Ciudad de México. (Aristegui Noticias). Servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México, advirtió el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en sus hallazgos publicados este martes.
“Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subrayó.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, señaló.
Además, encontró que la “alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas” fue facilitada por la “impunidad casi absoluta”. Hasta noviembre del año pasado, solo entre el 2%y el 6% de los casos, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo.
En noviembre de 2021 una delegación del Comité sobre Desapariciones Forzadas visitó México. Durante su estancia en el país viajó a 13 entidades federativas y sostuvo más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
La delegación acompañó exhumaciones y jornadas de búsqueda. Además, visitó el Centro Regional de Identificación Humana, así como centros de privación de libertad. Tuvo 48 reuniones con más de 80 autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Tras su visita, el Comité realizó un informe que detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
Al 26 de noviembre, contabilizó que había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidasen el país. A ellas, se agregaron 112 desapariciones durante suvisita. Además, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
Frente a esto expresó una“profunda preocupación” por la crisis forense del país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Además, el Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
Durante la presentación del informe, la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, detalló que es una situación generalizada, que ha tenido un crecimiento exponencial entre el 2006 al 2021, ya que 98% del total de desapariciones ocurrieron en dicho periodo.
Advirtió que un alto número de desapariciones no son denunciadas debido a la actitud de las autoridades. Además, recalcó que el Estado es responsable cuando no adopta medidas necesarias para erradicar las desapariciones o encontrar a los responsables, así como cuando no buscan a las personas desaparecidas.
Por último, reiteró que debe abandonarse el enfoque de militarización de la seguridad pública, el cual “ha sido insuficiente e inadecuado en lo que ataña a la protección de los Derechos Humanos”.
Según la presidenta, las reformas normativas recientes permiten la utilización extensiva de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública.
En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
Asimismo, hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.
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