Xalapa, Ver.- A casi un año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la restitución de poderes en Mixtla de Altamirano, desaparecidos por ordenes del gobierno de Cuitláhuac García, tras el asesinato de la ex edil Marisela Vallejo Orea, el congreso local se vio obligado a restituir los poderes en este municipio, pues de seguir en desacato, los diputados que integran la Junta de Coordinación Política, pueden ser detenidos por violar la ley.
Desde noviembre del 2020, la Corte resolvió la acción 267/2019, por la que se echaba atrás la intervención de la Tesorería, y en consecuencia la petición del gobernador Cuitláhuac García quien solicitó la desaparición de poderes para nombrar un concejo municipal en el que su gobierno impuso a morenistas cuando el ayuntamiento era manejado por el PAN.
Tras el asesinato, la fiscalía persiguió y detuvo al síndico al que acusaron de haber ordenado el asesinato, sin embargo, los hechos evidencian que fueron maniobras del mismo poder político del Estado para quitarle a la oposición el municipio de Mixtla de Altamirano a través de la creación de un concejo.
Tras la decisión de la suprema Corte Juan Javier Gómez Cazarín quien ha manejado la Junta de Coordinación Política, se ha negado a acatar todas las disposiciones judiciales, hasta ahora que a casi un año se les dio la gana de ordenar la restitución de poderes en Mixtla de Altamirano por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En sesión de la diputación permanente se presentó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a solo tres meses de concluir la administración municipal, en la que se determina que se deben restituir a los alcaldes, síndico y regidores que fueron electos en 2016.
Este miércoles 22 se acordó que queda sin efectos el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el cuatro de julio del 219, mediante el cual se autoriza la intervención en la tesorería del Municipio de Mixtla e Altamirano, Veracruz, a fin de supervisar y evaluar el gasto programado; sin perjuicio de que previamente a la emisión de este acuerdo, dicho acto ya se haya verificado.
La misma acción tendrán que seguir en el caso del municipio de Actopan, donde se han negado a acatar ordenes de SCJN que pidió la reinstalación del alcalde suplente al que le negaron su derecho a asumir el cargo tras el desafuero del alcalde titular al que acusaron de haber ordenado el asesinato de un comunicador.
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