Xalapa, Ver., 14 de Abril del 2022.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, afirmó que el organismo no puede interceder por los detenidos por ultrajes a la autoridad que no han sido liberados.
Al respecto, dijo que pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 332 del Código Penal para el Estado de Veracruz que deroga la norma legal por ser violatoria de derechos humanos no es posible la intervención del organismo a su cargo por aquellos que están en cárceles.
En ese sentido, dijo que los actos de los jueces no son competencia del ente que representa pues su competencia es administrativa.
“Los actos de los jueces no son materia del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por disposición expresa de la Ley. Ningún acto o valoración de algún órgano jurisdiccional es competencia de la Comisión”, sostuvo.
En enero de este año, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, informó que de marzo del 2021 –que se aprobaron reformas al delito de ultrajes– a esa fecha tenía registrado 31 quejas por violaciones a derechos humanos en detenciones relacionadas por el delito de abusos de autoridad.
La titular de la CEDH aseveró que la institución que representa no “guardó silencio institucional” ante la reforma al Código Penal que sanciona el delito de ultrajes a la autoridad e informó que el 12 de abril del 2021 presentó una acción de inconstitucionalidad contra del delito de ultrajes a la autoridad, reformado mediante el decreto 848 publicado el 11 de marzo del 2021.
Cabe recordar que el mes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad por violar el principio de taxatividad.
La SCJN declaró además el efecto retroactivo a favor de todos los procesados por este delito en Veracruz desde el 12 de marzo de 2021, fecha en que entró en vigor la reforma que aumentó las penas de este tipo penal, sin embargo, los jueces de control se han negado a sobreseer los procesos en contra de decenas de personas acusadas de este delito.
Lo anterior bajo el argumento de que la declaratoria no puede cobrar vigencia pues no ha sido publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
piche vieja hipocrita y miedosa, pues claro tiene que defender la chuleta , sino a la calle por inepta ,