Ciudad de México. Alrededor de 12 millones de niñas y adolescentes se unen de manera forzada cada año producto de las creencias de que las menores de edad son inferiores a los hombres, la falta de educación, pobreza o normas o prácticas sociales nocivas y la inseguridad, por lo que más del 40 por ciento de ellas contraen matrimonio en contextos de guerra o precariedad, esto desarrolla otras problemáticas, como los embarazos no deseados.
Durante el conversatorio “Matrimonio y uniones forzadas en Latinoamérica”, la psicóloga y defensora de Girls Not Brides para América Latina y el Caribe, Gabriela García Patiño, explicó que las uniones forzadas son una expresión de las desigualdades de género que niegan a las menores de edad sus Derechos Humanos y las condenan a cumplir los deseos de otras personas sobre su persona, lo que las coloca frente a diversos desafíos, como mayor violencia de género y trabajo doméstico forzado.
En su opinión, el matrimonio forzado en menores de edad debe ser atendido pues desencadena otras problemáticas, como embarazos no deseados o complicaciones peligrosas durante el embarazo. Actualmente al año se registran 10 mil embarazos en niñas menores de 15 años y las dificultades relacionadas con el embarazo y el parto son las principal causa de muerte en niñas de 15 y 19 años en todo el mundo, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Para García Patiño la llegada de la pandemia aumentó las uniones forzadas debido al desempleo, crisis sanitaria, precariedad alimentaria, y sobreexplotación de los servicios médicos, lo que debe resolverse de inmediato, ya que de no hacerlo, 150 millones de niñas y adolescentes se habrán unido para 2030.
Explicó que los matrimonios forzados violan los derechos de las niñas y adolescentes a la salud, la educación y las oportunidades, ya que cuando se unen se espera que la menor de edad abandone la escuela para ocuparse del hogar, de las y los hijos, no pueden desarrollar habilidades, los conocimientos, y la confianza que necesitan para tomar decisiones informadas, negociar, tener acceso a un empleo remunerado o vivir una vida independiente.
“Somos de las regiones que han empezado a ver esto como un problema de manera muy tardía. En el caso de África y Asia hay un avance en cuanto a visibilización y leyes. En Latinoamérica hay muchas formas para nombrar el matrimonio infantil, pero aún no se asume del todo. Hay que empezar en la región a mostrar esta problemática y en qué situación se encuentra”, detalló García Patiño.
De acuerdo con el informe “Aceleración del progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe -elaborado por el UNFPA, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud- la tasa mundial de embarazo en adolescentes se estima en 46 nacimientos por cada mil niñas, mientras que en América Latina y el Caribe la tasa es de 56.5 nacimientos por cada mil niñas, lo que la posiciona como la segunda más alta en el mundo, por arriba de África.
En Latinoamérica, agregó, existe una falta de información muy grande acerca de esta problemática pues hay muchos países que no tienen datos, no atienden el tema de los matrimonios forzados o no hacen cruces de datos porque las uniones tempranas “son vistas como algo normal. En 23 países de Latinoamérica se encontró que en más del 30 por ciento la diferencia de edad es de 4 a 9 años y en 20 por ciento es de más de 10 años”.
Por su parte, el director de la Fundación Paniamor en Costa Rica, Oscar Valverde Cerros, comentó que los matrimonios forzados prevalecen en el mundo debido a los sistemas patriarcales, es decir los sistemas controlados por hombres que consideran el cuerpo de las menores de edad como “mercancía”, imponen límites a la sexualidad femenina y las opciones reproductivas, esto tiene como fin subordinar el comportamiento y decisiones de las mujeres.
Los matrimonios forzados, dijo Valverde Cerros, llegan a ser legitimados en algunos países como tradiciones culturales y sociales, pero ninguna tradición cultural puede violar los derechos ni violentar a las mujeres, además, el marco internacional estipula que todos los países deben establecer una edad mínimo para contraer matrimonio para así brindar protección legal a la infancia contra el abuso, las prácticas nocivas, y la explotación.
En la actualidad, agregó Cerros, diversos países adoptan distintos enfoques legales con respecto al matrimonio forzado, algunos lo tipifican como delito, otros los prohíben o invalidan cuando se realiza entre personas que no cuentan con la edad mínima legal y otros más se limitan a prescribir una edad mínima sin penalizaciones, sin embargo todo ello no es suficiente para detener esta problemática, en particular se necesita un cambio cultural y mayor educación.
La educación es una poderosa estrategia, resaltó Cerros, para acabar con el matrimonio infantil y garantizar que las menores de edad puedan desarrollar su potencial, ya que cuanto más tiempo permanece una niña en la escuela es menos probable que se case ante de los 18 años y tenga hijos o hijas durante la adolescencia.
Ambos especialistas coincidieron que otro gran cambio es impulsar un cambio cultural de respeto hacia los derechos de las menores de edad para que sean consideradas como sujetas capaces de decir lo que desean o no en sus vidas, y combatir las desigualdades de género con el fin de eliminar los sistemas patriarcales.
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