Manuela V. Carmona
Orizaba, Ver. 02 de Marzo 2022.- A pesar de no contar con la razón jurídica para sostener una reforma que derivara en una revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del delito de ultrajes establecido en Veracruz, la legalidad y la justicia se impusieron, celebraron abogados de la región centro del estado.
“El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón, una razón jurídica que las autoridades ejecutivas no tuvieron nunca y que hasta ese momento les sirvió de sustento para perseguir y encarcelar a cientos de veracruzanos”.
En rueda de prensa, los litigantes dijeron que con esta acción se refrenda la confianza en las leyes del país, luego de los múltiples señalamientos que hicieran al gobernador sobre las violaciones a la libertad de expresión y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad que en esta ley había, por lo que no sólo fueron ignorados, sino también señalados.
De acuerdo con Dulce María Romero Aquino, presidenta del Foro Metropolitano de Abogados; María Teresa Samano, secretaria del Foro, y Roberto Montes Silva, presidente de la Barra de Abogados. “De forma estrictamente jurídica, fundamentados en el artículo 8° constitucional y siempre de manera respetuosa, los abogados veracruzanos intentamos en diversas ocasiones reunirnos con el Gobernador del Estado para explicar de manera objetiva la forma en la que el multicitado delito se estaba utilizando por parte de policías y fiscales para detener y procesar a ciudadanos inocentes con la anuencia del Poder Judicial del Estado, tal como aconteció en el caso de 6 jóvenes detenidos por ultrajes a la autoridad en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y que derivo en la recomendación 146/2021 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Los abogados integrantes de Colegios, Federaciones, Asociaciones, Círculos y Barra de Abogados, señalaron que al gobernador no le debería sorprender el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en varias ocasiones señalaron las violaciones a la libertad de expresión y el principio de legalidad pero fueron ignorados. “La respuesta que recibimos fue un señalamiento denostativo en el que se nos acusó indebidamente de querer enriquecernos al aprovechar la derogación del tipo penal para defender a delincuentes».
Reconocieron que esta pifia del Congreso del Estado hace ver qué quiénes hoy están ahí, lo mismo que los anteriores a ellos, solo aprovechan la mayoría parlamentaria que han logrado con el voto de la población, no para defender los intereses de ésta, sino en favor del poder en turno, pues si bien los diputados pueden no saber de leyes, tienen obligación de asesorarse.
“Como hombres y mujeres de leyes que somos, la declaración de invalidez del delito de ultrajes a la autoridad refrenda en nosotros la confianza inquebrantable de que tarde o temprano la legalidad y la justicia terminan por imponerse, y que para una sociedad que se precie de vivir en un estado democrático de derecho, lo mejor que puede suceder es que sus ciudadanos vivan con la confianza de que sus autoridades serán las primeras en respetar todo lo que esté a su alcance para que la vida, la libertad y la dignidad se reconozcan como los valores más preciados de los seres humanos”.
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