Por José Mirón/
Durante décadas de lucha de la izquierda mexicana, varios de sus integrantes, simpatizantes y movimientos organizados, fueron víctimas de represión, acoso judicial, linchamientos mediáticos, agresiones físicas, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
A consecuencia de guerras sucias como la emprendida en el transcurso de los años sesenta y setenta, encabezada por la temible Dirección Federal de Seguridad, el ejército y policías locales y federales; y como una demanda histórica de la izquierda mexicana, el gobierno federal creó a finales del año pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, como un compromiso con los familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Pero parece que esos tiempos no han quedado atrás, cuando parecía que el autoritarismo radical del viejo régimen se desmontaba con la 4T, a tres años de la “transformación” un grupo de 30 senadoras y senadores de Morena buscan bloquear a la comisión especial que se creó en el Senado de la República para indagar el clima gubernamental hostil que se vive en el estado de Veracruz, para evitar que se investigue y sancione a los funcionarios que están actuando de forma ilegal y represiva en contra de la población civil, adversarios políticos y organizaciones civiles y sindicales.
De prosperar esta intentona, quedarán impunes más de 70 casos de injusticia que ya han sido presentados ante esta comisión legislativa, la cual tendrá que ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores en febrero próximo, al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones.
Entre ellos destacan la denuncia de un grupo de maestros y maestras a quienes sin explicación alguna se les ha detenido su salario, o se les ha pagado de forma irregular, del cual no sólo viven ellos y ellas, sino sus hijas e hijos. En los expedientes presentados ante la Comisión Especial existen documentos en los que constan las demandas recurrentes de los docentes ante las autoridades locales correspondientes, de las que no han obtenido respuestas.
También está el caso de unos hermanos, quienes, al estar delimitando su terreno fueron detenidos por la policía estatal, acusados de ultrajes a la autoridad. Cabe mencionar que en los expedientes se menciona a una empresa cementera que utiliza de forma ilegal parte de la propiedad de los dos hermanos, para que sus empleados accedan a la parte trasera de dicha compañía a fin de extraer la materia prima con la cual trabajan. A pesar de que se cuenta con una resolución por parte de un juez en donde se determina que dicho terreno no es un camino de uso público, el consorcio y las autoridades decidieron pisotear los derechos de la familia.
Asimismo, campesinos de los pueblos de los Naranjos, Municipio de Tres Valles, que al solicitar el reencarpetamiento de la carreta, obtuvieron como respuesta por parte del Gobierno de Veracruz, el envío de 15 patrullas que los desalojaron de su campamento y los acusaron del delito preferido por las autoridades locales: ultrajes a la autoridad. El problema no es menor ya que el derecho a la vivienda es un derecho humano, el cual, en este caso, ha quedado al libre albedrío de la autoridad.
La iniciativa de estos 30 senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena se vislumbra como una clara muestra de la incongruencia política y de principios que guían el actuar y la simulación con la que se mueven dichos legisladores. Hoy, a unos días de que se celebre la reunión que buscan impedir la creación de la comisión, tocaría hacer un pase de lista y ver que senadores de ser defensores a ultranza de las violaciones a los derechos humanos, ahora, ya con el poder político, buscan invisibilizar los abusos de autoridad y la represión en que incurre uno de sus gobernadores.
La izquierda mexicana siempre ha pedido esclarecer y sancionar los actos de represión que se han presentado. Recordamos la indignación y las demandas de justicia que han expresado diversos grupos de la “izquierda” mexicana ante incontables injusticias pero que ahora cierran los ojos ante diversas denuncias por abusos de autoridad y represión que se están viviendo en el estado de Veracruz, que es gobernado por el morenista Cuitláhuac García.
El senado le ha dado voz a la víctimas, que salgan a las luz a exponer su casi y contra eso no se les puede dar la espalda. El tema no es del Río o el tema político de la JUCOPO sino esas personas que están esperanzadas en los buenos oficios.
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