CDMX.- La Red Nacional de Periodistas (mujeres) emitió este lunes un pronunciamiento enérgico dirigido a los tres poderes de México en donde entre otras exigencias es la de justicia para las tres periodistas asesinadas Norma Sarabia (Tabasco), María Elena Ferral (Veracruz) y Lourdes Maldonado (Tijuana); así mismo evidencian las situaciones por demás difíciles en que las mujeres realizan la labor de informar sin prestaciones de ley y que con la pandemia de COVID-19 se han agudizado.
El pronunciamiento está respaldado por las periodistas integrantes de la Red de todo el país quienes también efectuarán movilizaciones en sus estados y harán público el siguiente pronunciamiento:
¡Las Periodistas Buscamos Justicia Ya!
Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador
A las y los gobernadores de las diferentes entidades de la República Mexicana
A las y los legisladores del Congreso de la Unión
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A las autoridades competentes en materia de defensa del ejercicio de la libertad de Expresión.
A las y los mexicanos:
Las integrantes de la Red Nacional de Periodistas (RNP) desde hace más de dos décadas trabajamos para que los medios de comunicación tengan en su agenda los derechos humanos de las mujeres. Desde este espacio, que hemos construido entre todas, nos acompañamos y trabajamos por ejercer nuestra labor de manera libre y sin violencia.
En el contexto del día internacional de la mujer, queremos hacer visible la situación en las que las mujeres periodistas de México estamos ejerciendo nuestro trabajo.
Las mujeres periodistas en México constatamos a diario los múltiples tipos de agresiones, amenazas y riesgos que a lo largo y ancho del país se ciernen en contra de nosotras en el desempeño de nuestro trabajo, de nuestro derecho a informar, y de ejercer ambos de manera segura y sin riesgo para nuestra integridad, seguridad física, emocional, económica y de nuestras familias.
En lo que va del actual gobierno federal, tres mujeres periodistas de larga trayectoria y reconocidas por su trabajo en las localidades donde lo ejercieron fueron asesinadas:
Norma Sarabia Garduza, asesinada el 11 de junio de 2019 en Huamanguillo, Tabasco; María Elena Ferral Hernández, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz y María de Lourdes Maldonado López, asesinada el 23 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California. En los dos últimos casos, como se sabe, María Elena y Lourdes habían hecho del conocimiento de distintas autoridades estatales y federales amenazas y situaciones de riesgo, sin que se lograra prevenir sus muertes.
La RNP y la organización Comunicación e Información de la Mujer hemos documentado todo tipo de incidentes que vulneran el trabajo, la vida personal, la integridad física o emocional de mujeres periodistas en prácticamente todos los 32 estados del país; 661 agresiones están registradas de diciembre de 2018 a la fecha, de tipo físico, laboral, digital, amenazas, etcétera.
Las difíciles condiciones para el periodismo mexicano se han recrudecido en las últimas dos décadas. Y frente al actual gobierno federal, exigimos medidas concretas, compromiso de los diversos niveles de autoridad, trabajo diligente y con resultados palpables, particularmente de las responsables de la procuración y la impartición de justicia, es decir, las fiscalías y los poderes judiciales de los estados y federales. Porque está demostrado que el mensaje que manda la impunidad es contundente para abrir las puertas a cualquier agresión.
Como señaló el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, un ataque contra un periodista es “un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia”.
La violencia contra periodistas compromete los derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión.
Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares. En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza estos derechos en los artículos 4, 5, 8, 13 y 25.
Las mujeres periodistas en México también enfrentamos desigualdad salarial, acoso laboral y sexual, sumado al alto riesgo que implica nuestra labor en un país donde el informar, ejercer la libertad de expresión y mostrar el uso indebido del ejercicio del poder, puede costar la vida.
Es cada vez más frecuente carecer de un contrato por escrito que establezca la relación laboral con las empresas, las prestaciones sociales son nulas y se trabaja sin acceso a servicios de salud, vivienda, o guarderías y eso también es violencia, de la que poco se habla.
Dueños de medios de comunicación en el discurso de optimizar recursos por escasez de ingresos como efectos la pandemia Covid-19, reducen la cantidad de personal y elevan la carga laboral sin incrementar los sueldos.
Debemos dejar de ver el ejercicio periodístico como sinónimo de precariedad, de penurias y violencia.
Por ello, exigimos a autoridades y dueños y directivos de medios de comunicación impulsar las acciones para garantizar contrataciones dentro de los marcos legales, contar con seguros de riesgos, acceso a prestaciones, horarios como marca la Ley y pago de horas extras, aplicando la perspectiva de género.
En el marco de la iniciativa para una Ley general de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que impulsa el gobierno federal, demandamos que con toda seriedad se abra el diálogo directo, se escuche e incorporen las propuestas y demandas que las mujeres periodistas tenemos para que el nuevo ordenamiento cuente con una verdadera perspectiva de género y se base en las condiciones reales en que desempeñamos nuestro trabajo, en el origen de las agresiones, el perfil de los agresores y en los resultados de la procuración e impartición de justicia frente en los casos denunciados.
Hoy más que nunca exigimos de las autoridades al más alto nivel de la república un sentido amplio de responsabilidad para reconocer la función social del periodismo y su aportación a la vida democrática del país, sin menoscabo del respeto a la crítica y a la libre opinión. Esto es lo que compete a un Estado plural, respetuoso de los derechos humanos y las garantías de toda persona y, en nuestro caso, de las periodistas.
¡Nos queremos libres, nos queremos vivas y nos queremos informando!
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