Reportan en México, 919 multihomicidios en lo que va el sexenio

La violencia imparable. Foto: Cuartoscuro.

Por Luis Carlos Sáinz

Tijuana, 13 de julio (ZETA).- En los últimos dos años y medio, casi cuatro mil personas han muerto inmersas en un contexto de extrema violencia en México, en la que atestiguaron la muerte de quienes estaban con ellas -o murieron primero- ante los ojos de quienes le acompañaban, si no es que expiraron simultáneamente. Esas vidas fueron segadas en alguno de los 919 multihomicidios perpetrados a lo largo del territorio nacional.

Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio último, se tiene el recuento de tal cantidad de sucesos, de los cuales solo en 68 se pudo identificar un enfrentamiento con balacera, emboscada o que había cierto equilibrio de fuerzas entre autoridades armadas contra grupos del crimen organizado, o entre ellos mismos. El resto, 851 eventos, tienen la connotación de auténticas masacres, donde las personas atacadas estaban inermes, en la indefensión, característica primordial para calificar el asesinato de varias personas como masacre.

Apoyándose en investigación propia y en datos que la asociación civil Causa en Común clasifica, así como en información publicada en medios de comunicación nacionales y estatales, ZETA encontró que en los 919 homicidios colectivos, han fallecido 3 mil 876 personas, de las cuales por lo menos 276 eran mujeres, y 124, niñas, niños o adolescentes. Probablemente la cifra sea mayor, sin embargo, la precariedad de la información extraída no permite confirmarlo.

Los gobiernos estatales y el federal no reconocen que su autoridad está, por mucho, rebasada por la delincuencia y minimizan los hechos, atribuyendo al periodismo su magnificación, en lugar de reajustar la política criminal o hacer modificaciones en los esquemas de seguridad pública y procuración de justicia. Por el contrario, han ratificado su teorema de que para combatir al crimen, se requieren “abrazos, no balazos”, como lo ha reiterado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En estas matanzas, en las que han fallecido tres personas o más, han sido asesinados a balazos, acuchillados, estrangulados, desmembrados o colgados de algún puente, personas que no contaban con antecedentes penales ni nexos con la criminalidad, desde amas de casa, trabajadores, obreros, profesionistas, servidores públicos, desempleados y presos. Prueba de ello son los 132 policías y los 41 reclusos que aparecen entre las víctimas de estos multihomicidios.

En la casa o en la calle da lo mismo, pues 178 de los asesinatos múltiples ocurrieron dentro o en el exterior de viviendas, mientras que 210 se presentaron en calles y avenidas de las poblaciones involucradas. Otros 121 de los crímenes se registraron como hallazgos en predios deshabitados, que lo mismo era un paraje solitario en la sierra, que un pozo, una mina o una ranchería.

DE HOMICIDIOS A MASACRE

Los crímenes aquí descritos, son aquellos en los que por lo menos tres personas fueron asesinadas durante un solo hecho o como consecuencia del mismo. A este tipo de asesinato múltiple, algunos investigadores u organizaciones académicas y no gubernamentales, le denominan masacre, como es el caso de Causa en común, Asociación Civil, que incluso les llama atrocidades y tienen como característica la muerte de varias personas que se encuentran indefensas.

La Real Academia de la Lengua define el vocablo masacre como, “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por un ataque armado o causa parecida”.

El doctor Rubén Ortega Montes, investigador y miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, coincide con la definición de masacre: “Creo que cuando se está ante un doble homicidio, ya estamos hablando de un evento sangriento de suma gravedad e importancia, de alta gama, de peligrosidad de extrema. Y ya hablar de tres homicidios en adelante, en un mismo hecho, creo que podemos manejarlo como una masacre. Ese término no es propiamente jurídico, sino más bien sociológico, y desde el punto de vista de la sociedad, imagínate ver tres personas muertas. Es una masacre, no podríamos llamarle de otra manera”.

En los 68 multihomicidios en los que se advierte una paridad de fuerza entre las personas victimadas, generalmente policías o sicarios y sus ejecutores, también elementos de las Fuerzas Armadas o criminales, queda una luz de duda sobre la ventaja que más allá de las armas de la sorpresa de una emboscada o la posible ejecución, sumaría que en ocasiones se hace pasar como enfrentamiento.

Tan solo en siete estados se concentra el 63% de los asesinatos múltiples en el país. Se trata de:

* Guanajuato, donde han ocurrido 214 de los eventos, con saldo de 871 muertos.

* Michoacán, con 87 multihomicidios y 390 personas ejecutadas.

* Chihuahua, 66, con 279 víctimas.

* Jalisco, 64 eventos criminales masicos con 252 fallecidos.

* Zacatecas, con 59 y 258 muertos.

* Guerrero, 48 masacres y un saldo de 222 difuntos.

* Sonora, con 40 casos donde resultaron victimados 150.

Los mayores enfrentamientos entre entes de gobierno y delincuentes, o entre grupos delictivos, han acontecido en Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, con una importante derrama de sangre, donde se podría hablar de ese equilibrio de fuerza o beligerancia entre los contendientes. Caso contrario a Guanajuato, donde solo en menos de diez, de un total de 214 homicidios colectivos, hubo enfrentamiento. Es incluso la entidad con más muerte de mujeres (67) y de niñas, niños y adolescentes (34) en este tipo de eventos. Verdaderas masacres.

En las ejecuciones múltiples, en 500 ocasiones hubo tres muertos; en 190, cuatro víctimas; cinco muertos en 109 ocasiones; seis fallecidos en 38; siete asesinados en 22; ocho y nueve muertos, 12 veces cada uno; y diez acribillados en nueve casos. De ahí en adelante son menos las cuentas, pero hay masacres de hasta 30 personas, como las que se registran en sitios donde se realizan fiestas o de concentración masiva.

Los estados con menor incidencia en masacres, son los mismos que generalmente muestran una baja criminalidad en toda estadística oficial o encuesta de víctimas: Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Querétaro, Tlaxcala y sorpresivamente Nayarit, que desde febrero de 2017, cuando fue abatido el presunto narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez “El H-2” -operador de los hermanos Beltrán Leyva- y tras la detención en marzo ese año del ex fiscal nayarita Edgar Veytia en Estados Unidos, la delincuencia se redujo ostensiblemente.

LAS MASACRES MÁS NOTORIAS

Desde que Andrés Manuel López Obrador es Presidente, los asesinatos múltiples más terroríficos en el país empezaron el 9 de enero de 2019, cuando en un ejido del municipio Miguel Alemán, en Tamaulipas, localizaron 21 cuerpos acribillados y cinco camionetas incineradas, producto de la guerra entre el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.

A finales del mismo mes, grupos antagónicos de autodefensa chocaron en el camino a la comunidad de Paraíso de Tepila en Chilapa, con saldo de diez muertos y dos heridos.

El 9 de marzo de ese año, en un bar de Salamanca, quince personas murieron y cinco resultaron lesionadas en un ataque a tiros por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Al 19 de abril siguiente, en un salón de fiestas de Minatitlán, Veracruz, 14 personas fueron asesinadas, entre ellas mujeres y un niño de un año de edad. Línea de investigación: una venganza entre Los Zetas y el CJNG.

El 22 de mayo de 2019, la guerra entre Jalisco y Los Viagra dejó diez personas muertas y tres heridos en la colonia Arroyo Colorado, cerca de la carretera a Lombardía, en Michoacán.

Fue un año difícil. El 8 de agosto, los cadáveres de 19 miembros de Los Viagra fueron colgados en tres puentes de Uruapan. Diecinueve días más tarde, hubo once muertos en dos tiroteos en Nuevo Laredo, entre la Policía Estatal y el grupo criminal La Tropa del Infierno. En la misma fecha, el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos fue incendiado intencionalmente, muriendo en su interior por lo menos 30 personas, diez de estas, mujeres.

El 15 de octubre de 2019, en El Aguaje, municipio de Aguililla, fueron asesinados 13 elementos de la Policía Estatal, en una emboscada del CJNG. Ese día en Iguala, Guerrero, se registró una balacera entre presuntos criminales y soldados; murieron 14 civiles y un soldado.

El 6 de noviembre, un operativo en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua desató violencia del grupo delictivo Los Mexicles en las calles, donde diez personas fueron asesinadas. El 1 de diciembre siguiente, hubo 25 muertos en un enfrentamiento entre sicarios del Cártel del Noreste y Fuerzas Armadas en Villa Unión, Coahuila. El año cerraría con una riña en el penal de Cieneguilas, Zacatecas, con 16 reos muertos.

El 17 de enero de 2020, en Chilapa, Guerrero, diez músicos indígenas fueron incinerados sobre una carretera. El mismo día, pero en Zirándaro, una balacera entre grupos criminales dejó saldo de diez muertos. El 16 de marzo, en Aguililla, otras diez personas murieron en un tiroteo entre grupos armados.

El 3 de abril fueron asesinadas 19 personas al enfrentarse grupos armados en Madera, Chihuahua. Y el 26 de abril, la muerte regresó a Aguililla, donde fueron hallados 21 cadáveres, seis de ellos calcinados.

Pero esos no fueron los peores crímenes de 2020. El 23 de mayo, en Huetamo, Michoacán, en una camioneta localizaron doce cadáveres con huellas de tortura. El 7 de junio, sicarios irrumpieron en un centro de rehabilitación en Irapuato y mataron a diez personas. El 20 de junio, en Caborca, Sonora, hallaron los cuerpos de diez hombres tras una balacera entre grupos armados. El 22 de junio, 17 personas fueron asesinadas, incluidas dos mujeres, en San Mateo del Mar, Oaxaca. Y el 26 de junio, 14 cadáveres fueron arrojados sobre la carretera en Fresnillo, Zacatecas.

Otro feroz ataque a un centro de rehabilitación para adictos en Irapuato, ocurrió el 1 de julio, con saldo de 28 muertos. En Minatitlán, Veracruz, el 18 de agosto, mataron a 13 personas en una balacera durante una fiesta. El 27 de septiembre, asesinaron a once personas en un antro de Jaral del Progreso, Guanajuato. Y el 5 de octubre, fueron hallados 12 cuerpos con signos de tortura en Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Durante 2021, el 2 de enero, fueron hallados 15 cadáveres en Chihuahua, Chihuahua. Dieciséis días después, abandonaron 12 cuerpos torturados sobre un camino en Las Choapas, Veracruz. El día 23 de ese mes, se registró el hallazgo de 19 cadáveres calcinados sobre dos camionetas en Camargo, Tamaulipas. La mayoría eran migrantes guatemaltecos. El 27 de febrero murieron 15 personas en un enfrentamiento en Coyuca de Catalán, Guerrero. Esa tarde, en la colonia La Jauja de Tonalá, Jalisco, un comando asesinó a once jóvenes, entre ellos una mujer y un niño. El 18 de marzo, 13 policías fueron asesinados en Coatepec Harinas, Estado de México. El 19 de junio, un comando en tres camionetas mató a 19 civiles al azar en colonias de Reynosa, Tamaulipas. Y el 24 del mismo mes, 18 presuntos miembros de grupos antagónicos murieron en enfrentamientos en Valparaíso, Zacatecas.

FRACASAN LOS ABRAZOS

Aunque Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas continúan con la inercia violencia que caracteriza a las organizaciones criminales que disputan sus territorios, el foco actual de las autoridades se encuentra en Zacatecas, donde el CJNG desató una guerra que tiene mínimo respeto por la vida humana, como se advierte del asesinato de un joven pasante de medicina y un paramédico que fueron ejecutados e incinerados tras realizar el traslado de una mujer embarazada a principios de julio.

A raíz de esos hechos, el Semanario Arquidiocesano de Guadalajara tituló en una de sus llamadas de portada en la edición 1274, publicada el 4 de julio: “No han funcionado los ‘abrazos y no balazos’”.

En su editorial de la página 2, intitulado “México salvaje”, luego de analizar el informe global 2021 del Instituto para la Economía y la Paz, que califica a nuestro país en el lugar número 140 de 163 posibles en la medición de la paz, justicia y seguridad, el Presbítero José Marcos Castellón Pérez apuntó: “En el caso de México, aunque no se ha querido reconocer, se vive bajo la amenaza constante del narcoterrorismo”.

En la columna “El Repique” del mismo órgano de difusión de la Iglesia Católica, firmada por Fray Badajo, se apunta bajo el título “Toque de agonías”: “Estados fallidos. Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Durango y Coahuila, son Estados fallidos, sus gobiernos no proporcionan la seguridad y protección a sus ciudadanos (…) Se echan la bolita entre sí, los gobiernos Federal, estatales y municipales. No reconocen su responsabilidad en lo que está a la vista de todos, la ingobernabilidad. No hay contención, como aseguran las autoridades federales, sino desbordamiento de la violencia en el país, y siguen las masacres. Son muchas las vidas que están en riesgo”.

El lunes 5 de julio, luego de ser increpado por el periodista Jorge Ramos sobre el presunto fracaso de la estrategia de seguridad, el Presidente López Obrador reconoció que su administración tiene dificultades para reducir los homicidios, e insiste en que este delito se ha contenido: “Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios”.

Un día después, acudió a Aguililla, Michoacán, uno de los pueblos lacerados por la guerra entre cárteles. Los habitantes le exigieron que el gobierno actué, pero el mandatario le hizo un llamado “a la gente, a los campesinos, a los religiosos, a todos, también, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño. No a la violencia, sí a la paz, al diálogo, y que no se dejen manipular por grupos delictivos”.

Mientras López Obrador se despidió de los michoacanos asegurándoles que continuará con la política de “abrazos, no balazos”, el catedrático Rubén Ortega Montes, de la Universidad de Guadalajara, dijo a ZETA que “como eslogan de campaña, vía la cultura de la paz, fue mediático cuando lo utilizó quien hoy es Presidente de la República, pero está desfasado; hoy nos indican los números, la violencia extrema que se vive en México, contraria a los números tan alegres que dice el propio Presidente que se han mantenido, pero en el pico más alto, que se hayan mantenido los indicadores para, él es como si eso fuera un éxito”.

Y reflexionó:

“Como sociedad, estamos viéndolo como un fracaso en su política de no enfrentar a la delincuencia, de tener a los militares, a los marinos, en las calles, a los cuales se utiliza como miembros de la seguridad pública sin que aún haya pasado la última reforma en la que la Guardia Nacional pasaría a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y los repliega, los mantiene con los brazos cruzados y lo hemos visto en casos distintos, como en Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, en Aguililla, Michoacán. Los propios pobladores están pidiendo que salgan a defender a la población, y sin embargo, López Obrador mantiene con abrazos, pero con ‘a-brazos cruzados’, que es como estamos teniendo a las Fuerzas Armadas de nuestro México”.

El investigador pide al titular del Poder Ejecutivo federal, dejar “ese falso discurso de ‘abrazos, no balazos’, que tome la responsabilidad en lo que le queda de este sexenio y que asuma que ya los muertos son de él, casi 100 muertos por día, y multiplicados por 365 días por año, nos da una cantidad muy triste. Ni modo que niegue que en la suma de estos tres años, no estemos viviendo un sexenio de masacre, inclusive puede superar a los muertos de Peña Nieto y los de Felipe Calderón. Ya en estos momentos, son los muertos de Andrés Manuel López Obrador”.

 

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