una tendrá un costo de 44 millones de pesos.
Es de apuntar que, en el contrato de la Asociación Pública con la Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I, se estipuló que el pago por la edificación de la estructura no podía superar los 13 millones 217 mil 245 pesos mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Ahora, con estos montos cada una de las 26 ciudades estaría costando 44 millones; es decir casi cuatro veces más de su costo original.
Las ciudades judiciales estarán ubicadas en Medellín, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Orizaba, Tuxpan, Tantoyuca, Naolinco, Nogales, Pueblo Viejo, Ozuluama, Álamo, Chicontepec, Huayacocotla, Papantla, Martínez de la Torre, Zongolica, Tierra Blanca, Isla, Las Choapas, Coyutla, Perote, Cardel, Tezonapa, Misantla y Uxpanapa.
En el 2018, el Órgano de Fiscalización Superior detectó irregularidades en los 12 contratos que fueron asignados a la Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I, responsable de la construcción de 21 ciudades judiciales en la entidad.
Como parte de la Revisión de la Cuenta Pública 2018 se reportó que, en la supervisión física a los predios, se corroboró que solo se había instalado el terraplén en cada uno; las observaciones económicas ascendieron a 747 millones 227 mil pesos.
En la revisión se detectó que el Poder Judicial no integró un expediente técnico por cada una de las 21 Ciudades Judiciales, en el que estaba obligado a presentar la descripción del proyecto de asociación público-privada y su viabilidad técnica; el dictamen emitido por el tercero especializado; la viabilidad jurídica; la rentabilidad y el beneficio social de las mismas.
Tampoco hubo estimaciones de inversión y aportaciones, el estudio Costo-Beneficio de la infraestructura para el nuevo sistema de justicia penal; y la viabilidad económica y financiera del proyecto.
Además, las obras fueron adjudicadas de manera directa, sin respetar la obligación de licitar o invitar a empresas a participar en el proceso de asignación.
Bastó que Edel Álvarez Peña pactara con Eric Cisneros y Cuitláhuac García para que este megafraude en la construcción de las ciudades judiciales continuara.
Este hecho brutal de descarada corrupción le costó el cargo a la magistrada ex presidenta del TSJ Sofía Martínez Huerta que se negó a firmar los pagos mensuales que ascendían a mas de 17 millones de pesos mensuales. Rebelarse a los dictados de Cisneros, le costó el cargo y hasta el desafuero que fue operado por otro de los cómplices el diputado Juan Javier Gómez Cazarín quien ha estado bastante metido en el manejo de los recursos del poder judicial.
La corrupción en máximo apogeo de serían ser denunciados
Edel Humberto Álvarez Peña paseándose por las inmediaciones del palacio de gobierno indica algo y su silencio también. Se llegará a saber todo y el poder judicial se prostituyo al politizarse. Gracias al Nauyaca y al Pederasta.