El combate a la corrupción: de arriba… ¿hacia abajo?

Alejandro Svarch recién nombrado titular de COFEPRIS
- en Foro libre
Ricardo V. Santes Álvarez
La corrupción es una práctica que favorece a individuos o grupos respecto de algo que debiera beneficiar a la mayoría. No es exclusiva del sector público, pero cuando ahí se gesta ocasiona tremendo daño. Desde una perspectiva estructural-institucional, la corrupción es producto del desaseo en las esferas de poder; por ello, de tiempo atrás en foros internacionales surgieron llamados para terminarla, combatiendo a su inseparable: la impunidad. En 1996, la OEA advirtió que los Estados deben erradicar la impunidad impidiendo el soborno de funcionarios nacionales y extranjeros. En 1997, la OECD conminó a los gobiernos a prevenir el soborno por parte de individuos y organizaciones empresariales en las transacciones internacionales; advirtió del cohecho y la complicidad de funcionarios extranjeros. Asimismo, en 2003 la ONU acordó que los casos de corrupción impactan los recursos y amenazan la estabilidad de los Estados y que el enriquecimiento personal ilícito es nocivo para la democracia, la economía y el imperio de la ley. El impulso de reformas, la vigilancia social, y la colaboración internacional son estrategias para enfrentar el fenómeno, que es complejo porque aglutina mañas como ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, soborno en los sectores público y privado, soborno a funcionarios extranjeros, peculado, y enriquecimiento ilícito, los cuales en las leyes mexicanas se tipifican como delitos.
Las relaciones corruptas entre actores privados y públicos nutren acomodos favorables a objetivos de mafias políticas y económicas, y construyen entramados institucionales desde posiciones autoritarias; la consecuencia última es la captura de los Estados. Según Vito Tanzi, en su oportunidad director de asuntos fiscales del Fondo Monetario Internacional, tales alianzas son directas e indirectas; en el primer grupo, refiere a las que demandan prácticas corruptas: (1) Regulaciones y Autorizaciones que posibilitan poder monopólico en funcionarios; (2) Impuestos que descansan en regulaciones opacas; (3) Decisiones sobre Gasto Público que consuman corruptelas en proyectos de inversión; (4) Provisión de Bienes y Servicios por los que los usuarios pagan sobornos, incluso a precios por debajo del mercado; y (5) Financiamiento de Partidos Políticos que obtienen dinero más allá del “controlado”. En el segundo grupo, describe a los que ofertan actos corruptos: (1) Tradición Burocrática que ignora criterios de mérito en los procesos de reclutamiento y promoción; (2) Nivel de Ingresos en el sector público que supone falsamente que a mayor salario menor corrupción; (3) Sistema de Penalizaciones que supone falsamente que a mayor rigor en las penas menor corrupción; (4) Control Institucional que apenas revela “voluntad política” para atender el problema; (5) Opacidad en vez de transparencia de las normas; y (6) Liderazgos con Actitudes Sesgadas promotoras de corrupción. Algunos de esos factores poseen más peso que otros según los contextos; por ello, la corrupción es una idea “sombrilla” de un número de irregularidades. De ahí la importancia de ponderar casos concretos que orienten el rumbo de propuestas de políticas y quehacer gubernamental hacia una mejora de la vida institucional, como vía adecuada para combatir el fenómeno.
El pasado 7 de junio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en voz de su titular, Alejandro Svarch, anunció el desmantelamiento de estructuras de corrupción que operaban en esa agencia, y la destitución de 32 funcionarios deshonestos (titulares de unidades administrativas, dictaminadoras y verificadoras). Refirió tres «sótanos de la corrupción» que permearon esa instancia y expuso medidas para exterminarlos; aseverando, como lo hace el presidente de la República, que “las escaleras se limpian de arriba hacia abajo”. El caso ilustra los esfuerzos del gobierno federal para combatir la corrupción; desafortunadamente no puede decirse lo mismo del quehacer público en estados y municipios, en muchos de los cuales las prácticas perniciosas en el servicio público continúan tan campantes como siempre. Ojalá el buen ejemplo cunda.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *