Mientras la violencia contra mexicanas aumenta, sólo hay acciones para paliarla de parte del gobierno federal

Las Brujas del Mar /archivo

Por  Angélica Jocelyn Soto Espinosa/

Ciudad de México.- Sin un eje rector que dirija la política nacional en materia de prevención y atención a la violencia contra mujeres y niñas, el gobierno federal lleva 3 años de administración enlistando una serie de acciones que no han logrado disminuir la violencia, por el contrario, en este periodo, 9 mil 806 mujeres han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso.

El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es uno de los documentos más importantes de la administración federal pues contiene las acciones específicas que cada dependencia de gobierno debe realizar para atender esta problemática, y aunque debió estar listo desde 2019, de acuerdo con información obtenida vía transparencia, está detenido en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por “ajustes”.

Así, en medio de recortes presupuestales, cambio de personal en dependencias y falta de coordinación en el tema de violencia, ha transcurrido la primera mitad del sexenio que se ha enfocado más a la construcción de unidades de atención y acciones, que a combatir las causas estructurales de la violencia.

Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Elimininación de la Violencia contra las mujeres, Cimacnoticias, hizo un recuento de lo que ha sido la política de la 4T en este tema.

Si bien en lo que va de este sexenio se ha invertido 893 millones 79 mil 879 pesos para la prevención de la violencia contra las mujeres, el mayor recurso destinado a este tema desde que existe un presupuesto con perspectiva de género; monto que representa 464 millones 738 mil 2015 pesos más que lo que invirtió Enrique Peña Nieto durante los primeros tres años de su gobierno, esto no ha significado un impacto en la reducción de la violencia.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que en estos primeros tres años de gestión de Andrés Manuel López Obrador se registraron 9 mil 806 presuntos delitos de feminicidios y asesinatos dolosos de mujeres, mientras que la administración peñista cerró con 12 mil 796 , es decir, 9 mujeres y niñas asesinadas cada día, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Acciones pero ninguna estrategia

Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2018, hasta este 25 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Gobernación (Segob) había presentado en conferencia de prensa al menos tres acciones para prevenir la violencia, sin que ninguna conste en algún documento oficial ni exista aún evidencia sobre su impacto.

En el caso de la acción Puerta Violeta, anunciada por la entonces secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Segob informó a Cimacnoticias vía transparencia que no tenía facultades sobre este programa, llamado también Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por su parte, precisó también vía transparencia que para esta acción, que consiste en unidades de atención en los municipios, el gobierno federal únicamente brindó asesoría y acompañamiento a los grupos impulsores locales que han implementado las unidades en el Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, sin embargo, no tenía información específica de cada una de estas unidades.

El Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, por otra parte, fue presentado en abril de 2020 por la entonces titular de la Conavim, la maestra Candelaria Ochoa, ante el Congreso de la Unión pero no formaba una política pública y nunca derivó en un documento oficial.

Otro caso es el de la red de servicios especializados para mujeres que se llama “Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales”, presentado este enero de 2021, para el cual la Conavim dijo vía transparencia que no genera, registra, ni mantiene información al respecto.

Recortes y opacidad

Si bien la Conavim de esta administración ha gozado de más dinero que nunca en toda su historia, parte de este recurso ya etiquetado ha sufrido recortes o retenciones. A través de una solicitud de información, esta dependencia informó que a inicios del 2020 tenía un presupuesto asignado en la partida 36101 para “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, que sería utilizado para campañas de difusión.

No obstante, antes de ejecutar este recurso, Conavim recibió una notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual se le ordenó “una reducción total” al presupuesto asignado. Por esto, informó la dependencia, “finalmente no contó con recursos para campañas durante ese ejercicio fiscal”.

Aún sin dinero, Conavim difundió en redes sociales oficiales la campaña producida en el 2019 denominada: “En México los derechos humanos se ejercen”, pero, según informó la misma dependencia, se desconoce el impacto de ésta y otras acciones de difusión porque no se pudo contratar a ninguna empresa evaluadora.

Otro caso fue el recorte en julio de 2020 a las Alertas de Violencia de Género que Cimacnoticias dio a conocer y que después pretendió ser desmentido por la Presidencia de la República. Este recorte, sin embargo y de acuerdo con los oficios y entrevistas realizadas por esta agencia, sí lo mandató la SHCP pero después fue restituido al 100 por ciento.

En medio de la polémica que desató este recorte, la entonces titular de la Conavim, la maestra Candelaria Ochoa, dejó el cargo y tras dos meses sin comisionada, la dependencia quedó a cargo de la doctora Fabiola Alanís Sámano, quien a pesar de negar públicamente los recortes, admitió en entrevista pasada con esta agencia que no había sido informada sobre los documentos que demostraban la intención de recorte.

La estrategia es duplicar servicios de atención: Conavim

Entrevistada para este reportaje, la comisionada Alanis Sámano aseguró que aún sin el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el gobierno de México sí tiene una estrategia para terminar con los asesinatos de mujeres.

Esta estrategia, explicó la funcionaria, consiste en la duplicación de servicios a nivel territorial de atención para mujeres (psicológicos, jurídicos, médicos,) y en la procuración e impartición de justicia a través de mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo, las fiscalías, las fiscalías especializadas y las titulares de los Institutos de las Mujeres, para revisar caso por caso de al menos 6 delitos que ocurren contra las mujeres en las entidad y municipios.

La funcionaria destacó que este gobierno ha hecho una inversión histórica de 302 millones de pesos en tres años para la creación de Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) (lo que equivale a la inversión hecha en 10 años para estos centros).

Actualmente existen 56 Cejum que concentran servicios integrales para víctimas de violencia y atienden diariamente entre 600 y 800 mujeres en todo el país, afirmó Alanís Sámano.

Como parte de esta lista, la funcionaria también agregó que en menos de tres años se han decretado 7 Alertas de Violencia de Género, se diseñó una estrategia para evaluar los informes y hay pláticas con gobernadores y gabinetes para que implementen las recomendaciones que deriven de ellas. “Estamos haciendo un esfuerzo grande por integrar a todos los gobiernos y organismos autónomos a esta estrategia nacional”, enfatizó.

Respecto a los Cejum, el informe “Violencia en espera de atención”, que publicaron las organizaciones “Equis Justicia para las Mujeres” y el “Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres” en 2020, dio a conocer que estos limitaron su funcionamiento debido a las medidas de confinamiento por la pandemia.

Por ejemplo, testimonios de Torreón señalaron que en el número telefónico 075, instalado en paralelo al 911 con el objetivo de dar asistencia a mujeres, no respondían cuando las víctimas marcaban y en otras ocasiones no había señal, entre otras fallas en estos servicios.

Para el caso de las Alertas la propia Conavim informó que en 6 años de AVG decretadas en el país, solamente 9 por ciento de las 552 medidas recomendadas en 18 Alertas han sido cumplidas a cabalidad, el resto de las medidas evaluadas no se han cumplido o están en proceso; y 7 AVGM, con sus respectivas medidas, no han sido evaluadas.

De acuerdo con la funcionaria, esta administración ha enfocado su estrategia para la erradicación de la violencia en combatir las causas estructurales, es decir, a través de combatir la desigualdad social, la pobreza y la discriminación, además de elaborar un diagnóstico a nivel territorial que identifique el tipo de violencia que prevalece en cada zona.

Cabe recordar que en el Anexo 13 del presupuesto destinado a combatir la desigualdad se integraron los programas prioritarios de esta administración como “Sembrando Vida” o “Jóvenes construyendo el futuro”, los cuales concentran 88.63 por ciento de estos recursos pero no hay claridad de que éstos ayuden a la reducción de las desigualdades.

Alanís aseguró que, a diferencia de otras administraciones, ésta se ha centrado en ver la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres como una política integral, no como una responsabilidad de una sola institución sino como una política de Estado que involucra a los otros poderes.

Al preguntarle en qué han derivado las acciones que se han anunciado en eventos públicos explicó que, “en esencia, conceptualmente”, se refieren a las unidades locales de atención que se han creado en algunas entidades, y las cuales están en construcción, con la idea de “arrancar con mucha fuerza el siguiente año”. “Esencialmente se trata de llevar todos los servicios a todas las mujeres”, dijo la funcionaria.

La Comisionada detalló que la Conavim actualmente trabaja con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, gobiernos estatales y municipios, en un modelo de atención, erradicación, sanción y prevención de la violencia. El objetivo es que en 2024 se tenga garantizado que cada uno de los municipios que conforman el país tenga un módulo de atención.

Ausencia de estrategia nacional evita erradicación de la violencia

Para la defensora de los derechos de las mujeres y exsenadora, Angélica de la Peña, la situación de violencia contra las mujeres está peor que con Peña Nieto, pues no se ha logrado entender la importancia del trabajo en coordinación.

“Si no hay una interrelación de medidas de políticas públicas con los tres órdenes de gobierno, con coadyuvancia privada y de las organizaciones no gubernamentales, no va a tener posibilidades, sexenio tras sexenio, de que las leyes se cumplan”, detalló de la Peña.

En el anterior sexenio, dijo, se tuvieron muchas dificultades para que el gobierno federal entendiera la importancia de que en el Plan Nacional de Desarrollo se escribiera todo un capítulo dedicado a la perspectiva de género y reconocer explícitamente las dificultades que enfrentan las mujeres de todas las edades y todas las condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos.

No obstante, a pesar de las reformas y las recomendaciones por parte de organismos internacionales para atender en particular la violencia contra las mujeres, a tres años del gobierno López Obrador estamos peor, aseveró.

Esto se debe, explicó, a la ausencia de una política federal de prevención de la violencia y a la falta de coordinación interinstitucional.

De acuerdo con la exsenadora, la formulación de leyes y la definición de la violencia no es suficiente para la erradicación de la violencia sino que se necesitan políticas públicas que operen la ley y que haga que éstas se cumplan en coordinación y articulación con todo el Estado.

“Conavim no va a resolver de ninguna manera, aún cuando tenga más presupuesto de lo que ha recibido en los últimos nueve años si no trabaja hacia abajo, porque el feminicidio, tipificado del fuero común, ocurre en las entidades federativas”, detalló la defensora, quien destacó que ésta es una dependencia sin funciones de autoridad frente a los gobiernos.

De la Peña criticó que haber disminuido el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y destinar gran parte del dinero para materia de seguridad en la Guardia Nacional y no en los municipios, ha sido otro error de esta administración que repercute en la vida y la libertad de las mujeres.

De acuerdo con la feminista, lo primero que debe hacer este gobierno es entender que la política pública es fundamental para garantizar la aplicación de la ley. “La Ley puede ser muy buena, muy bien hecha, muy bien definida en la armonización de los tratados internacionales; sin embargo, si lo que tiene que corresponder, que es la parte objetiva, la política pública, no existe o es minúscula, o es una cosita por ahí, al final la ley va a fracasar. Se evidencia con los datos” dijo.

Detalló que debe entenderse que en México es muy grave el centralismo, y que aún cuando se tenga muy bien definido los asuntos del ámbito local y la federación, en el caso de los Derechos Humanos, y más de las mujeres y las niñas, se debe tener una sola política que articule la federación con las entidades y los municipios.

Finalmente, dijo, se deben crear  modelos de atención, modelos de prevención, modelos de sanción y modelos de erradicación; esos modelos deben interrelacionarse dialécticamente y aplicar la ley a través de la política pública.

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