CIUDAD DE MÉXICO.- (apro).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló de manera definitiva la orden de aprehensión que una jueza penal había girado en contra de Laura Morán Servín, excuñada del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por el supuesto homicidio en grado de omisión en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.
Por unanimidad de votos, el pleno de la Corte también resolvió otorgar un amparo liso y llano por considerar que no se acreditó el cuerpo del delito en contra de la excuñada de Federico Gertz.
En este momento, la Suprema Corte discute el amparo que otorgaría la libertad inmediata a Alejandra Guadalupe Castillo Morán, hija de Laura Morán, y la cancelación del proceso penal en su contra por este mismo delito, derivado de que se la acusaba de ser “garante accesoria” de la salud y la vida de quien fuera su padrastro, Federico Gertz Manero.
El ministro Luis María Aguilar Morales advirtió que no existían elementos de prueba -ni siquiera en grado mínimo- para acreditar que ambas mujeres cometieron un delito, ya que se acreditó durante el juicio penal que Laura Morán, en su calidad de cónyuge, contrató servicios médicos especializados para atender el deterioro de salud de su ex pareja, contrario a lo que argumentaba la Fiscalía Capitalina, en el sentido de que le negó cuidados especializados a Federico Gertz Manero.
Al sustentar su voto a favor de Laura Morán, el ministro Aguilar Morales también estimó que debido a la avanzada edad de la ex concubina de Federico Gertz, la contratación de personal sanitario especializado para la atención del hermano del Fiscal, demuestra que ella hizo lo posible para atender a su ex pareja, sin que se pueda acreditar que haya cometido algún tipo de omisión por no llevarlo al hospital.
La ministra Loretta Ortiz sorprendió con su voto a favor, por considerar que el proceso penal contra Morán estuvo plagado de estereotipos de género, en el cual se impone a las personas del sexo femenino el papel de cuidadoras dentro de un ámbito familiar, sin tomar en cuenta que los hombres de un núcleo familiar tienen la misma obligación con las personas dentro de su propia familia.
A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara propuso a la Suprema Corte reconocer que Laura Morán y Alejandra Cuevas fueron víctimas de una violación a sus derechos humanos por parte de la Fiscalía Capitalina, con el propósito de que se les reconozca el papel de víctimas y de esta forma puedan reclamar al Estado una reparación del daño por concepto de la violación de sus derechos.
Al momento de su intervención, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, negó que se haya dado una intervención ilegal en este caso por parte de una persona ajena al Poder Judicial de la Federación y resaltó que gracias a que ocho ministros decidieron ejercer su facultad de atracción sobre los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, el expediente del asunto se resolvió en tan sólo cuatro meses, en lugar de tardarse varios años en caso de que el asunto se hubiera resuelto los tribunales ordinarios de carácter local.
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