Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa/
Ciudad de México.- Al participar en el tercer día de la Conferencia Mujer y Seguridad, que organizó la Embajada de los Estados Unidos en México, madres de víctimas de feminicidio, defensoras y autoridades federales reflexionaron sobre los faltantes para procurar una justicia con perspectiva feminista y erradicar la violencia contra las mujeres.
En el foro, moderado por la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanis, las defensoras y madres de víctimas de feminicidio, Irinea Buendía y Norma Andrade, reflexionaron que si bien los asesinatos de sus hijas (uno en el Estado de México y otro en Chihuahua) se convirtieron en casos emblemáticos de violencia contra las mujeres que derivaron en protocolos y sentencias para investigar y juzgar con perspectiva de género, esto no ha garantizado que ellas hayan alcanzado la justicia ni que las instituciones atiendan a las víctimas.
Por ejemplo, Irinea Buendia, madre de Mariana Lima (cuyo feminicidio ocurrido en 2010 y que logró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio), explicó que a siete años de que se ordenó reabrir la investigación por el caso de su hija, el asesino no ha sido sentenciado, por el contrario, no ha existido la debida diligencia: les han cambiado 9 veces de jueces y las audiencias se han diferido hasta alargar el proceso por varios años.
Buendía dijo que esta simulación por parte de las autoridades busca dejar impune a los asesinatos de mujeres. Buendía también se dijo agraviada por la SCJN, quien en la última actualización de noviembre de 2020 que hizo al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género omitió mencionar la sentencia que llevó a la elaboración de este instrumento y que lleva el nombre de su hija Mariana Lima.
Por estos hechos, la defensora dijo que en junio de 2021 presentó una inconformidad ante la Suprema Corte que hasta el día de hoy no ha sido respondida. Esto representa no sólo un “error jurídico”, dijo Buendía, sino que también es injusto porque las y los jueces que revisen ese protocolo no contarán con la información para analizar otros casos semejantes, además de que las invisibiliza. “Nos revictimiza y borra de un plumazo años de lucha de muchas personas, no solo mía (…) Yo no vengo aquí con gusto, vengo con dolor porque me quitaron un pedazo de mi vida”, dijo.
Al respecto de esta denuncia, la ministra de la SCJN, Yazmín Esquivel Mossa –también presente en el evento– se comprometió con Irinea Buendía a revisar el caso con las personas encargadas de la actualización del Protocolo a fin de que reintegren la sentencia Mariana Lima.
La ministra reflexionó sobre este caso que si a pesar de ser “emblemático” sigue impune, qué pasará con los otros que no son tan visibles; y advirtió que si bien se ha conseguido desarrollar protocolos especializados, reformas legislativas y personal capacitado y comprometido al frente de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, es muy poco lo que se ha avanzado en el acceso a la justicia y la erradicación de la violencia.
Esto es así, observó Esquivel Mossa, porque no existe ni capacitación ni criterios homogéneos entre la policía, los Ministerios Públicos y las y los operadores de justicia. “Nos hace falta coordinación, capacitación, homogeneizar los criterios para que todos tengamos exactamente las mismas visiones, capacitaciones, criterios de aplicación y podamos avanzar. El resultado es la impunidad, detalló.
Por su parte, Norma Andrade, madre de Alejandra, asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló que si bien en esa época México llamó la atención internacional por la desaparición y asesinato de mujeres en la frontera norte del país, en ninguno de los tres casos que motivaron la sentencia “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha habido detenidos.
La también defensora y fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” lamentó que si bien aún ahora hay infraestructura, leyes y protocolos para la atención de las víctimas, las mujeres siguen desapareciendo y luego son encontradas asesinadas. Cuando las madres denuncian la desaparición de sus hijas, dijo, las autoridades dicen aún en 2022 lo mismo que hace 11 años que desapareció su hija: se fue con el novio, espere que regrese o vaya a buscarla. Andrade aprovechó el foro para advertir también que además de la revictimización que viven a manos de las autoridades, las madres de víctimas enfrentan riesgos y amenazas a su vida por su exigencia de justicia.
Al respecto, la abogada feminista Karla Micheel Salas coincidió en que la justicia es un derecho del cual la mujeres y las niñas no gozan plenamente en este país y recordó que Norma ha esperado por más de dos décadas justicia para su hija Lilia Alejandra pero, además, para que otras mujeres no vivan lo que ellas.
Salas refirió que las instituciones tienen una gran deuda con las mujeres al no garantizarles un acceso pleno a la justicia, y recordó que México acumula ya 11 sentencias de la CoIDH, seis de las cuales están relacionadas con la violencia contra las mujeres, ya sea por feminicidio, desaparición o violencia sexual, lo que es un indicador de que las mujeres no reciben justicia.
Frente a este panorama, la abogada pidió avanzar hacia una justicia especializada, es decir, eliminar la idea de la justicia penal y familiar, además de no centrar la política en materia de violencia contra las mujeres en el feminicidio, sino hacer una política más integral que prevenga particularmente la violencia familiar, que dijo, es el delito más común, menos visible y más menospreciado.
En esto último coincidió la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien refirió que la violencia familiar es la denuncia más frecuente en la capital del país.
La funcionaria señaló que desde su ámbito se ha buscado mayor especialización en la atención de las mujeres pero que aún persisten los retos de homologar los instrumentos para la detección de riesgos de muerte en las mujeres en Centros de Justicia y alcaldías, capacitar al personal, perfeccionar la investigación del delito de feminicidio en la CDMX, y actualizar protocolos.
En 2021, un total de 111 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, 166 de homicidio doloso, y más de 3 mil 250 de lesiones dolosas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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