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El trato digno a trabajadores estatales de la educación pudiera ser uno de los objetivos de la próxima administración de gobierno en Veracruz. Corresponde a la virtual gobernadora electa Rocío Nahle devolver confianza y respeto a trabajadores en número aproximado de 80 mil docentes, administrativos y personal de apoyo en labores educativas estatales.
Si el Instituto de Pensiones del Estado, con Daniela Griego en la Dirección, logró desempeño óptimo, duplicó su Reserva Técnica logrando 2 mil 488 millones de pesos y redituó beneficios para 133 mil derechohabientes entre activos, jubilados y pensionados, gracias a inteligentes estrategias financieras, transparencia y manejo pulcro de la Institución ¿por qué el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz SSTEEV no tiene los mismos resultados, en su proporción?
El motivo podría ser incapacidad, perversión, abuso y quizá turbios manejos en todas las áreas; quizá el uso patrimonialista y politiquero de los recursos humanos y económicos en favor de la agrupación “Unidos Todos” que tiene convertido al SSTEEV de oficinas centrales en “Cueva de parientes y recomendados”.
El SSTEEV, organismo público gremial magisterial está conformado por alrededor de 80 mil derechohabientes aglomerados en 55 Sindicatos magisteriales estatales (dato impreciso, se manejan oficialmente en la opacidad), funciona desde hace 80 años con recursos privados provenientes de la nómina de los trabajadores, el Gobierno del Estado y la Federación NO aportan recursos, sin embargo es regido por la Ley 4 del SSTEEV, por mandato de esa Ley derivada desde el año 1944 es que el gobernador (a) nombra al Director-Gerente y a los miembros del Consejo de Administración.
Por lo anterior, reviste importancia mayor la decisión de la virtual Empoderada Ejecutiva de Veracruz respecto del SSTEEV pues determinará el uso y destino de parte del Patrimonio de 80 mil familias de profesores estatales sin dejar de mencionar a 8 mil trabajadores de la Universidad Veracruzana quienes también cotizan.
Situados en esa realidad y ya con los equipos de transición de gobierno en marcha, la ingeniera Nahle tendría la oportunidad de tratar como lo merece el gremio magisterial estatal, propietario del “Seguro Magisterial” como también se le conoce al SSTEEV. (Cuando Cuitláhuac llegó al poder ni sabía que existía, se enteró tres meses después concesionándoselo a Eleazar).
Desde hace meses personal de la Contraloría General del Estado, atisba, coteja, investiga, ¿borronea, sustituye, altera, cuadra?, archivos impresos, fotográficos y electrónicos que le llevarán ineludiblemente a conclusiones que entregarán a su jefe superior actual y/o al próximo. En la compulsa, dicen, “aparecerá el peine” por pálido desarrollo, dudoso beneficio financiero y discutible avance de servicios en el Seguro Magisterial, cuya actuación es considerada ya en estas fechas la peor y nociva administración en la vida de la noble institución nacida en 1944 en plena segunda Guerra Mundial.
Pero no soslayar que ese equipo investigador también husmea, o debería hacerlo, en las manipulables memorias digitales, nóminas confidenciales, venta de parque vehicular, compra de uniformes, ganancias en empresas productivas como las Farmacias del Magisterio, renta de edificios, alquiler de vehículos de empresa OFIR y otras, estacionamientos, materiales de obra civil, impermeabilización, costo de eventos, gastos de representación, liquidaciones por juicios perdidos en el Tribunal de Conciliación debido a despidos ilegales e injustificados para acomodar a parientes y recomendados.
“Cueva de parientes y recomendados” motejan a oficinas de Plaza Morelos 43 en Xalapa, quizá porque allí se concentra entre otros (comprobable), parentela y favoritos (as) del gobernador Cuitláhuac, de sus hermanos Canek y Yoloxóchitl, del primo Eleazar, a la vez primo del mismo gerente Francisco manipulador de genuflexos paisanos. ¿Nombres? Sí, por supuesto. ¿A quién?
Correspondería al servidor público Ramón Santos Navarro, recién nombrado para ocupar la Contraloría General en diciembre, determinar una pulcra y transparente Auditoría Financiera poniendo énfasis en el manejo del Fondo de Beneficios Complementarios FBC y en el destino de la Reserva Técnica.
Un despacho externo sería idóneo y a las finanzas del Estado no le costaría ya que sería pagada con dinero privado de los trabajadores de educación estatal quienes merecen ser informados del uso legal y adecuado de su dinero con sus ganancias. Como lo hizo magistralmente Daniela Griego en el IPE.
Lo anterior proyectaría mensaje de confianza, transparencia, honorabilidad y respeto desde la posición de la virtual gobernadora electa Rocío Nahle.
(Lo plasmado en Verba Brava es responsabilidad de quien lo redacta, la Casa Editorial no influye ni participa del criterio expuesto. [email protected])
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