Por Homero Campa/
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas, pero para tener una idea, en este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos —han sido asesinados—, y de esos cinco mil, cinco periodistas”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en “la mañanera” del viernes 11 en referencia a la resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia que sufren los periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
En efecto, la comparación es muy mala. Y lo es debido a que desde esa óptica es fácil caer en preguntas como estas: ¿Por qué tanto escándalo por cinco periodistas muertos en comparación con los 5 mil ciudadanos que han sido asesinados? ¿Por qué los casos de esos cinco periodistas deben tener atención especial respecto de los demás? ¿Acaso esos cinco muertos valen más que el resto? ¿Por qué exigen tal privilegio?
La narrativa que minimiza la muerte de periodistas –a la que se desliza peligrosamente el discurso de AMLO— encierra una trampa: desconocer lo que los periodistas representan y lo que el periodismo significa.
Me explico:
Cuando un periodista pierde la vida o es agredido por un robo, un crimen pasional o una venganza personal, el trato que debe recibir es similar al del resto de los ciudadanos. Pero si el ataque en su contra es motivado por su trabajo, entonces se atenta contra principios básicos de una democracia: el derecho a la información y la libertad de expresión. Estos valores éticos subyacen en el ejercicio de este oficio nuestro y es debido a ello que es muy grave atentar contra los periodistas.
En función de lo que hacen, los periodistas son constructores de democracia. Las agresiones en su contra trascienden a sus personas y se extienden a instituciones y a la sociedad toda. Tan grave es atentar contra los periodistas, como lo es –o debería ser—atentar contra un juez o un defensor de los derechos humanos, o un defensor del medio ambiente. Todos ellos entran en la categoría de personas que el Estado debe afanarse en proporcionar un marco de seguridad para que realicen su trabajo.
En la misma “mañanera” del viernes 11, López Obrador agregó que las muertes de periodistas “no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos, como era antes”.
Pero no hay forma de deslindar al Estado de la situación que padecen los periodistas. Primero porque el 37% de las agresiones contra los colegas provienen de funcionarios públicos municipales, estatales o federales, según ha documentado la organización Artículo 19; segundo, porque en muchos casos, los autores materiales de los asesinatos y atentados están vinculados de algún modo con autoridades locales; y tercero, aún si no hubiera ninguna relación entre criminales y funcionarios, la ausencia de seguridad para los periodistas en activo y de justicia para los agredidos o asesinados sí es una responsabilidad que le atañe al Estado.
No es la primera vez que alguna institución europea o internacional expresa su preocupación por la situación que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en México. Los han hecho en repetidas ocasiones en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, así como en los informes de los relatores de la ONU en materia de libertad de expresión y en los comunicados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Al suscribir tratados internacionales en este rubro y ser miembros de organismos internacionales, el país y su gobierno –cualquiera que sea su signo— están sujeto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, libertad de expresión y prácticas democráticas. No hay que olvidarlo: tenemos con la Unión Europea un acuerdo comercial que incluye una “cláusula democrática” a cuyo cumplimiento el país se comprometió… ¿o López Obrador la va a desconocer con el argumento que la firmó un gobierno neoliberal?.
El “comunicado del gobierno de la República” redactado por el propio AMLO no es un documento que haya transitado los canales diplomático habituales. De hecho, el presidente se saltó a su canciller Marcelo Ebrard para redactarlo y difundirlo. Se trata de un texto mediático que parece más destinado al consumo interno que al exterior… Pero en el ámbito internacional las palabras tienen peso y las formas y los tonos importan. El presidente puede perfectamente fijar la posición de su gobierno sin recurrir a la rijosidad o a la majadería. Cuando el mensaje es agresivo, cargado de calificativos insultantes, se inhibe el diálogo y el remitente termina aislado: muy pocos quedrán “juntarse” con el “impresentable del barrio”…
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